– Así lo indica un estudio elaborado por la Universidad Católica y encargado por el Gore, con el fin de analizar el establecimiento oficial de la nueva área metropolitana para O’Higgins. Con tal de alcanzar un eventual escenario óptimo, la investigación sugiere una serie de medidas.       

• Mayor expansión urbana a costa de suelos agrícolas, más congestión vehicular, y un aumento del número y tiempos de viaje, serían las consecuencias de que continúe el ordenamiento territorial actual de la región.

Marcela Catalan

                                                                            Entre diciembre de 2017 y el primer trimestre de 2019, se desarrolló el «Diagnóstico del área metropolitana de la Región de O’Higgins». La iniciativa fue encargada por el Gobierno Regional al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, siendo presentada hace unas semanas a los consejeros regionales, alcaldes de las comunas involucradas y representantes del mundo público y privado.

El documento sienta las bases para la implementación del área metropolitana en torno a Rancagua, en el marco de las modificaciones a la Ley 21.074. Dicha normativa estipula la «potestad regional de declarar» esta figura «para dos o más comunas contiguas, que en conjunto superan los 250 mil habitantes” . Aquello permite reconocer  un espacio territorial que, dadas sus relaciones físicas y funcionales, opera como un sistema urbano integrado». Lo anterior se traduce en una serie de desafíos de planificación y gestión mancomunada entre los municipios implicados, liderados por el Gore.

Diario El Rancagüino accedió en exclusiva al estudio, el cual abarcó Rancagua, Codegua, Doñihue, Graneros, Machalí, Olivar, Requínoa y Mostazal.          

                                                                       

Acerca del diagnóstico a la situación actual de la región, en concordancia con el área total de análisis, el documento indica que en Rancagua se concentra la población urbana y rural. Se agrega que “en los últimos quince años Machalí ha crecido de forma importante, casi duplicando» sus habitantes, lo que se explica en vista de la población urbana. Esto refleja un proceso de urbanización que no sólo se limita a ella, «ya que Codegua, Requínoa y Graneros presentan tendencias recientes y similares» .

La indagación resalta que la mayor confluencia de residentes en la capital regional y Machalí (donde también hay un mayor dinamismo residencial urbano), en desmedro de otros lugares de O’Higgins, “puede convertirse en un desafío, en términos de congestión de infraestructuras y equipamientos existentes».

La investigación agrega que las comunas analizadas presentan desde 2002 un déficit cuantitativo en los requerimientos nuevos de vivienda. No obstante, Rancagua sigue manteniendo la predominancia en este ítem. La mayor tipología de permisos corresponde a casas. Desde ese año, han registrado permisos de edificación en altura sólo tres de los ocho lugares del área de estudio. La mayoría se concentra en la mencionada ciudad, de lo cual se desprende que, en la dinámica residencial asociada a la normativa urbana, predomina una expansión horizontal por sobre una en altura.

El documento añade que “se reconocen procesos incipientes de urbanización en zonas rurales, debido a subdivisiones y parcelaciones, generando nuevos núcleos de población y servicios» alrededor del sector examinado. Lo anterior se configura como uno de los desafíos más relevantes, pues implica repercusiones en la provisión de servicios y equipamientos, también en el ámbito ambiental, en la conectividad vial, movilidad sustentable, y en la calidad de vida.

Por otra parte, se indica que “la infraestructura energética, sanitaria e industrial, condicionan la expansión de forma negativa, al no compatibilizar con los usos residenciales y comerciales”. En tanto, “la red vial guía los procesos de crecimiento urbano (en conjunto con otros factores), de forma “radicular». Esto ocurre desde la conurbación Rancagua – Machalí, especialmente en torno al eje de la Ruta 5”.

La exploración revela un “déficit de la infraestructura de carga, en un contexto de creciente demanda de centros logísticos y vialidad (elemento relevante en afianzar o complejizar las relaciones y circulación entre los núcleos urbanos). Esto representa un desafío de gran importancia para un territorio de carácter estratégico”, en pro de “la conectividad entre las zonas de producción agropecuaria, los puertos de la zona central, Santiago y Argentina”.

En cuanto al transporte público mayor y menor, urbano y rural, “está segmentado. No trabajan en conjunto las infraestructuras de movilidad (terminales, paraderos y estaciones), impidiendo el desarrollo de un sistema visible, confiable, atractivo e intermodal de movilidad”.

El documento también advierte que “la planificación del transporte ha sido enfocada estrictamente a vialidad y conectividad, sin claridad sobre los patrones de movilidad”. Además constata “una oferta de múltiples alternativas al transporte privado, que pueden ser potenciadas por una planificación y gestión integrada”.

