– Los 19 detenidos de la banda que se dedicada a la comercialización ilegal de pasta base de cocaína en la capital regional, quedaron bajo arresto por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de drogas. Ocho meses será el plazo de la investigación dictaminada por el juez Mauricio Silva.
Hugo Soto
Fotos: Marco Lara
Tras la audiencia de formalización, que se prolongó por más de siete horas ayer en el Tribunal de Garantía de Rancagua, el juez Mauricio Silva resolvió dejar en prisión preventiva a los 19 integrantes del “Clan Marconi”, quienes el pasado miércoles fueron aprehendidos por funcionarios del OS7 y del GOPE de Carabineros tras un operativo policial registrado en el sector nororiente de la capital regional y la localidad de Coya.
El líder la organización, Marco González (55), alias “Marconi” y los restantes miembros, entre ellos, hijos, yernos y familiares del cabecilla, quedaron en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita de la Ley 20.000, lavado de dinero y tráfico de drogas. En tanto, Mercedes Bustamante (60), esposa de González, mantendrá arresto domiciliario con obligación de firmar una vez por semana, además de tener orden de arraigo.
Considerada, a la fecha, como la principal banda organizada de narcotráfico en la capital regional, era investigada por la Fiscalía desde noviembre del año pasado, donde con el pasar de los meses se estableció que efectuaban los ilícitos desde la población Manuel Rodríguez, contando con la colaboración, en distintos grados, de ocho integrantes de la red ilegal.
Dentro de la organización también participaban el ex funcionario judicial, Eduardo Valdenegro, quien según señala la acusación presentada por la fiscalía habría prestado protección jurídica a los integrantes, y el gendarme Juan Carlos Soto, cuya función –según la fiscalía- habría estado ligada a permitir el acceso de drogas y especies a la cárcel de Rancagua a cambio de dinero. A su vez, la banda contaba entre sus miembros con representes encargados de cuidar la parcela ubicada en Coya y efectuar el transporte los estupefacientes para su posterior comercialización.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, la familia “Marconi” se financiaba principalmente de los dineros recaudados en el almacén “La Toty” de la Población Manuel Rodríguez, cuya facturación llegaba a los 90 mil pesos al mes, dineros que no eran consecuentes con su patrimonio cercano al millón de dólares. En el marco de la investigación, la Fiscalía constató que con la venta del ilícito obtenían cerca de 11 millones de pesos mensuales.
Cabe señalar que tras el operativo policial de hace algunos días atrás, se incautaron en el almacén cerca de 15 millones de pesos en efectivo, 9 automóviles y 2 motocicletas, cuatro armas de fuego y cerca de un kilo de pasta base de cocaína que equivale a cerca de seis mil dosis, más algunos gramos de marihuana.
La formalización se realizó bajo fuertes medidas de seguridad en el recinto de la capital regional, el juez Mauricio Silva dictaminó que habrá un plazo de ocho meses para la investigación.
Fiscal Regional, Luis Toledo: “Estamos satisfechos con la resolución”
Respecto a lo peticionado por la Fiscalía, en cuanto dejar a los 19 imputados en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad, el Fiscal Regional Luis Toledo señaló que “estamos satisfechos con la resolución. El propósito de la Fiscalía en materia de persecución criminal en los delitos de tráfico y microtráfico, no es sólo quedarnos con la incautación a través de los procedimientos policiales, si no que ir más allá”, dijo Toledo referente a lograr el blanqueó de capitales.
El Fiscal Regional explicó que lo importante es “llegar hasta el financiamiento de capitales que se logra por el tráfico de drogas en definitiva, bajo la apariencia de personas de trabajo y de bien. Lo que se ha logrado acá con un trabajo del OS7 y que la Fiscalía está privilegiando, es que se desarrolle una intervención que vaya directamente a recabar información por lo obtenido con el tráfico de drogas”, precisó.
En relación al ex funcionario judicial, Eduardo Valdenegro que formó parte del “Clan Marconi”, éste agregó que “él tenía una función clara en la red que era brindar protección tanto dándoles a conocer procedimientos policiales que se encontraban en curso para brindar las medidas de prevención. Y además les informaba respecto a procedimientos judiciales en curso tanto de las personas que de la banda como de terceros que se vinculaban con la organización para mantener su silencio”, sostuvo.
Ocho meses durará la investigación del “Clan Marconi”
Luego de la determinación tomada por el juez en la audiencia de formalización se establecieron ocho meses como plazo para llevar cabo las investigaciones respectivas. A partir de las medidas cautelares otorgadas en la maratónica jornada de ayer, el defensor Gabriel Henríquez manifestó que “esta defensa se ha allanado a la pretensión del Ministerio Público, eso obedece no solamente a los antecedentes sino a la postura que hemos establecido”, declaró el abogado.
En esa línea indicó referente lo que viene que “la investigación es un periodo que el Ministerio Público va sentando los hechos, reuniendo los antecedentes que permitan ya sea establecer la inocencia o la culpabilidad de un imputado, por lo tanto establecida la inocencia o la modificación de su responsabilidad en el curso de la investigación, pienso que es posible una libertad”, añadió Henríquez.
Por su parte, la abogada de cinco de los imputados en el caso, Heilhue Sukni declaró que “ellos tenían derecho a la libertad, por lo menos tres de los que defendí. Toda vez que no había participación respecto a lo que formalizó el Ministerio Público. Habían cónyuges de las hijas de Marco González que no tenían nada que ver con los hechos, por ser parejas de ellas se les involucró en la organización”, indicó, agregando que “la cantidad de bienes incautados fue bajísima tratándose una banda considerada como peligrosa”.
