Por 25 votos a favor y el voto en contra del senador Carlos Kuschel, el Senado dio el visto bueno al informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas ramas legislativas sobre el proyecto de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional.
Con ello, la iniciativa cumplió su último trámite en el Senado y quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República, ya que previamente la Cámara de Diputados también había aprobado el informe de la Mixta.
El senador Ricardo Núñez, en su calidad de presidente de la instancia Mixta explicó que las divergencias con la Cámara surgieron en torno a la existencia de las Áreas Metropolitanas. «Por primera vez se reconoce en la Constitución estas figuras de administración mayor, de modo de admitir que en nuestro país se está produciendo este fenómeno de conurbación creciente de áreas metropolitanas cada vez más complejas de gobernar».
Por estas razones, dijo «se recomienda que sea una la Ley Orgánica sobre Gobiernos Regionales la que regule estas figuras de administración y afine los diversos órganos institucionales y democráticos que existirán en cada una de las instancias del nuestro país».
A su turno, el senador Jaime Orpis precisó que «en la actualidad, la Constitución no consagra la existencia de estas áreas, sino que simplemente se establece que entre los respectivos municipios deberían producirse las coordinaciones». Por lo tanto, «lo que se incorporó en el debate de la Comisión Mixta es que tanto la determinación de las áreas metropolitanas como su administración serán determinadas mediante una Ley Orgánica de Gobiernos Regionales».
Por su parte, el Vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi destacó que «con la aprobación de esta reforma constitucional el Congreso ha dado un gran paso hacia una verdadera descentralización y regionalización del país, porque vamos a tener la posibilidad de elegir consejeros regionales mediante votación popular y se traspasarán algunas competencias».
Finalmente, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, valoró el consenso alcanzado en la Comisión Mixta sobre las áreas metropolitanas porque «la fórmula anterior decía que la administración de áreas estaría en manos de los gobiernos regionales y eso suscitaba distintas controversias sobre su organización».
En lo fundamental, el proyecto de reforma constitucional elimina la facultad del intendente regional de presidir el Consejo Regional y mantiene sus atribuciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creadas por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.
De este modo será el Consejo Regional quien elegirá de entre sus miembros y por mayoría absoluta de sus integrantes, a su presidente.
Además el consejo regional deberá aprobar el proyecto de presupuestos de la respectiva región, considerando para tal efecto, los recursos asignados por la Ley de Presupuestos de la Nación, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación.
Asimismo se establecen una serie de normas tales como las que fijan la organización del Consejo Regional y sus funciones; la que establece la elección de los consejeros regionales por sufragio universal en votación directa y la que dispone que los Cores durarán 4 años en sus cargos pudiendo ser reelegidos.
Los consejeros regionales cesarán en su cargo si durante el ejercicio pierden algunos de los requisitos de elegibilidad o incurra en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que la ley orgánica constitucional establezca.