El titular de Desarrollo Social y Familia, cartera que coordinó el proceso llevado a cabo entre el 22 de mayo y el 11 de julio, se refirió al rechazo que generó la etapa de participación, respecto a los cambios a realizar a la ley que protege a los pueblos originarios. La principal crítica de estos últimos es que el Gobierno pretende legalizar la venta de tierras ancestrales a privados o eventualmente posibilitar su arriendo por más de dos décadas.

Marcela Catalán

El nuevo ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez, visitó la región para participar en una serie de actividades. Entre éstas, se reunió con el intendente Juan Manuel Masferrer y con funcionarios locales de su cartera. Luego estuvo con Margarita Mancilla, beneficiaria rancagüina del Programa (sectorial) de Habitabilidad. Lo anterior, pues en el marco de dicha directriz se realizaron diferentes arreglos a su vivienda, en pro de brindarle una mejor calidad de vida.

Más tarde el secretario de Estado se trasladó a San Fernando, para encabezar la inauguración de la Residencia para Personas en Situación de Calle. Se trata de un componente del Programa Noche Digna, con el fin de que los ciudadanos en estas condiciones puedan superar dicha problemática y reinsertarse mejor en la sociedad. Es la segunda implementación de este tipo en O’Higgins. Antes abrió una en la capital regional.

Entre todas estas actividades, el ministro conversó con Diario El Rancagüino. En la ocasión destacó que ésta es su segunda salida fuera de la metrópolis, en el contexto de su reciente arribo al cargo más importante de su cartera.

Respecto a su reunión con una beneficiaria del Programa de Habitabilidad, la autoridad resaltó que “busca mejorar el entorno” donde vive la persona favorecida, por lo que arreglan las condiciones sanitarias de la edificación y también su distribución. A la ayuda pueden acceder “quienes están en el Programa Seguridad y Oportunidades”, los 500 mil chilenos más pobres. El catastro es efectuado por los municipios. En la región, 134 familias han podido recibir esta asistencia.

Sichel adelanta que pronto anunciarán “nuevas prestaciones” a incorporar en el programa. “Estamos pensando en entregar incentivos para el término de los años de escolaridad, fortalecer el financiamiento para mujeres jefas de hogar y mejorar el control preventivo de adultos mayores en salud, incentivándolos incluso con transferencias directas de dinero. Nos encontramos viendo cómo diseñar este modelo”, agrega.

Respecto a la residencia inaugurada en San Fernando, el ministro afirmó que en Chile hay 14 mil personas en situación de calle. La construcción tiene una capacidad para acoger a 15 beneficiarios y ya cuenta con 12 pernoctando allí. La iniciativa opera bajo la ejecución de Hogar de Cristo, apuntando a “gente que duerme todos los días” en espacios públicos. En la región, alrededor de 380 ciudadanos se hallarían bajo estas condiciones. “Estos hogares buscan ser centros de refugio, para que pasen noches más dignas y tengan una morada transitoria, mientras logramos sacarlos de estas circunstancias”, explicó. En sus palabras, muchas veces dicho estado obedece a problemas de salud mental, dependencia de drogas y/o alcohol, o a la pérdida de vínculos con parientes.

Por ello, argumentó que resolver el fenómeno implica “un trabajo sistemático mediante la construcción de albergues, para que las personas se adapten a nuevas disposiciones de habitabilidad”. Agregó que también se requiere “una salida final, lo cual estamos abordando con algunos pilotos que esperamos aplicar en regiones, a través de casas compartidas. La idea es que les permitan integrarse, a través de una vivienda”.

El ministro comentó que estas residencias además sirven para acoger a quienes continúan en las calles cuando hay temperaturas bajas muy extremas. Aquello ocurre en el contexto del Código Azul. Respecto a cómo ha funcionado este último en la zona, desde la cartera indican que ha operado en Rancagua, Graneros y Rengo. Es así como han atendido, en promedio por comuna, a 30 personas en la primera ciudad y a 20 en los otros dos lugares. A ellos se suma el abrigo que han otorgado en refugios a otras otras 70 personas, también en Rancagua, Rengo y San Fernando. En su mayoría, han sido varones.

Igualmente han debido prestar asistencia a dos familias venezolanas. Una de éstas pasó por dicha circunstancia la semana pasada, tras llegar recién a la capital regional. “Hoy se encuentran de manera provisional en un departamento del Ministerio de la Vivienda, mientras se instalan”, complementó la seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro.