De acuerdo con los profesionales ejecutores de la iniciativa, “el actual proceso de expansión y configuración urbana» obedece a un sistema urbano mononuclear y radicular, de escala intermedia. Se entiende por mononuclear, que el conjunto de centros urbanos se ve dominado por un único centro mayor (Rancagua), el cual concentra la gran mayoría de la población, las actividades económicas», aparte de los servicios y equipamientos del área de estudio.                                  

                                                                                                                                            En tanto, por radicular se comprende que si bien las comunas son muy dependientes de Rancagua, relacionándose con fuerza con ésta, no existen mayores vínculos entre ellas. Esto se traduce en una conectividad vial y de transporte que converge hacia Rancagua, con escasas conexiones directas entre los centros urbanos menores.

PROYECCIÓN DE ESCENARIOS

La investigación arrojó escenarios prospectivos de crecimiento urbano en el área de estudio, basados en la evidencia recogida en el contexto de efectuar el diagnóstico urbano.

Como resultado, se obtuvo un escenario tendencial que proyecta la situación hoy observada en el territorio, siendo éste el panorama más probable a futuro. Aquello, en caso de que no se realicen acciones adicionales a las que ya están en marcha, o si no se generan ajustes estructurales a la gobernanza territorial, a su planificación y gestión. También se presenta un escenario óptimo, basado en una transformación positiva del modelo de ordenamiento territorial actual. Ambos consideran dos cortes temporales: 2030 y 2050.

En cuanto al escenario tendencial, su evolución refleja una continuidad del modelo actual de ordenamiento territorial. Se refuerza el peso ejercido por Rancagua dentro del sistema, lo cual limita el surgimiento de nuevos subcentros que equilibren los usos y actividades económicas en el espacio. A pesar de ello, los diversos centros urbanos del sistema se comienzan a conectar, a partir de distintas intervenciones viales. A la larga, éstas permitirán transitar de un sistema reticular a uno radicular, sin perjuicio de que la capital regional seguiría ejerciendo una centralidad indiscutible.

En el mismo contexto, la relevancia indiscutida de los sectores minero y agropecuario, influiría sobre las condiciones ambientales del territorio y las dinámicas de crecimiento urbano. Lo anterior implicaría una mayor expansión urbana y una pérdida de los suelos agrícolas y de valor ecológico, en detrimento de los servicios ambientales del área metropolitana. Además habría un incremento de la congestión vehicular, y un aumento del número y tiempos de los viajes.

Ante la dispersión de la vivienda sobre el territorio rural, el transporte público no sería capaz de captar toda la demanda metropolitana, por lo que su uso no se vería favorecido, al menos en estas zonas.

La continuidad de la mancha urbana se extendería a lo largo de la Ruta 5, tanto al sur como al norte de Rancagua, expansión que absorbería las pequeñas urbanizaciones en zonas rurales, y cuyo límite urbano tendrá conflictos con los planteles pecuarios. La urbanización dispersa se establecería con mayor fuerza en Requínoa, consumiendo gran parte de sus zonas rurales y agrícolas.

En Rancagua, en 2050, la densificación llegaría a su máximo, por lo que el crecimiento en altura predominaría en Machalí y comenzaría a establecerse con mayor fuerza en otros centros comunales. La construcción alrededor de los ejes viales que conectan los núcleos urbanos con Rancagua, generaría continuidades en la mancha urbana, produciendo a su vez pérdidas de los restantes suelos rurales y de alto valor ecológico en estos territorios.

Consecuentemente, existirían eventos de emergencia relacionados con la contaminación del aire y del agua, por la consolidación de espacios urbanos. En tanto, el uso del automóvil sería predominante en términos metropolitanos. Aquello, si bien al 2050 el uso de la bicicleta será relevante en algunas zonas centrales y acotadas.

ESCENARIO ÓPTIMO                   

                                         En términos de su evolución como sistema urbano, el punto de partida para la elaboración del escenario óptimo, es la actual configuración territorial, como sistema monocéntrico de expresión radicular, en torno a Rancagua. Esto, considerando también los factores causales, su posterior proyección y los objetivos estratégicos territoriales para ambos horizontes temporales.

