Manuel Polgatiz C.
“Este accidente, es muy lamentable para las familias de las víctimas. Como institución les entregamos nuestro más sentido pésame”, dijo en aquella oportunidad, el jefe de la tenencia de carreteras, Suboficial Mayor de Carabineros, Patricio Morales. Los hechos se retrotraen, a las 16: 10 horas del 3 junio del año en curso. Cristián Paredes Núñez, manejaba su camioneta placa patente BRFK-55 por la Ruta 5 Sur, en dirección norte a sur. A la altura del kilómetro 124, sector Miravalle, se salió de la pista de circulación para ingresar a la berma e impactar con el costado del vehículo a las víctimas, quienes fallecieron producto de las lesiones. Las occisas fueron identificadas como Hermosina Parada Román y Laura Parada Valenzuela.
De acuerdo a los posteriores informes médicos, Paredes Núñez, guiaba el carro, en manifiesto estado de ebriedad (el examen de alcoholemia, arrojó como resultado 2,11 gramos por mil de alcohol en la sangre). No contento con ello, el imputado intentó darse a la fuga, siendo interceptado por otros conductores que en ese instante, circulaban por la zona.
Considerando estos nefastos antecedentes, el Tribunal de Garantía de Rengo, resolvió cancelar definitivamente su licencia de conducir. Adicionalmente, se estableció que Cristian Paredes, deberá pagar una de multa de 12 unidades tributarias mensuales y las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
En el mismo texto condenatorio, se dejó estipulado que deberá cumplir una pena de tres años y un día de presidio menor, en su grado máximo, bajo la modalidad de libertad vigilada. La única condición para llevar a efecto este beneficio, es que el imputado se someta a tratamiento de rehabilitación alcohólico, sujeto a resguardo y control de Gendarmería de Chile, por el lapso de cuatro años.
NO SE RECONOCIÓ LA ATENUANTE
En la resolución del tribunal, no se consideró como circunstancia atenuante, el hecho que el imputado cancelara a las familias de las fallecidas, la suma de 20 millones de pesos. Además, fundó la decisión de no permitir que el acusado continúe conduciendo, por estimar que ello pone en peligro la seguridad vial.
