Daniella Girardi
El miércoles 1 de septiembre la Cámara de Diputados despachó al Senado los dos proyectos de ley que declaran los días 19 y 20 de septiembre feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio durante las fiestas patrias del Bicentenario.
Luego, al día siguiente, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó la iniciativa, por lo que se estima que debiese ser votada a mediados de esta semana por la Sala. Ante esta decisión, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile expresa que “el comercio es el canal que permite abastecer a la población del país de manera eficiente los productos que requiere para sus necesidades fundamentales, por lo que debe ser entendido como un servicio básico”.
Por lo tanto, afirma que cerrar el comercio como supermercados, panaderías, carnicerías y botillerías durante más de tres días consecutivos (entre el viernes 17 de septiembre a las 19:00pm y el martes 21 de septiembre a las 6:00am) “no sólo conlleva el riesgo de interrumpir los procesos de abastecimiento, sino de obligar a la población de todo el país a abastecerse de manera apresurada, más cara, insuficiente y con mayores riesgos sanitarios por la falta de cadena de frío”.
La Cámara además reclama que la paralización tan prolongada del comercio provocará también una demora en la normalización del abastecimiento posterior al feriado, con sus consecuentes molestias para la población. Por otra parte, señala que es incomprensible que se obligue al comercio de la zona afectada por el terremoto a cerrar justo cuando se encuentra en pleno proceso de recuperación de actividad.
Así, el presidente de la Cámara Regional de Comercio, Rodrigo Zúñiga, señala su malestar por la posible decisión: “El feriado del lunes 20 nos afectaría muchísimo, y no sólo a nosotros, sino que a toda la ciudadanía. Como país perdemos muchos millones de dólares por algo así. Además, es desleal para nosotros, ya que hay otros rubros que siguen funcionando, como la minería, los aeropuertos, pero a nosotros nos paran”.
Finalmente, la Cámara de Comercio solicita a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo que la decisión que adopten en esta materia considere prioritariamente el bien común, “incluyendo el derecho del comercio a desarrollar sus actividades con normalidad, lo que involucra también los derechos de sus trabajadores, para muchos de los cuales el no trabajar en esos días significará una pérdida de valiosos ingresos para sus presupuestos familiares”.