Se estima una evolución gradual del área metropolitana, desde su estructura monocéntrica-radicular actual, hacia una policéntrica y reticular, al mismo tiempo que imbricada en una metropolitana mayor, que involucra a otras áreas metropolitanas de la zona central del país. Al haber un sistema policéntrico, emergen nuevos subcentros capaces de competir con la centralidad ejercida por Rancagua, mientras que lo reticular permitiría una interconectividad mayor entre todos los centros urbanos que componen el sistema.

En caso de ocurrir lo descrito, “mejoraría el desarrollo urbano, así como los estándares de calidad ambiental y de vida de los distintos centros urbanos y rurales. En paralelo se generarían nuevos subcentros, ampliando la protección y también el resguardo de su patrimonio natural, y habilitando una conectividad ‘reticular’ más definida. De tal modo es que Rancagua, a pesar de seguir siendo el nodo central, ya no ejercería un peso específico tan preponderante.

PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA                                                         

          El informe también sugiere seguir un criterio físico- funcional para delimitar el sistema metropolitano, pues éste refleja las actuales dinámicas del territorio. Además tiene un correlato con las disposiciones legales de la Ley 21.074, para la implementación de áreas metropolitanas. Por tanto, se recomienda que la de O’Higgins esté conformada por Rancagua, Machalí, Olivar, Graneros, Requínoa y Doñihue. Pero sin perjuicio de hacer mediciones periódicas, para comprender la evolución de las relaciones funcionales con Mostazal y Codegua. Y es que dada su proximidad, pronto podrían ser parte del área funcional.

Por último, fruto de un proceso participativo, la investigación arroja veinte orientaciones para implementar y gestionar el área metropolitana. Esto va acompañado por 129 acciones específicas, en materia  política, de planificación y gestión. Todo aquello se vincula con los objetivos estratégicos y los atributos territoriales definidos por el escenario óptimo de crecimiento urbano, desarrollado en etapas previas.

ALGUNAS DE LAS ACCIONES SUGERIDAS 

  – Dotar a las comunas del área metropolitana de una distribución equilibrada de áreas verdes, según sus jerarquías urbanas.

-Elaborar un Plan Regulador Intercomunal, a escala del sistema urbano de escala metropolitana y proyectado al año 2030.

-Evaluar el grado de integración y/o vulnerabilidad de la economía local tradicional, ante un proceso de metropolización.

-Fortalecer acuerdos públicos-privados sobre los ámbitos actuales y potenciales que pueden aportar al desarrollo de un turismo identitario, pero sostenible, en el marco del proceso de metropolización.

-Generar mecanismos de incentivo para densificación en áreas urbanas reguladas, especialmente en relación con la localización de viviendas sociales al interior del área urbana consolidada.

– Desarrollar una política y estrategia regional de cambio climático.

-Catastrar y definir el potencial de incorporación de nuevas áreas protegidas al SNASPE en el territorio metropolitano y su área de influencia.

-Consensuar acuerdos públicos para la actualización de la estrategia regional de biodiversidad y el Plan de Descontaminación Atmosférica.

-Planificar obras estratégicas prioritarias en innovación tecnológica, para la eficiencia en la utilización del recurso hídrico en el ámbito residencial y productivo, transporte y energía.

-Aplicar restricciones y desincentivos a la urbanización de zonas de riesgo consignadas en los IPT.

-Actualizar y fortalecer un Plan de Descontaminación Atmosférica.

-Generar acuerdos intercomunales sobre requerimientos y eventuales déficit de bienes y servicios públicos, en salud y educación.

-Constituir y formalizar el concejo de alcaldes del área metropolitana.

-Levantar un catastro actualizado del estado de situación del patrimonio cultural, por comunas.

-Generar una cartografía sociocultural que determine lugares/zonas prioritarias de patrimonio (tangible), o donde se representan (no tangible) expresiones culturales.

-Crear programas especiales, de fomento a la creación de nuevas empresas y mercados laborales en núcleos secundarios.

-Incorporar criterios de localización en la planificación de proyectos públicos de salud y educación de escala metropolitana (red de salud primaria, campus universitarios, entre otros).

-Ejecutar obras y medidas del plan de acción de ciclovías metropolitanas.

-Concertar la elaboración de un plan integral de movilidad de carácter metropolitano, entre todas las comunas involucradas.

-Implementar tecnologías sustentables y no contaminantes en el sistema de transporte público (renovación de flotas, vehículos eléctricos, entre otros).

-Incentivar el desarrollo de la electromovilidad en el sistema de transporte público.

-Implementar tarifa integrada entre distintas modalidades de transporte público.

-Generar acuerdos intercomunales y con el nivel central, para definir un nuevo plan regulador metropolitano/intercomunal.

