– Los parlamentarios de oposición pedirán al contralor investigar el destino de los dineros provenientes de la ley especial para compensar los subsidios al Transporte capitalino. En tanto ambos también se refirieron a las marcadas diferencias de precios en los combustibles en regiones, y especialmente en la ciudad de Rancagua.
Tania Arce Saavedra
Fotos: Nico Carrasco
Este jueves se produjo una nueva alza en los combustibles. Eso sí, no hubo disparidad en los cambios de precios para regiones y Santiago, como había ido sucediendo en semanas anteriores. Pero, eso no quita que actualmente exista la impresión dentro de la opinión pública, de que entre los valores de los combustibles para la Región
Metropolitana y el resto del país, haya diferencias notables. Si a esto sumamos que además la Capital recibe importantes subsidios para el transporte público, sería posible asegurar entonces que para las autoridades simplemente “Santiago es Chile”. Más aún cuando las diferencias en los precios de las bencinas son mucho más notorias en la ciudad de Rancagua, donde ésta cuesta hasta 40 pesos más que en otras localidades.
Ahora bien, en el caso del transporte público esto se debiera paliar con la ley 20.378, la que fue creada para aportar un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. Sin embargo, en el caso de las diferencias en los precios de los combustibles, no existe subsidio ni compensación alguna. Y es más, para ciertas autoridades incluso se podría estar hablando de “colusión” de precios.
Los diputados Ricardo Rincón (DC) y Juan Luis Castros (PS) han demostrado una especial preocupación por estos dos temas, y es por eso que accedieron a entregar detalles de sus gestiones ante este problema. En entrevista con El Rancagüino, ambos coincidieron en que “hay serios problemas de centralismo por parte del Estado de Chile”.
Los dineros del Transantiago
En el caso del problema del subsidio al transporte, ellos relataron que existen casi de seis mil millones de pesos que fueron adjudicados para la región a través de esta ley especial creada para compensar el financiamiento que se entrega al Transantiago. Sin embargo afirman que esos recursos no se están utilizando y eso a juicio de ambos “es un abuso”. Señalaron que esta actitud de parte de la autoridad “provoca un menos cabo hacia todos los habitantes de la región”. En este sentido, Juan Luis Castro, contó que “hay casi 500 mil millones de pesos comprometido en la ley del Transantiago para ser transferidos como subsidios a las regiones. Estos no se han ejecutado, y significan un detrimento en las tarifas de los precios que pagan los usuarios (…) y una desigualdad en comparación con el Transantiago, en las condiciones de los transportes tanto urbanos como rurales de la región”.
Al respecto el diputado Ricardo Rincón señaló que “en el caso del transporte público, existe un Transantiago que recibe subsidios que terminamos pagando todos los chilenos. Creo que aquí hay una situación paralela tanto con el transporte público, como con el privado. Y este es un problema del Estado de Chile, no del Gobierno. Todos los gobiernos han sido tan centralistas que tienen estos beneficios encapsulados para Santiago, que no se entienden”. Aclaró que los dineros asignados para las regiones deben ser utilizados en el mejoramiento del transporte mayor, mencionando por ejemplo el subsidio para los quintiles más bajos, el transporte escolar, el transporte del adulto mayor, la construcción de mejora en la infraestructura (ciclovías) y recambio de las máquinas. “Hay casi seis mil millones de pesos que están en esta ley y no se han ejecutado. La ley de presupuesto se puede redistribuir, pero una ley especial no y esta lo es” puntualizó el demócrata cristiano.
Es por eso que los parlamentarios decidieron hacer una presentación en la Contraloría. Esto, con el fin de verificar lo que “a nuestro juicio es una irregularidad de carácter administrativo jurídico y técnico, de modo tal que queremos que ante esto sea el contralor quien se pronuncie al respecto y podamos saber así hasta donde pueden haber responsabilidades políticas, administrativo y jurídico de parte de la autoridad” señaló Castro. Advirtió que no es posible que a la fecha, no hayan llegado los recursos, “sobre todo cuando han pasado siete meses desde el terremoto, habiendo el congreso aprobado una ley de reconstrucción y habiendo además una ley especial para el Transantiago”.
