– Muchas pequeñas víctimas sufren en silencio el drama de ser abusadas, sin atreverse a contar menos aún a denunciar la situación que están padeciendo.
– La jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos, Yenny Muñoz, señaló que los profesores tienen el deber de denunciar los casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar.
Flor Vásquez
Este año, a la fecha, han ingresado al Ministerio Público de la Región de O’Higgins 137 denuncias de violación a menores de 14 años y 370 denuncias de abuso sexual infantil.
En el 2008, de los 392 juicios orales que hubo, el 11 por ciento correspondió a causas de delitos sexuales.
Sin embargo, especialmente en el ámbito del abuso sexual infantil, existe una “cifra negra”, con muchas pequeñas víctimas que sufren en silencio el drama de ser abusadas, sin atreverse a contar —menos aún a denunciar— la situación que están padeciendo. Y es que en el mayor porcentaje de los casos, el abusador es un familiar —muchas veces el mismo padre— a quien la víctima está unida por lazos afectivos.
El abuso ocurre con frecuencia durante varios años. Las víctimas en su mayoría son niñas. Tienen miedo y vergüenza. Por eso optan por el silencio. Algunas, en un gesto desesperado, intentan suicidarse. De hecho, en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional, se ha observado un aumento de los casos de intento de suicidio infantil. Al analizar las causas, en un alto porcentaje corresponden a niñas víctimas de abuso sexual. O de maltrato físico y/o sicológico. Delitos que ocurren al interior de la familia y que, por lo mismo, son tan difíciles de detectar.
El desafío es, entonces, proteger a los niños y niñas. Intentar prevenir y también detectar esas situaciones.
En esa línea, el Ministerio Público tiene a los delitos sexuales como una de las prioridades de persecución penal. Entre los casos a destacar están la condena obtenida (el año pasado) por la fiscal Carolina Suazo, para el autor del primer caso de “grooming” denunciado en la región. El “grooming” es un nuevo fenómeno delictual que agrupa, en general, conductas de abuso y acoso sexual por parte adultos hacia menores de edad, y de producción, almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil por Internet. Además, cabe destacar la condena a 28 años de cárcel del autor de la violación de un menor de Requínoa.
La problemática de la violencia intrafamiliar también preocupa al Ministerio Público. Prueba de ello es que el año pasado se implementó en la Fiscalía Local de Rancagua el proyecto de intervención dirigido a víctimas de violencia intrafamiliar, destinado a otorgar medidas de protección dentro de las primeras 48 horas de recepcionada la denuncia.
Sin embargo, eso no es suficiente.
SUFRIENDO EN SILENCIO
Carolina tiene 24 años y dos hijos. El papá de ellos es su propio padre. Desde los 15 años fue violada. La primera vez que quedó embarazada —a los 16 años— se negó a revelar el nombre del padre del bebé. Igual sucedió en el segundo embarazo. Hasta que su madre —demoró en sospechar—, logró que le dijera la verdad. Hizo la denuncia, el hombre fue condenado a unos años de cárcel y actualmente ya está en libertad.
Susana y sus dos hijos soportaron varios años de violencia intrafamiliar. Cuando los menores (de 8 y 12 años) comenzaron a manifestar los daños de ese maltrato, la madre decidió separarse y recién ahí el caso llegó al tribunal de la familia.
Tantos años de sufrimiento en silencio van dejando en los niños huellas dolorosas. De allí la necesidad de intervenir tempranamente.
PROFESORES TIENEN EL DEBER DE DENUNCIAR
La abogada Yenny Muñoz Torres, jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, señaló que los directores de colegios, profesores e inspectores, tienen el deber de denunciar los casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar de que estén siendo víctimas algunos de sus alumnos. Explicó que los docentes que tengan conocimiento de la ocurrencia de estos delitos y no los denuncien se exponen a una multa.
Pero la idea es lograr su colaboración y por ello en las últimas semanas dicha unidad ha estado realizando jornadas de capacitación a los profesores.
¿Por qué es tan importante obtener la colaboración de los docentes?-“El mayor grupo de víctimas que la Fiscalía Regional atiende a través de esta Unidad corresponde a menores de edad. Los niños y adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en los establecimientos educacionales; por lo tanto son los profesores, inspectores y directores quienes se informan de primera fuente, incluso antes que las propias familias, de que algo extraño está ocurriendo en los menores. En las jornadas de capacitación, a los profesores les entregamos conocimiento teórico y práctico acerca de la sintomatología que pueden presentar los menores y que son indicadores de que algo está sucediendo, de que podrían estar siendo víctimas de algún hecho ilícito, como abuso sexual y violencia intrafamiliar, que son los delitos que en mayor cantidad involucran a menores de edad (como víctimas). El propósito es dar herramientas a los profesores para que ellos detecten que ciertos menores están siendo víctimas de algún delito, no sólo sexual, sino que también de violencia”.
¿Hay cifras de maltrato infantil? –
“Según el estudio que hicimos de los casos ingresados a la Fiscalía por violencia intrafamiliar, un 2 por ciento afectaban a menores de edad. Es un porcentaje bajo y creemos que esa cifra no es acorde con la realidad; y lo que sucede es que no se están denunciando estos casos. Junto con capacitar a los profesores, les pedimos que dieran cumplimiento al deber que tienen de denunciar este tipo de delitos. Es un deber, una obligación legal que está establecida en nuestro ordenamiento jurídico y que incluso tiene aparejada sanciones penales, que son multas, de 1 a 4 UTM”.