-Licitar y/o ejecutar acciones prioritarias de movilidad sustentable en el área metropolitana.

-Ejecución de los pasos Las Leñas y Alhué, y su infraestructura vial y logística asociada, junto con una red vial pertinente.

-Planificar rutas alternativas para el tránsito de cargas, que disminuyan las externalidades negativas sobre los núcleos urbanos.

-Ejecución de una circunvalación vial en torno a la conurbación Rancagua-Machalí- Olivar.

-Confeccionar un plan maestro de transporte ferroviario, en el ámbito del plan integral de movilidad metropolitana.

-Licitar y ejecutar obras de mejoramiento y ampliación de la vía férrea.

-Planificar servicios de transporte de pasajeros (Chimbarongo, San Fernando, Talca) y evaluar la factibilidad de ejecutar estaciones intermodales en el sistema urbano metropolitano.

-Ejecutar una estación intermodal en torno a la Estación de Ferrocarriles de Rancagua.

-Instalar una mesa público-privada que dialogue e intercambie información y puntos de vista, sobre los eventuales impactos en el área metropolitana de un proceso de mayor internacionalización.                                                                                                                 

– De los 14 sacerdotes acusados, 8 de ellos la Fiscalía Regional dijo no haber encontrado ningún delito y cerró los procesos de investigación. Aún quedan 6 sacerdotes imputados de los que tiene que pronunciarse el Tribunal de Garantía de Pichilemu por denuncias de presuntos abusos sexuales y conductas impropias.

Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

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El 21 de mayo pasado se reveló uno de los casos más fuertes que remeció a la Iglesia Católica en Chile, cuando se dio a conocer una denuncia que sacudió a nuestra región en que se reveló que el sacerdote de Paredones Luis Rubio era denunciado por abusos a menores de edad.

La denuncia que se emitió en un medio de comunicación nacional, fue encabezada por Elisa Fernández, una ex colaboradora de la Iglesia durante cerca de 14 años y quien, en ese entonces, hace un año y medio atrás se había reunido con el Obispo Diocesano Alejandro Goic, a quien entregó una denuncia escrita y firmada con un listado de 13 sacerdotes, entre los cuales existían algunos que habrían mostrado abiertamente su preferencia sexual por menores de edad.

De acuerdo a ese reportaje de Canal 13, el sacerdote denunciado pertenecía a una “Cofradía” de gente de la iglesia que se hacían llamar “La Familia” que tenía una estructura piramidal y, para identificar su jerarquía, usaba parentescos femeninos. La organización era liderada por un cura que se hacía llamar “La Abuela” y en la escala luego le seguían “las tías”, “las hijas” y “las nietas”.

De acuerdo a la testigo, los religiosos acostumbraban a realizar bromas de carácter sexual y comentarios sobre preferencias por los menores de edad. “No sé si llamarlo cofradía, secta o grupo de sacerdotes que tienen prácticas que no se conllevan con su condición de curas y con respecto a jóvenes, por lo menos en mi época, de entre 15 y 29 años”, señaló Fernández en ese entonces a la televisión abierta.

El escándalo estalló en un momento especialmente delicado para la Iglesia chilena, unos días después que 34 obispos chilenos regresaran al país desde Roma cuestionados por el manejo de este tipo de casos, por lo que la totalidad de ellos presentaron su renuncia forzados por el Papa Francisco por la “falta de transparencia” en el manejo de uno de las tramas de abusos de mayor simbolismo en Chile, el “Caso Karadima”, acusando una “red de encubrimiento”, donde actualmente incluso está siendo investigado el ex arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

LA CAIDA DE LOS 14

Fue esa la punta del iceberg que comenzó a desencadenar una seguidilla de acontecimientos en los que un sacerdote tras otro de la Diócesis de Rancagua se vieron involucrados en hechos que podrían ser constitutivos de delitos por los cuales la Fiscalía Regional de O’Higgins el 22 de mayo de 2018 informó que los hechos denunciados eran parte de una investigación penal “esta indagatoria se sustancia hace dos meses por un equipo de la Fiscalía tiene por objetivo poder establecer si los hechos son o no constitutivos de delitos”, argumentaba el comunicado de prensa de la entidad persecutora, dando a conocer que desde marzo de 2018, se trabajaba en la investigación emitida por televisión.