Los combustibles
Respecto a los precios de los combustibles y las evidentes diferencias en la ciudad de Rancagua, respecto al resto del país, los diputados tienen la certeza que el problema amerita una investigación seria de parte de la Fiscalía Nacional Económica.
El socialista en tanto se mostró muy preocupado, en especial por lo que ocurre puntualmente en Rancagua. “Yo creo que aquí hay una situación que se ha ido perpetuando en el tiempo, y éstas (las marcadas diferencias de precios) ameritan una investigación a fondo hacia las distribuidoras. Si bien es cierto cada una de ellas tiene libertad de fijar precios, pero cuando aparece una situación curiosamente concertada o que se da en los hechos en una práctica de concertación de precios, hay que buscar si hay o no vicios de ilegalidad respecto la ley antimonopolio—dijo— En ese sentido no puede ser que en la bomba de San Francisco tengamos una diferencia de entre 30 y 40 pesos con una bomba de Rancagua”.
El médico advirtió además que a ellos ( los distribuidores) nadie los fiscaliza. “Ellos aluden a que hacen uso de su libertad de tarifas. Y evidentemente ellos hacen uso de esa libertad, pero siempre aparece un perjuicio hacia los usuarios, que salen 15 o 20 kilómetros de Rancagua y pueden ver esas grandes diferencias”.
Castro finalizó asegurando que “esta es una de las ciudades más caras en bencina, esto es una situación anómala y están pagando todos los habitantes de Rancagua y en general de regiones”.
En el caso de los combustibles en tanto, Rincón dijo que la gravedad de esto repara en el hecho de que “el Estado compra petróleo para Chile a través de ENAP, ( Empresa Nacional del Petróleo) y que es una empresa del Estado —dijo—no obstante esto, Santiago tiene este beneficio en que hemos llegado incluso a ver bajas decretadas para la Región Metropolitana”. Ricardo Rincón además recordó que entre más al sur las personas se desplazan, más notorias son las diferencias de precios en los combustibles. “Si nos alejamos de Santiago podemos apreciar estas diferencias, lo que es preocupante, sobre todo si pensamos en que las refinerías no están en la Capital precisamente” dijo.
“está claro que hay anomalías, y estas se producen desde el nivel central” finalizó el diputado por el distrito 33.
Finalmente los parlamentarios exigieron al Ministerio de Transporte, concretar cuanto antes, la entrega de recursos a los gobiernos regionales, en virtud de lo dispuesto en la ley antes mencionada.
Ante la arremetida de los parlamentarios de oposición desde el Ministerio de Transporte hubo respuesta inmediata. Wladimir Morán, Seremi de transporte fue quien respondió a los diputados: “Aquí hay un tema de desconocimiento tanto de la ley como de los tipos de subsidios. Ellos —los parlamentarios—no se han comunicado conmigo. ( …) la ley 20.378 estableced en sus artículos cuarto y quinto que estos dineros deben ingresar a las arcas de la región, y es el Core quien define lo que se hace con esos recursos. Desde 2009 tenemos 1876 millones de pesos para O´Higgins, y estos recién llegaron en mayo, debido a un atraso generado desde el gobierno anterior”. Román contó que los recursos de 2010 debieran ingresar en octubre, pero que a su vez se han destinado importantes dineros en las mejoras del transporte en sectores que se denominan “zonas aisladas”. En este sentido la autoridad aclaró que se entregado servicio a 20 lugares con problemas serios de conectividad, entre las que se cuentan las comunas de Navidad, Litueche y la localidad de Chacayes. Además se han licitados servicios de transporte escolar beneficiando a nueve colegios y con 32 proyectos más en cartera para 2011. “Además estamos pidiendo una reserva de mil millones para “descharraizar” el parque, pues al final de este año, un 30 por ciento de las máquinas deben salir de circulación por antigüedad” puntualizó el Seremi.
En cuanto al problema de los precios en los combustibles, Wladimir Román insiste en que está de acuerdo con aquellas posturas que hablan de una eventual colusión de precios de las distribuidoras, “ya que ENAP les vende el combustible refinado, y ellas son las que fijan finalmente los valores, por lo que de comprobarse que hay un acuerdo previo, hay que investigarlo”. Adelantó además que esta tarde tendrá una video conferencia con la Fiscalía Nacional Económica, en la que se le pedirá formalmente que investigue el asunto.