Por: Felipe Alvear Silva
Muchos no saben, pero cuando una persona es detenida tiene dos posibilidades para realizar su defensa ante los Tribunales: contratar a un abogado particular o recurrir a los servicios profesionales de los juristas de la Defensoría Penal Pública. Creada durante noviembre del año 2003, la DPP ha atendido a cerca de 800 mil personas durante este tiempo —casi un 10 por ciento de la población regional—, cumpliendo una función elemental dentro de la Reforma Procesal Penal.
Durante este tiempo, la DPP no sólo ha atendido a esta importante cantidad de personas, sino que ha participado en la importante tarea de la reinserción de los internos que cumplen condenas, y que necesitan de una oportunidad en la sociedad para no volver a caer en la cárcel, lo que forman los peligrosos “círculos viciosos”. Talleres, actividades deportivas y culturales, son sólo alguna de las actividades que realiza la defensoría, que día a día mejora para entregar una mejor atención a las personas.
Para conocer un poco más de la actualidad de la DPP, conversamos con el Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y Magister en Derecho Penal de la Universidad de Chile, el Defensor Regional Alberto Ortega, quien se refirió a los logros, fracasos y por sobre todo a los desafíos que tiene esta importante institución que forma parte importante del proceso judicial, porque tal como dice su slogan, “sin defensa no hay justicia”.
¿Cómo está la situación actual de la DPP respecto a los usuarios?
Tenemos un problema con la falta de conocimiento o la falta de difusión de la existencia de la DPP, a pesar de que hemos hecho un gran esfuerzo durante estos años para difundir que existe este servicio gratuito y que trata de prestar un servicio de calidad a la gente. Hay muchas personas que son detenidas, y sus familiares comienzan a buscar dentro del servicio privado, muchas veces estas personas son de escasos recursos. La DPP siempre ha querido decirle a la población que puede contar con un servicio de calidad y gratuito si no pueden pagar.
¿Cómo está la situación de la DPP respecto a las otras instituciones judiciales?
Nosotros siempre hemos dicho que nosotros como Región de O’Higgins tenemos un patrimonio muy importante, que siempre hemos querido cuidar, y que es el de las buenas relaciones entre las instituciones judiciales: el Tribunal, el Ministerio Público, la Defensoría y las policías. Estas palabras no son fórmulas elegantes para evitar conflictos, que hay, sino que es una verdad. Siempre hemos tenido instancias para conversar, especialmente ahora que la seremi de Justicia María Isabel Coeymans está tratando de articular las mesas de la Reforma Procesal Penal, para analizar los baches que hay que arreglar, y que son muchos: procedimiento, trato de imputados, trato de gente que cumple condenas, y problemas de carácter doméstico, entre otras. Lo bueno es que no peleamos, y no peleamos porque nos llevamos muy bien. El fiscal Luis Toledo es muy afable, escucha muy bien, así que no tendremos problemas en el trato.
¿Qué opina de los deseos de un trabajo conjunto entre ambas policías?
Nos parece bien el trabajo a favor de la seguridad ciudadana, en eso la DPP jamás se va a oponer, menos en temas como el narcotráfico. Lo que nos preocupa es que en al afán de otorgar esta protección, se produzcan situaciones en que se afecte el derecho de los ciudadanos, que no están vinculados, pero lo sufren. No nos gustan los temas de las detenciones masivas; en algún momento nos opusimos a los controles masivos en Pichilemu, del Plan Estrella, que tenía controles con gente de la PDI para revisar a los pasajeros de los buses incluso con perros, y eso es algo indigno e ilegal, porque para encontrar a dos microtraficantes no podemos molestar a 50 personas honestas.
¿Qué opina de las nuevas políticas del Gobierno sobre el aumento de la seguridad pública y su repercusión en las cárceles?
Tenemos casi un 70 porciento de sobrepoblación en las cárceles de la región, hay más de 3 mil personas encarceladas, lo que para una región de 780 mil personas, es un numero que la propia ONU señala que es algo preocupante. No hay problemas en la persecución de los delitos graves, pero no podemos utilizar la cárcel para bagatelas, como delito con lesiones porque no son temas de cárcel. La saturación de los recintos penitenciarios entorpece el poco o nulo trabajo de rehabilitación de los internos, con los que realmente merecen tener una intervención del Estado, que tienen buena conducta y cumplen sus condenas, para que puedan tener una resocialización que les permita reinsertarse.
La nueva licitación de defensores
La Defensoría Penal Pública de la Región de O’Higgins tiene un total de 35 funcionarios para las tareas de alegatos. Del total sólo 7 son defensores penales directos de la DPP, ya que otros 7 son abogados licitados y 18 trabajan bajo convenios directos con otras instituciones; además, hay 3 más que trabajan en los temas de defensorías juveniles. Pero las falencias que ha dejado este sistema, ha obligado a la DPP ha cambiar su forma de tratar los contratos de sus defensores, a través de una nueva licitación.
“Hay un cambio importante en la nueva licitación de defensores. Desde el 2003 —año en que comenzó a funcionar la DPP— hemos trabajado desde la externalización de los servicios de defensa, ya que la DPP no tiene la capacidad para cubrir todas las necesidades de la región, por lo que hemos recurrido a abogados licitados. Esto había estado ejecutándose durante los últimos seis años, y nos ha dejado una experiencia, en la necesidad de mejorar. Ahora nosotros hacemos una licitación que mide la capacidad de los oferentes, pero al final gana el precio más bajo, y se les paga según la salida; eso tenía sus problemas, ya que en ocasiones era un estímulo perverso en que afectaba la calidad porque lo hacían rápido”, indicó el defensor.
De acuerdo a lo expuesto por la DPP, los características principales del nuevo sistema de licitación serán tres: el contrato de los servicios que será cancelado de acuerdo al avance de las tareas; la competencia tendrá una nueva relevancia respecto a los aspectos técnicos, de experiencia y de especialidades que presente el oferente; y dará incentivos a los funcionarios que tengan buen desempeño.
“Ahora se ofrecerá el pago de una cantidad periódica por un servicio en que se deben cumplir ciertos estándares de calidad, temas administrativos y de gestión, por lo que recibirán un presupuesto mensual. Otra de las variantes que nos parecen alentadoras, es que el precio ya no va a ser relevante, sino que se equilibrará la experiencia y la oferta técnica; el que ofrezca la mejor experiencia y más estudios. Todo para tener funcionarios de mayor calidad, ya que queremos que nos aseguren un mejor servicio, porque los que reciben las prestaciones son los ciudadanos”, concluyó el Defensor Regional Alberto Ortega.