Por la tarde de ese martes 22 de mayo, la Diócesis de Rancagua suspendía a 14 sacerdotes de la curia por denuncias de presuntos abusos sexuales y conductas impropias, los que quedaron suspendidos de ejercer el ministerio, sacramentos y pastoral mientras se extendiera la investigación que desarrollaba la Iglesia por parte del Tribunal Diocesano de Prevención de Abusos. Así, entre las resoluciones anunciadas se señalaba que se habían adoptado “medidas tanto pastorales como judiciales”.

“Se ha restringido de su ministerio sacerdotal a 14 sacerdotes. Lo que significa que se ha tomado conocimiento, fundamentalmente por lo expuesto por los medios de comunicación, de que estos sacerdotes han incurrido en acciones que pueden constituir delitos tanto en el ámbito civil como canónico”, indicaba en ese entonces el Obispado de Rancagua mediante un comunicado de prensa.

Así, comenzó a desmoronarse una Diócesis comandada hace 14 años por Monseñor Alejandro Goic quien en paralelo era presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos Sexuales a Menores de Edad de la Conferencia Episcopal Chilena, cargo al que tres días después -25 de mayo- renunciaría de manera indeclinable.

PEREGRINACIÓN POR EL TRIBUNAL DE GARANTÍA

Este terremoto en la iglesia católica local producía sus réplicas cada vez que un sacerdote llegaba hasta el Tribunal de Garantía de Rancagua o Pichilemu para presentar su declaración, pues una bataola de periodistas nacionales y locales se daban cita en las afueras del edificio de justicia para captar las mejores imágenes o contar con alguna declaración  de los acusados.

El párroco de Peumo, Héctor Fuentes, fue uno de los primeros en entregar declaración ante Fiscalía de Rancagua el martes 30 de mayo. El sacerdote llegó junto a su abogado Francisco Javier Donoso, quien indicó que su representado prestó declaración en calidad de imputado ante el Fiscal a cargo de caso Sergio Pérez. Tras la declaración que se extendió por más de dos horas, el sacerdote se retiró sin emitir comentarios.

Los primeros días de junio, hicieron lo propio los sacerdotes Pichilemu Pablo Donoso y El Manzano, Freddy Gorigoitia, quienes ya habían declarado en la Fiscalía Regional de Rancagua por la investigación que se lleva a cabo por el delito de presuntos abusos sexuales.

Mientras tanto, el 13 de junio, en el marco de la investigación, el Ministerio Público ordenaba el allanamiento de Obispado de Rancagua hasta donde llegó el fiscal Sergio Pérez junto a personal de OS9 de Carabineros para decomisar diversos antecedentes en busca de expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes vinculados a los casos de presuntos abusos sexuales sufridos por menores. La misma diligencia se realizaba en la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago, en la Región Metropolitana.

Esta fue la acción que dejó al descubierto los otros oscuros juegos sexuales del ex canciller Óscar Muñoz Toledo. En ese entonces y según la información recabada por el fiscal Regional de Rancagua, Emiliano Arias, tras revisar los documentos en Santiago y el archivo secreto del presbítero en el Arzobispado, existía constancia desde el año 2002 de abusos sexuales y estupro contra menores de edad. Esa fue la pieza clave que produce la caída del en ese entonces Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati quien es  investigando por cuatro casos de encubrimiento de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica nacional: Óscar Muñoz Toledo, y las de los sacerdotes Jorge Laplagne y Tito Rivera, a las que se suma una arista del caso Karadima.

15 días más tarde, específicamente la madrugada del 28 de junio, el Papa Francisco le aceptaba la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Rancagua a Monseñor Goic quien el 2007 había declarado que el salario mínimo debería ser reemplazado por un “Sueldo Ético”. La Nunciatura Apostólica comunicaba además que el Santo Padre había nombrado a Monseñor Fernando Ramos como Administrador Apostólico de la Diócesis en cuestión.

El prelado rancagüino había presentado su renuncia el 2015 luego de haber cumplido 75 años, edad que se establece la obligación de obispos y otros cargos de la curia a presentar su renuncia al pontífice, siendo la potestad de éste aceptar o prorrogar su cargo; no obstante fueron estos tristes hechos los que lo separaron de su querida Diócesis de La Santa Cruz.

Así, el viernes 7 de julio del año pasado, ante una Catedral de Rancagua con gran cantidad de fieles, el ahora obispo emérito de la ciudad, monseñor Alejandro Goic, ofició su misa de despedida, eucaristía que contó con la presencia de importantes figuras de la Iglesia Católica chilena encabezadas por en ese entonces el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, junto a su antecesor, el cardenal Francisco Javier Errázuriz.

