Fuente:www.senado.cl
Los senadores Andrés Allamand y Andrés Chadwick se reunieron con el ministro de Educación, Joaquín Lavín, para darle a conocer un proyecto de ley que busca abordar legislativamente los últimos problemas de violencia que existen al interior de la comunidad escolar.
Según explicó el senador Allamand «el proyecto establece, en primer lugar, un concepto amplio de lo que es el bullying o violencia escolar, el cual hasta hoy día no sólo se produce al interior de los colegios o de las salas de clases, sino fundamentalmente a través de la utilización de las redes sociales, tales como Facebook».
Agregó que la iniciativa también establece «obligaciones de prevención con todos los miembros de la comunidad escolar, alumnos, profesores y directivos de los establecimientos; y simultáneamente establece también un marco normativo para que se puedan adoptar las sanciones que resulten necesarias en los casos que se justifiquen».
El proyecto, además, busca establecer «algo que hoy día no existe en legislación, sanciones fuertes para los colegios que no adopten oportunamente, ya sea medidas de prevención o control frente a estos casos de bullying, lo cual viene de alguna manera a configurar un avance coherente en esta materia».
Según el senador Allamand, el ministro Lavín acogió esta iniciativa y se comprometió a impulsarla.
En lo fundamental, la iniciativa dispone que «si bien la responsabilidad primera recae en los colegios que deben tener formas de prevenir y sancionar dichas conductas, los padres deben ser parte activa de ese proceso. Tienen derecho a estar informados cuando su hijo sea víctima de un caso de «bullying» (que quizás él mismo no se ha atrevido a denunciar por temor a mayores represalias), y tienen el deber también de informar al colegio cuando sean ellos quienes tomen conocimiento de casos de hostigamiento que estén ocurriendo entre miembros de la comunidad escolar».
Esta iniciativa busca también regular la forma en que los colegios deben asumir este problema, y al mismo tiempo, establece sanciones para aquellos colegios, en los que acreditándose un hecho de violencia escolar, no hayan actuado con el rigor y la premura necesaria.
