Hugo Soto Riquelme
Fotos: Nico Carrasco
Qué haría usted si tras anular un crédito de consumo, la entidad bancaria donde realizó el trámite mantiene por meses la cobranza de un dinero que nunca utilizó. Esta situación es la que está viviendo Eduardo Fernández Castro, quien el pasado 1 de junio recibió en su hogar un talonario de pago que estipula la cancelación de 24 cuotas hasta marzo de 2012, de las cuales dos se encontraban en estado de vencimiento.
A raíz de esto, el consumidor fue enviado al boletín comercial de Dicom por el no pago de las letras atrasadas, además es hostigado permanentemente por empresas de cobranza que a nombre la institución bancaria solicitan expresamente el pago de las cuotas pertenecientes a los meses de abril y mayo. El problema radica en que el cliente desistió de la gestión bancaria en el periodo estipulado para ello, por lo tanto ambos aspectos mencionados anteriormente no debiesen estar ocurriendo en la actualidad.
Angustiante escenario que partió en marzo último cuando Fernández realizó la cotización de un Crédito de Consumo en varias instituciones financieras, donde comparaba tasas de interés, gastos de administración, cuotas a pagar y el monto total de lo que pretendía adquirir. Las cifras variaban entre un banco y otro, principalmente por la renta del cliente.
Como parte de las cotizaciones efectuadas, el consumidor se dirigió al Banco del Desarrollo para conocer lo que la entidad financiera le podía ofrecer, razón por la cual entregó a una ejecutiva bancaria varias liquidaciones de sueldo, además de firmar documentos que luego de una evaluación respectiva de parte del Banco, iban a consolidar el otorgamiento del crédito. A los pocos días, Fernández decidió dar pie atrás a la gestión debido a que otra institución le ofrecía una tasa de interés más reducida. De este modo, dejó sin efecto la solicitud, tras firmar un documento que acreditaba la anulación.
Sin utilizar peso alguno, el afectado recibió el talonario a principios de junio, que establece la entrega de alrededor de dos millones de pesos. Producto de esta irregularidad, el consumidor se dirigió a las dependencias de la entidad financiera para aclarar esta anomalía, oportunidad en que -de palabras de Fernández – le dijeron que todo había sido un mal entendido, ya que no presentaba deuda con el Banco.
Desesperado por este ingente problema, solicitó una constancia firmada por la institución, para que ésta ratificara el estado del cliente. El escrito se entregó dos meses después de que venciera la primera cuota del dinero que no recibió. Pero las complicaciones se mantuvieron, innumerables llamadas telefónicas por encargo del Banco del Desarrollo fueron más frecuentes. Éstas demandaban el pago del dinero adeudado, de lo contrario los bienes del afectado serían embargados.
En tanto, el supuesto retraso provocó la derivación de Fernández a Dicom, lo que produjo la imposibilidad de optar a créditos en otras instituciones financieras. Esto, debido a que aparece en el sistema financiero como deudor moroso y de alto riesgo para las entidades bancarias. Tras dos meses aún se mantiene en el boletín comercial sin ser removido allí hasta la fecha.
Pese a la constancia del Banco, la pesadilla persistió y fue en aumento. Según lo comentado por el perjudicado, los problemas se intensificaron ya que la supuesta deuda le provocó problemas matrimoniales y un cuadro de estress. Frente a esto, Fernández debió solicitar licencia médica, pero producto de los días que se tomó para regularizar su situación con la entidad, la empresa lo desvinculó de su cargo, quedando literalmente a la deriva.
“Ha sido bien complicado, porque todos los días me llaman por teléfono, amenazándome que me van a embargar. Me tiene aproblemado, a mi señora la tengo en el psicólogo, por lo tanto creo esto es la gota que rebasó el vaso. He ido a pedir explicaciones al Banco y me dicen que no me preocupe, que no debo nada”, aclaró el denunciante.
Por su parte, explicó respecto a su despido que “me tomé dos días para arreglar este panorama y resulta que a raíz de esto me cortan de mi trabajo”, añadió, responsabilizando directamente a la institución de todas las problemáticas que se han suscitado hasta la fecha.
El afectado interpuso una demanda de indemnización en contra de la institución por los perjuicios anteriormente señalados. A su vez, ya estableció el reclamo correspondiente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), quedando a la espera de lo que dictaminen esta organización.
“Es un problema que estamos regularizando”
Sin ahondar respecto a esta situación, Ximena Urreola, encargada de la sucursal Rancagua del Banco del Desarrollo ubicada en O’Carrol 693, declinó entregar mayores aristas en cuanto al problema de Eduardo Fernández. Sin embargo informó que “es un problema que estamos regularizando” y es el cliente quien debe acercarse a la institución para que la situación se normalice.
La ejecutiva, en tanto, aseguró que el cliente solicitó el talonario y luego desistió, sin embargo, ha existido un retraso en la reversa producto de que la sucursal está un proceso de cambio, luego que el Banco pasara a manos de Scotiabank.
Director regional del Sernac: “Es el Banco quien debiera retirar al consumidor de Dicom y anular cualquier mandato efectuado a la institución de cobranza”
Tras conocer la problemática, el director regional del Sernac, Daniel Verón, explicó que este tipo casos son derivados directamente al SBIF en Santiago, cuya sanción deberá conocerse a fines de julio. Verón señaló que el Sernac no tiene injerencia sobre estos temas, pero si los consumidores deben hacer este reclamo para que ellos envíen los antecedentes al organismo regulador, vale decir, el SBIF.
Respecto a la derivación del perjudicado al boletín comercial, Verón sostuvo que “aquí hay una fe explícita de parte del banco, de que no se cursaron los dineros, sin duda que la obligación primaria del banco es evitar el proceso de cobranza. Si la cobranza permanece lo que debe hacer el consumidor es acudir al Sernac para hacer la mediación pertinente y enviar los antecedentes al SBIF. Sin perjuicio de eso, el consumidor puede tomar acciones legales, tanto en la justicia civil como en el Juzgado de Policía Local”, dijo.
Consultado en relación a los hostigamientos telefónicos de empresas de cobranza, éste indicó que “las personas no deben asustarse cuando se les cobre. En situación de cobranza, los consumidores tienen derechos, no los pierden. Entre ellos están el derecho de privacidad, y la ley establece restricciones como hacerse fuera de ciertos horarios o utilizar medidas de presión”, informó Verón.
El personero aclaró que “las empresas de cobranza son mandatados para realizar las llamadas. En este sentido quien tiene la primera responsabilidad y si está acreditado que el préstamo no se cursó, es el Banco quien debiera retirar por un lado al consumidor de Dicom y por otro lado anular cualquier mandato efectuado a la institución de cobranza para buscar esos dineros”.