LOS SOBRESEIDOS Y UNA TEORIA QUE FUE SEPULTADA

Luego de seis meses de investigación, en septiembre el bullado caso de “La Cofradía” comienza a tener un revés, pues aparecen los primeros sacerdotes sobreseídos. El jueves 27 de ese mes, el Tribunal de Garantía de Pichilemu determinó sobreseer a tres sacerdotes que fueron declarados inocentes de la investigación pues se determinó que su actuar no era constitutivo de delito, así Gino Bonomo de la comuna de Pumanque, Fernando Armijo de San Vicente y Aquiles Correa de La Compañía en Graneros fueron sobreseídos totalmente en la causa.

En ese entonces, el Fiscal Sergio Pérez indicó que las defensas públicas y una privada solicitaron el  sobreseimiento, pues se logró acotar que se trataba de hechos no punibles. En el caso del sacerdote, Fernando Armijo, quien era sindicado como el líder de “La Cofradía”, se descartó alguna conducta especifica que afectara la integridad de un menor. Así, la propia Fiscalía Regional reconocía que la cofradía jamás existió. Con el sobreseimiento del sacerdote Armijo quedó demostrado que la acusación carecía de fundamento, pues no existía la organización llamada La Cofradía, desestimándose la figura de asociación ilícita criminal.

Respecto a los sacerdotes Correa y Bonomo se pudo acotar que nunca estuvieron involucrados con menores de edad, indicó el fiscal en ese entonces.

Dos meses más tarde, la mañana del domingo 25 de noviembre, el Obispado de Rancagua informaba del fallecimiento del sacerdote Fernando Armijo de San Vicente, quien había perdido la vida luego de haber sufrido un accidente en su domicilio el día sábado 24. El sacerdote habría sufrido una caída golpeándose su cabeza, lo que le provocó una descompensación que finalmente le provocó la muerte.

A pesar de dolor y de la pérdida de un sacerdote que era inocente, para la conciencia colectiva eso no quedó muy claro, ya que no lo volvieron a ver en su parroquia haciendo misas, pues a pesar que la  Justicia Civil había dicho que era inocente, no se le reincorporaron sus derechos sacerdotales y la muerte llegó primero.

Finalizando el año, el jueves 31 de enero, en el Juzgado de Garantía de Pichilemu se realizó la audiencia de sobreseimiento para cinco sacerdotes más vinculados en la investigación que indicaba posibles abusos sexuales contra menores de edad. Se trataba de cuatro audiencias solicitadas por el Ministerio Público y una por la Defensoría. En este último caso se debía discutir el sobreseimiento, mientras que para los cuatro restantes quedó estipulado el sobreseimiento definitivo. 

Se trataba del Padre Héctor Pulgar de la parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua, al que se le investigaba por una supuesta relación con un ahijado. La fiscalía investigó un posible abuso sexual lo que tras peritajes del OS-9, y entrevistas con la supuesta víctima quedo totalmente desacreditado.

El caso del sacerdote Ernesto Castro de la parroquia San Nicodemo de Coinco, se investigó posibles fraudes de cuentas de la Iglesia, las que se periciaron sin arrojar irregularidades. El caso del Padre Robinson Piña de la parroquia San José de Chimbarongo, se le imputaba haber realizado varios viajes al extranjero y haber adquirido una camioneta. El sacerdote quedó sobreseído, ya que se constató que no había irregularidad en la obtención de dineros.  Mientras que al presbítero Hugo Yáñez de la parroquia San Agustín de Rancagua se le vinculaba con un acólito menor de edad, investigación de abuso sexual que quedó desacreditada luego del informe del OS-9.

En cuanto a la audiencia que fue solicitada por la Defensoría para el sacerdote Miguel Ángel Riveros, párroco de San Enrique de Chimbarongo, el OS-9 realizó pericias sin establecer hechos. No obstante, el Ministerio Público se opuso a su sobreseimiento, por falta de antecedentes.

Así, pendiente desde el 31 de enero estaba el sobreseimiento del sacerdote Riveros, a quien se le  imputaba haber traído a un joven colombiano sin su consentimiento, situación que quedó desestimada por versiones de la misma supuesta “víctima”. De este modo, el 29 de abril de 2019 el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación dado que no se pudo comprobar ni acreditar ningún delito y finalizó la investigación contra el sacerdote, sin encontrar delito que atribuirle, por tanto no se podía formular acusación, situación que lo desvincula de esta causa al igual que ha ocurrido con otros 7 sacerdotes.