Sobre las medidas que le interesa impulsar en esta segunda etapa del gobierno del Presidente Piñera, Sichel resalta que desea “aumentar la cantidad de prestaciones” en material del Programa Seguridad y Oportunidades. Además hace hincapié en que deben mejorar el acceso de la clase media a las ayudas estatales. “Sentimos que hay una gran oferta para ella, pero que la desconoce”. En ese sentido destacó el rol que cumplirá la web clasemediaprotegida.gob.cl, en pro de concentrar en una sola plataforma las garantías gubernamentales disponibles, ayudando a difundir las de otras carteras.

En materia de vejez, mencionó que “más del 75% de los adultos mayores son autovalentes”. “Por lo tanto, los Programa Adulto Mejor y el de Ciudades Amigables deben acelerar su implementación, porque el 75% de esa población se encuentra activa y será protagonista del futuro”.

INFANCIA Y SENAME
Respecto al Acuerdo Nacional por la Infancia, subrayó que considera cerca de 100 medidas. El titular destacó que la mesa respectiva es integrada por parlamentarios no oficialistas, como Gabriel Boric (FA), Patricio Walker (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD), además de María José Hoffmann (UDI) y Felipe Kast (Evópoli).

“La primera fase de la instancia fue suscribir los compromisos. Ahora viene el monitoreo del cumplimiento. La meta era que se incorporara toda la institucionalidad pública y poner a la infancia como prioridad”, manifestó.

En cuanto a la creación del Servicio de Protección de la Niñez, recordó que el proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional. “Estamos dándolo todo, con el fin de acelerar su aprobación, poniéndole todas las urgencias necesarias. El lunes (15 de julio pasado), se presentan las indicaciones. Nuestro desafío es sacarlo antes de los próximos tres meses”.

En relación a las palabras del ex titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, quien aseguró que la fiscalización sería fundamental en el contexto de la nueva entidad, Sichel argumentó que lo más importante es que “por primera vez se separa a los niños (que vienen) del proceso delictivo, de aquellos que necesitan ser cuidados por la ausencia de parientes o por sufrir carencias sociales. Se debe garantizar que ambos mundos no se crucen, además de que la institución cumpla bien los estándares exigidos”.

Agrega que el sistema integrará en el proceso de resguardo a familias de acogida. “Hay muchas que están disponibles para recibir a pequeños que lo requieren, o que perdieron vínculos”. A su juicio, estos núcleos podrían actuar “mucho mejor”, respecto a lugares donde los pequeños “son atendidos por muchas personas. Añade que igualmente podrían recibir un pago de parte del Estado. “Éste debe fortalecer el trabajo con esos grupos. Lo público no siempre lo hace el Gobierno, sino que lo hacemos todos para mejorar el bien común”.

En relación al cese de funcionamiento de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), respondió que en 2019 el Sename ha puesto candado a cinco. “Son los que han sufrido más crisis dentro del sistema. Nuestro compromiso es cerrarlos, porque el Estado no siempre tiene la especialidad para operarlos. Hay organizaciones de la sociedad civil que son expertas, las cuales llevan años en esto, siendo bastante más eficientes”.

CONSULTA INDÍGENA
Entre el 22 de mayo y el 11 de julio se realizó la fase de participación de la Consulta Indígena, proceso coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual se enmarca en la implementación del Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz de La Araucanía, impulsado por el Presidente Piñera. Sin embargo, al proponer modificar una ley que afectaría a todos los pueblos originarios, el Gobierno se vio en la obligación de convocar a todos estos a opinar sobre el tema. Lo anterior, según exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Chile lo ratificó en 2008, por lo que en la nación entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009.

La consulta generó crispación en diferentes lugares. En la Araucanía, ante el rechazo por parte de comunidades, Sichel debió suspenderla de modo momentáneo. Once fueron los puntos propuestos, pero uno generó más crispación: la posibilidad de legalizar la venta de tierras ancestrales a privados, o de arrendarlas por un periodo que podría superar las dos décadas. En O’Higgins también hubo descontento: en una reunión para abordar el tema con las autoridades, la mitad de los representantes de etnias habría abandonado el encuentro.