¿Esas multas se aplicarían al profesor que estando en conocimiento del delito no lo denuncie? –
“Sí, y es frecuente. Nosotros hemos detectado muchas denuncias en que después de recibir declaraciones de los testigos, hemos podido concluir que una de las personas que supo y que fue testigo de oídas del propio menor fue un profesor del colegio y que éste guardó silencio, muchas veces por (equivocadamente) no traicionar la confianza del menor; otras veces por no involucrase en una investigación penal; o porque lo estima como una pérdida de tiempo. Pero hay varios casos en que los profesores han cooperado en las investigaciones y los resultados han sido buenos; por eso queremos fomentar más esta colaboración. El profesor puede entregar valiosa información de las circunstancias que rodean este hecho, por ejemplo calificaciones, cambios de conducta del niño, relación con los compañeros, inasistencias; toda esa información sirve para justificar o para acreditar el hecho investigado. La declaración del profesor en un juicio es muy apreciada por los jueces”.
¿Cómo ha sido la recepción de los profesores a estas jornadas de capacitación? –
“La mayoría de los profesores valoran estas actividades porque tenían desconocimiento de la normativa; además aprovechan de consultar cómo deben hacer las denuncias”.
Mayor número de absoluciones es en causas por abuso sexual infantil
La abogada Yenny Muñoz reiteró que el número las denuncias de abuso sexual a menores de 14 años ingresadas a la fiscalía es una cifra que no corresponde a la realidad: este año van 370 denuncias de abuso sexual y 137 de violación. “Creemos que esta cifra es mayor y por eso estamos capacitando a los profesores, para que denuncien los casos. Además, nos estamos coordinando con otras instituciones que pueden ser fuente de información para nosotros, como los tribunales de familia, el Sename y la policía”.
Insistió en que los profesores son quienes pueden detectar si algunos de sus alumnos están siendo víctimas de abuso sexual o maltrato. “Deben estar atentos a algunos indicadores, síntomas como distracción, sentimientos de vergüenza, aislamiento, conductas de autoflagelación, de inferirse heridas, enuresis, fobias, miedos”.
Explicó que la mayoría de los casos ocurren al interior de la familia y por ello es difícil detectarlos. “Los estudios hablan de que el 10 a 15 por ciento de los delitos de violación y abuso sexual son cometidos por desconocidos; el resto por familiares o personas conocidas de la familia”.
La semana pasada, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional realizó un seminario para analizar, precisamente, este tema: los delitos al interior de la familia. Fiscales, jueces, abogados y profesionales de la red pública participaron en la actividad.
“El objetivo —señaló Yenny Muñoz— es que conozcan esta problemática en la investigación de este tipo de delitos. El seminario contempló una jornada especial dedicada a las pericias sicológicas de credibilidad y pericias sociales, que son aquellas que permiten o sirven de prueba en la acreditación de estos delitos. Además, estas pericias tienen por objetivo medir la extensión del daño al menor”.
¿Por qué tantas denuncias de abuso sexual no terminan en condenas?–
“A veces por falta de pruebas, porque existen dudas. El mayor número de absoluciones en juicio oral es para este tipo de delitos; y hay muchas causas que no llegan a juicio, principalmente por falta de pruebas o falta de colaboración por parte de la víctima”.
¿La sintomatología de un presunto abuso sexual no puede corresponder también a otro cuadro?–
“Se complementa con el testimonio de la víctima y se refuerza con otras pruebas”.
¿Se evalúa la posibilidad de que la denuncia sea falsa, que por ejemplo, la realice por venganza la madre del niño o niña? –
“Eso está súper presente, porque los niños podrían ser manipulados. Y se dan casos en que (la víctima o el denunciante) se retracta. Ambas situaciones deben ser abordadas por el fiscal durante la investigación”.
Padre Humberto Palma, presidente regional de Fide
“Hay que ser prudentes y éticamente responsables de nuestras denuncias”
El presidente regional de Fide (organización que agrupa a colegios particulares subvencionados y pagados) y rector del Colegio El Salvador de San Vicente de TT, padre Humberto Palma, se refirió al tema planteado por la fiscalía, respecto al deber de los docentes de denunciar casos de abuso sexual y violencia intrafamiliar.
A la consulta de El Rancagüino respondió: “La medida indicada por la Fiscalía se ajusta plenamente al deber moral que tenemos los educadores de contribuir para que toda sociedad garantice y resguarde los derechos de las personas, especialmente de quienes se forman con nosotros”.
“En este sentido, el compromiso de colaboración con la justicia trasciende el mandato del legislador, y responde más bien al empeño constante de educar y educarnos para que nuestras relaciones interpersonales se ajusten a la Ética y al Derecho. Tal desafío no es privativo de los profesores, sino un deber de todo ciudadano”.
“En este contexto de corresponsabilidad ciudadana, la tarea mayor es la construcción de una cultura de denuncia responsable. Es muy fácil sumarse a dichos y rumores y, con ello, dañar gravemente la reputación y honra de las personas. Me parece que la iniciativa de la Fiscalía debe de ir de la mano con la invitación a ser inmensamente respetuosos y prudentes, al tiempo que éticamente responsables de nuestras denuncias”.
Agregó que considera que “por su formación, los profesores están capacitados para detectar conductas sintomáticas de posible abuso sexual o violencia intrafamiliar, pero no para diagnosticar. Eso corresponde al experto. A los profesores nos corresponde orientar a las familias o derivar hacia los especialistas, según sea el caso. Ahora bien, como en todas las artes, los conocimientos teóricos de un profesor en esta materia vienen potenciados por la práctica del conocimiento y observación de sus alumnos. Esto significa que a mayor conocimiento del grupo de alumnos, un profesor estará más capacitado para detectar cualquier cambio de conducta que nos haga sospechar de estar padeciendo algunas de las situaciones señaladas”.