DE LOS 14, VAN 8 SACERDOTES INOCENTES

A la fecha, de los 14 sacerdotes vinculados al caso Cofradía, 7 han sido sobreseídos definitivamente, se trata de Gino Bonomo de Pumanque, Aquiles Correa de La Compañía, Ernesto Castro de Coinco, Robinson Piña de San José de Chimbarongo, Hugo Yáñez de la parroquia San Agustín de Rancagua, Héctor Pulgar de la parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua y Fernando Armijo de San Vicente, este último actualmente fallecido. Todos los anteriores fueron restituidos en sus cargos pastorales o parroquias, menos el padre Héctor Pulgar  que nunca estuvo suspendido de sus funciones. En cuanto al padre Miguel Ángel Riveros de San Enrique de Chimbarongo, se decidió no perseverar en la investigación; este último sacerdote fue restituido en sus funciones en la parroquia San Enrique de  Chimbarongo el pasado jueves 9 de mayo de 2019.

No obstante, quedan 6 casos pendientes en la justicia civil, dentro de ellos se encuentran Héctor Fuentes (Peumo); Fredy Gorigoitia (San José de El Manzano) y Luis Rubio (Paredones). Estos tres casos fueron a Roma, a los que el Papa Francisco les concedió la dimisión que habían solicitado, perdiendo así el estado clerical, dejaron de ser sacerdotes, poniendo fin con ello a la investigación canónica. A estos tres casos pendientes en el ámbito civil, se les suman los presbíteros Pablo Donoso de Pichilemu; Óscar Zúñiga de Las Cabras y Cristian Catalán de San Fernando, en quienes sus investigaciones previas por parte de la Iglesia no han concluido.

Contactamos al Obispo Emérito, Monseñor Alejandro Goic, quien agradeció el espacio entregado; no obstante, declinó entregar entrevistas declarando “Confío en que antes se esclarezca y resplandezca la verdad total”.

Cabe consignar que en el marco de las crisis que vive la Fiscalía Regional de O’Higgins es que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott tomó una serie de determinaciones y será el Fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien se está haciendo cargo de las causas de posibles abusos en la Iglesia Católica que se investigaban en la Fiscalía Regional de O’Higgins y que encabezaba el suspendido Fiscal, Emiliano Arias. Esto fue informado el viernes 10 de mayo a nivel nacional.

• El diputado de Revolución democrática integrará la comisión investigadora de la cámara que busca esclarecer las acciones de tráfico de influencia que se denuncian en el marco de la Corte de Apelaciones de la capital regional de O`Higgins.

Alejandra Sepúlveda
Foto: Marco Lara

Sin duda las denuncias que se han dado a conocer en los últimos meses de corrupción en la Corte de apelaciones de Rancagua, como son malas prácticas que implicarían influencia  de poder para designar cargos y controlar procesos por parte de diversos magistrados de las máximas salas de justicia de la región de O`Higgins, no ha dejado indiferentes a nadie y , es por ello, que además de las actuales investigaciones que se llevan en forma administrativas como legales, se le sumará un comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la cual ya eligió a sus integrantes.  De esta forma la entidad estará conformada por los diputados Alejandra Sepúlveda (FREVS), Loreto Carvajal (PPD), Carmen Hertz (PC), Pablo Vidal (RD), los socialistas Marcelo Díaz, Marcos Ilabaca y Leonardo Soto; los UDI Issa Kort, Javier Macaya y Ramón Barros; y los RN Gonzalo Fuenzalida, Ximena Ossandón y Diego Schalper.

Con respecto al tema el Diputado de Revolución Democrática (RD), Pablo Vidal, en su visita a Rancagua explicó el objetivo de esta comisión y cuáles serán sus atribuciones. El parlamentario señaló que por mandato constitucional la comisión solo puede investigar actos del Gobierno, pero que existe la posibilidad de entrevistar a personas de “otros poderes”. “A nivel nacional no se entiende lo que está pasando acá, cuando el fiscal (regional) Arias hace unas semanas era un superhéroe y ahora es el villano, se confunde lo que hace el Poder Judicial con el Ministerio Público en su accionar y necesitamos entender aquí cual fueron las motivaciones por la que se crea esta red de tráfico de influencias, que incluso ha sido ligada  con narcotraficantes, políticos y fiscales, estamos hablando de una red extrañísima de conversaciones entre distintos poderes del estado y no debió ocurrir” .

Sobre los próximos pasos de la comisión parlamentaria, Vidal explicó que la próxima semana  se elegirá al parlamentario que la va a presidir, donde a su parecer la diputada de la región de O`Higgins, Alejandra Sepúlveda, debería estar a la cabeza.