Según argumentan, la medida no cumple con los estándares del instrumento de la OIT. Enfatizan en que el proceso nunca fue solicitado por los pueblos originarios y que no desean que Ley Indígena sea modificada. “Es una de las pocas herramientas que tiene el Estado de Chile para proteger y salvaguardar los territorios que aún nos quedan”, declaró el lonco Marco Catricura.

Al respecto, Sichel respondió que hacer cambios a la normativa implica “una oportunidad de desarrollo” para estas comunidades. “Realizar esta consulta es un deber gubernamental y un derecho” de las etnias. “Seguimos adelante con este proceso de información. Ahora estudiaremos qué recibimos, para ver si las once propuestas fueron bien o mal evaluadas”.

“Eran 131 consultas las que se debían hacer en el país. En más del 60% de los casos se efectuaron. O sea, todas se realizaron, (pero) en algunas partes se permitió su desarrollo y en otras no, a pesar de que convocamos”. Agregó que el objetivo es “avanzar hacia tierras indígenas que los mismos pueblos puedan hacer productivas, entregándoles ventajas en el mediano plazo”.

De acuerdo con el Convenio 169, en 2018 el Presidente Piñera debía analizar si renovaba su aplicación en el país a partir de septiembre de 2019. Medios nacionales han indicado que el Mandatario no estaría a favor de extenderlo.

Acerca de esto último, la autoridad señala que el instrumento “está vigente en Chile. Nosotros sentimos que es un deber para el Estado y un derecho para los indígenas. No sólo lo cumpliremos, sino que es una herramienta para incorporarlos en los procesos legislativos, considerando su opinión. Por lo mismo hemos sido tan firmes en cuanto a realizar la consulta. La hemos implementado, incluso cuando ciertos grupos violentistas han negado la participación a otros. Hay muchos que hablan a nombre de terceros, manifiestan ‘lo que quieren estos pueblos, lo que les gustaría’. Pero cuando se efectúa esto, lo impiden. Con la excusa de que no están de acuerdo con sus contenidos, han intentado dañar el proceso. Como Gobierno, no lo toleramos”, remata.

El suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua señala no haber cometido ninguna irregularidad, contesta a cada uno de los cargos que le fueron formulados y señala ser victima de “una reyerta mortal originada en el Ministerio Público, destapada por una disputa de egos y poder”.

Alejandra Sepúlveda- Luis Fernando González

Poco había hablado el ministro Marcelo Vásquez de la compleja trama judicial en que se ha visto envuelto, juzgado mediáticamente dice no haber recibido la misma justicia que impartió durante sus más de 30 años en el poder judicial. En momentos en que la Corte Suprema deberá debatir su destitución entrega una amplia entrevista donde detalla la pesadilla que dice estar viviendo y al mismo tiempo contesta cada uno de los cargos que le han imputado administrativamente. Recordemos que a diferencia del ministro Elgueta él no ha sido formalizado por la justicia penal.

–              ¿Cree usted que ha sido injusta la forma como se ha llevado el caso, tanto judicial como públicamente?

Sobre mi persona recayó un manto de sospecha que es muy injusto. En este caso mis argumentos no han sido ponderados, y esta fue una investigación que se resolvió metiendo a todos en el mismo saco.

Compartir sala con un colega no puede ser objeto de sospecha, ni acusaciones de atentar contra el descrédito institucional del Poder Judicial.

Mi pesadilla partió por una denuncia anónima falsa, al parecer auto generada en el interior de la Fiscalía de Rancagua, presuntamente como una pseudo represalia por dictámenes ajustados a derecho en determinadas causas. Esta es una investigación armada y todo ha sido irregular, desde el hecho que fue más importante que retirara mis cosas personales a que se descubriera el disco duro de mi computador en la casa de un fiscal, trasgrediendo con ello íntegramente el reglamento de custodia y la rigurosa cadena de custodia de una evidencia, contaminándola de manera indiscutible.

Yo creo que aquí desafortunadamente la presión mediática influyó. Nos quisieron poner como ejemplo y es paradójico, porque de haber impartido justicia durante más de tres décadas, siento que, respecto de mi persona, no se ha impartido la misma justicia que yo impartí.
Siento decepción de haber instaurado una justicia equitativa, ecuánime, con respeto a los derechos inalienables de toda persona que en mi caso, a mi juicio, se han visto afectados, por filtraciones erráticas y con despropósitos de la sustanciación, estableciendo en forma anticipada juicios de culpabilidad.

