Manuel Polgatiz C.
Fotos: Marco Lara S.
A las 15 horas en punto, se inició la cita. En la sala de sesiones del municipio rancagüino, estaban todos los componentes del concejo. Junto a ellos, encabezaba la reunión, el edil de la capital regional, Eduardo Soto y el asesor jurídico Daniel Gaete. En tabla había diversos puntos de alto interés para la comunidad, más el fallido proceso de licitación de la basura y el reciente recurso de protección, interpuesto por la empresa Servitrans en contra de cuatro concejales, centró la tensión del momento, en ese particular tópico. Fue el propio alcalde, quien comunicó a las autoridades, la presentación de la acción judicial y fue claro en sostener que la base del documento, está orientado hacia los miembros cuyo voto de rechazo a la adjudicación, produjo el conflicto.
En este escenario, Silvia Santelices, Manuel Villagra, Jorge Vásquez y Pedro Hernández, sólo atinaron a escuchar concentrados la exposición, tanto administrativa como legal. “Ya está claro que no llegamos por ningún motivo al 31 de diciembre (inicio de la nueva licitación), por lo que tendremos que definir, a contar del 1 de enero, quién se hará cargo de la recolección domiciliaria”, señaló Soto. En la misma senda, recalcó que las bases del proceso, ya se encuentran en la Fiscalía Nacional Económica, “por tanto, en las venideras semanas, debieran estar ya en el portal, disponibles para los oferentes”.
Ese fue el momento preciso, en que se ofreció la palabra a los intervinientes. El primero en hacerlo, fue el concejal Pedro Hernández. El representante de Renovación Nacional consultó a los presentes y al encargado del departamento jurídico, en particular, sobre la modalidad que se utilizará para defender a los recurridos por Servitrans. “Yo no tengo problemas en defenderme por mi cuenta, pues tengo claro los fundamentos de mi voto. Pero éste es un conflicto que nos atañe a todos como municipio. Por eso hago la consulta respectiva”, señaló Hernández. De inmediato y sin perder más tiempo, contestó el jurista asesor. “Al estar individualizados los recurridos, no se pueden hacer defensas corporativas. Sin embargo, todo queda bajo la potestad del alcalde y el concejo”, aseveró Gaete.
Desde el borde del extenso mesón, surgió la voz de Pamela Medina. La concejal UDI, esgrimió en torno al tema, que el recurso es individual y debe ser resuelto de la misma forma. “Este es un problema, que jamás tuvo que entramparse en los tribunales. Pero ya estamos en esa etapa y con una empresa (Francisco Castro), que no ha cumplido con la ciudad. Ese es el mayor perjuicio”, indicó. Por su parte, Danilo Jorquera, aseguró que en esta materia, son los aludidos quienes tienen la obligación de confesar ante la justicia. “Aquí cada cual responderá por sus actos, por lo mismo, no corresponde que nos metan a todos en el mismo saco. Menos asumir una defensa corporativa”, sentenció.
Sin lugar a dudas, el más prístino e incendiario de todos, fue el concejal Edison Ortiz. “Hubo irregularidades desde el principio. Nosotros lo hicimos saber pero pocos nos tomaron en cuenta. Ahora estamos sumidos en un lío judicial, por el cual tienen que responder los aludidos. Al final, la empresa Francisco Castro se salió con la suya y seguirá ganando plata, por un tiempo aún indeterminado”, finalizó. Los otros tres ediles —Vásquez, Villagra y Santelices—, no emitieron opinión y se mantuvieron impertérritos ante la densa discusión.