El diputado representante del RD destacó que uno de sus temores es que los actos de corrupción denunciados en O`Higgins no sean hechos aislados “espero que  lo que hemos visto en O’Higgins no sea solo una muestra de un acto de corrupción que está generalizado y naturalizado en el país y eso es lo que nos preocupa y creo que ese es el caso, porque cuando tú ves que hay involucrados parlamentarios, ministros que aunque en ese momento no hayan sido ministros ejercen poder. Por eso que este tumor hay que extirparlo lo más rápido posible para que no siga expandiéndose en otras aéreas del país”.  

Pablo Vidal agregó que cree que los controles de las instituciones no son suficientes y que “por los abusos de poder que se han dado a conocer sonde la gente se las  ingenia para saltarse los controles formales. Yo creo que de verdad la corrupción está generalizada, son actos de micro corrupción donde uno ve un comportamiento antiético de las autoridades a todo nivel, nosotros creemos como Frente Amplio que esta situación hay que combatirla con la máxima dureza posible, y donde ni un solo peso del presupuesto público puede estar destinado a algo distinto a lo que fue designado. Entonces acá insisto lo de Rancagua es una luz de alerta para el país completo”.

DE COMISIÓN A ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Pese a que la comisión investigadora solo puede investigar actos del gobierno, según Vidal, en ella se intentará recabar la mayor parte de información posible y si es necesario se llegará a buscar acusaciones constitucionales para los que estén vinculados a cosos de tráfico de influencia o, llanamente corrupción.  “Lo podemos hacer es tener un espacio abierto para escuchar  a todas las otras partes o autoridades o entidad posibles que puedan aportar información útil para la construcción de las conclusiones y ahí queremos ampliar el espacio, los acontecimientos posteriores nos puede ampliar para investigar los vínculos a otras esferas de poder. A las autoridades de gobierno las podemos citar a las sesiones, pero a otras solo invitar y serán ellos los que decidan si pueden o no pueden ir y esperamos que todos asistan”.

Agrando que “y si vemos que existe información que incluso se pudiera abrir una acusación constitucional, yo estoy disponible a impulsar esas iniciativas, pero creo que lo primero es recopilar y conocer la información respecto al mandato de la comisión y luego vemos donde sigue”.

Las causas de la corrupción de Rancagua

Para el parlamentario de 34 años una de las causas de los conflictos de Rancagua es la falta de caras nuevas, “más bien se repiten desde hace 30 años y lo que nosotros queremos es ofrecer desde el  Frente Amplio una mirada distinta que no ha sido parte del poder o juegos de corrupción. Por ello que queremos que con las manos limpias poder mirar de cara a la gente de la región de O’Higgins y decirles que nosotros queremos saber la verdad y que se identifiquen los responsables de todos las estas acciones”.

Ni con Maduro, Nicon Guaidó

Pablo Vidal Rojas, es parte de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputado, y tiene una postura muy diferente a la del actuar gobierno frente a los hechos políticos que se han registrado en Venezuela en los últimos meses, el parlamentario señaló que no comparte la postura del partido Comunista, pero también condena que el Gobierno de Sebastián Piñera haya recocido a Juan Guaidó como legitimo presidente del país en conflicto.

“Nosotros venimos desde hace tiempo denunciando que la situación que está sucediendo en Venezuela es una crisis profunda, donde tenemos a un presidente como Nicolás Maduro que termina convirtiéndose en un dictador , aprovechándose de todos los poderes del estado y realizando violaciones sistemáticas del Derechos Humanos constatados por distintos organismos internacionales . Nunca la solución para esa situación ha sido la fuerza, o reconocer a Juan Guaidó como presidente”.

El representante del Frente Amplio explicó que el busca que se agoten todas las situaciones de diálogos posibles “ lo que hemos visto esta semana es un Juan Guaido que levanta militares como una forma pacífica, cuando lo que está haciendo es quebrar el ejército para forzar la salida de Maduro y por otro lado Maduro e un porfiado y no quiere salir. ¿Qué es lo que necesitamos? que alguien se ponga en la situación del pueblo venezolano”.  El parlamentario finalizó haciendo un llamado al Gobierno de Chile a retomar una posición pacifica  señalando que “Espero que Chile tome la posición que siempre ha tenido que es facilitar de diálogo y entendimiento,  No un Chile en la trinchera junto a Colombia y EEUU pidiendo una desestabilización de Venezuela, sino que un Chile ojala alineados con México, la Unión Europea y Uruguay”.