Jamás pensé vivir esta pesadilla. Nunca había visto una investigación tan poco objetiva, donde me inventan cosas que jamás he hecho. Me he visto afectado por la cantidad de mentiras que buscan enlodarme y eso obviamente ha afectado mi vida.

–              ¿Por qué cree usted que este caso tomo un revuelo nacional, tan mediático?

Acá había información que se filtraba de forma mal intencionada y que nunca pude contrarrestar. La información que ha salido es errática, desproporcionada.

Lo que se ha sabido es sobre una reyerta mortal originada en el Ministerio Público, destapada por una disputa de egos y poder. En el fuero judicial mucho antes que pasara todo esto se sabía de esta lucha de protagonismos y yo creo que he sido víctima del afán de figuración de los protagonistas de este conflicto.

–              Quisiéramos saber, ¿Cuál es su estado emocional y como se encuentra luego de saber que su colega el ministro Albornoz, tomo la decisión de suicidarse?

La muerte de Marcelo Albornoz ha sido una desgracia, que me ha afectado profundamente y ha provocado un daño irreparable a su familia, amigos y colegas.

No voy a juzgar las razones que tuvo mi colega para tomar tal drástica decisión, pero el agobio y desilusión que sentía por todo lo suscitado en una indagación de índole administrativa, era inmenso.

–              ¿Cree usted que hay alguna persecución política o de algún otro tipo hacia su persona?

No creo ser sujeto de interés político porque ese mundo no es parte de mi entorno. Pero los hechos dan para sospechar de un interés por perjudicarme.

Yo soy respetuoso de las garantías del debido proceso, pero da para pensar sobre lo que se originó a partir de una denuncia falsa y cuando todo el proceso de investigación se inicia en forma irregular.

Yo como juez tomo decisiones y siempre hay alguien que queda insatisfecho.

“Mi pesadilla partió por una denuncia anónima falsa, al parecer auto generada en el interior de la Fiscalía de Rancagua, presuntamente como una pseudo represalia por dictámenes ajustados a derecho en determinadas causa”

–              Hablando judicialmente, ¿usted acepta algunos cargos que se le han presentado o los niega todos. Señalando que es totalmente inocente?

Lo de la inocencia no lo digo solo yo. En los cargos administrativos que se me imputaron, hubo una gran cantidad de Ministros de la Excelentísima Corte Suprema que estuvieron por absolverme, considerando que no existía falta alguna en las conductas que se me cuestionan, e incluso algunos de ellos por no abrir un cuaderno de remoción.

Siento que todo el escenario que se ha generado ha sido absolutamente desproporcionado.

Soy un profesional que jamás he actuado con negligencia en el cumplimiento de mis deberes ni con desacatos legales. Nunca fui objeto de presiones de ningún tipo en mis fallos judiciales.

Es ridículo pensar que arriesgaría 30 años de carrera y mi prestigio en el Poder Judicial por un cargo de suplencia en la localidad de Litueche.

–              ¿Estima que las disidencias de los Ministros en su favor, la entidad de las faltas, conjuntamente con su extensa carrera judicial, debería ponderarse en forma justa y proporcional, evitando su remoción?

Confío en que prime la experiencia de ministros de larga carrera, con una sabiduría inconmensurable, y que se imponga la objetividad, el carácter técnico y, que se juzgue a un integrante de la Judicatura por más de tres décadas de abnegada carrera con la proporción y objetividad correspondiente, como ha sucedido en otros casos, abstrayéndose de información errática y absolutamente desproporcionada.

–              La corte declaró inadmisible el recurso presentado para evitar la apertura del cuaderno de remisión, señalando que este tramité no sería gravoso, como sí lo sería el eventual fallo contrario al ministro Vásquez es decir su destitución. ¿Insistirán en este camino?

La Excelentísima Corte Suprema lo declaró inadmisible, sustentando aquello en que la sola apertura del cuaderno no producía perjuicio, ya que debe aún analizarse en forma objetiva la procedencia o no de la remoción, situación que se concreta ponderándose los informes requeridos a la Corte de Apelaciones y al suscrito, el que presentaré haciendo valer una multiplicidad de antecedentes profesionales y personales, conjuntamente con diversos documentos que adjuntaré.

Confío que serán debidamente valorados a fin de que se adopte la decisión más objetiva, justa, ecuánime y proporcional.    

«Confío en que prime la experiencia de ministros de larga carrera, con una sabiduría inconmensurable, y que se imponga la objetividad, el carácter técnico y, que se juzgue a un integrante de la Judicatura por más de tres décadas de abnegada carrera con la proporción y objetividad correspondiente».

–              ¿Qué es lo que espera del Tribunal Constitucional? ¿En algún momento se plantean ir a tribunales internacionales?

Todo está en evaluación, pero haré todo lo que esté a mi alcance para que se respeten los derechos inalienables que ostentamos todos los ciudadanos integrantes de un Estado de Derecho.

–              La ministra Maggi levantó cargo contra USTED como responsable de haber dictado el nombramiento de su hija como consejera técnico suplente, haber prestado concejos al entonces imputado Luis Arenas y haber modificado la integración de una sala de la Corte de Apelaciones, sin motivo legal. ¿Qué opina de estos cargos?

Le respondo en cada uno de los casos:

1. Dictamen del nombramiento de mi hija.

La Corporación Administrativa del poder Judicial recién en septiembre de 2018 estableció un criterio para designación de personas en cargos transitorios, un año después de firmar un único decreto en el que se autoriza a mi hija profesional, ejercer -en calidad de suplente- como consejera técnica del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche.

Antes de esa circular las inhabilidades de parentesco no se aplicaban al personal transitorio, así lo declararon todos los encargados del ente administrativo encargado de su reclutamiento y habilitación, como asimismo la misma Sra. Ministro Instructora cuando propone el sobreseimiento de los demás colegas que suscriben algunas designaciones, además que como auxiliar de la administración de justicia se le aplicaba una norma especial que no establece la inhabilidad que se indica, explicación que fue de la misma manera recogida por Ministros de la Corte Suprema que estuvieron por absolverme de aquel cargo, indicando que no había falta alguna.

Mi hija es trabajadora social de profesión hace cinco años, tiene un diplomado en Mediación Familiar, y ha trabajado en el Poder Judicial 11 veces en cargos de suplencias siempre en zonas rurales como Peumo, San Vicente de Tagua Tagua, Litueche y Rengo, entre otras.

Toda y cada una de las veces que postuló a cargos de suplencia en el Poder Judicial, declaró expresamente su grado de parentesco conmigo.

Todas las veces que mi hija ha trabajado en el Poder Judicial ha sido designada por otras personas. A mí solamente me tocó firmar, en una ocasión, un decreto avalado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El único decreto firmado por mí respecto al nombramiento en cuestión, fue hecho previa consulta a la Corporación Administrativa, quienes chequearon los requisitos y no advirtieron impedimentos para el nombramiento en Litueche.

Ella siempre fue seleccionada por sus excelentes calificaciones universitarias y laborales. Todos los jueces entrevistados por la ministra Maggi, señalaron que nunca recibieron presiones para su nombramiento, y que la volvieron a designar por su excelente desempeño.

Por ejemplo, la jueza Rode Ester Reyes fue la encargada de calificar la suplencia realizada por mi hija en Litueche. En todos los ítems evaluados, obtuvo nota 7 por su desempeño. En los fundamentos de su evaluación, la jueza indica lo siguiente respecto de Karla: “La funcionaria demuestra dedicación y compromiso, tanto con su trabajo como con el Tribunal, pese a ser suplente. Excelente conocimiento de la materia específica de Familia. Amable y de muy buen trato con los usuarios de este Tribunal así como en sus relaciones con el grupo de trabajo. Se la felicita por la labor desempeñada y por su vocación de servicio”.

Aquí no estoy hablando de una persona a la que se instaló en un cargo clave en una institución de una gran ciudad, hablo de una profesional que ha trabajado y ha tenido la disposición de hacerlo por más de tres años en suplencias en pueblos de zonas rurales.

Esta investigación nace de una denuncia anónima e infundada, la cual no resiste análisis sólo al considerarse la alta necesidad que tienen instituciones rurales de profesionales que no son llenados por falta de interés.

• Supuestos concejos al doctor Arenas

En el sumario está absolutamente comprobado que no tuve participación alguna en ninguna de las causas que le afectaron y en un eventual consejo que le dice una tercera persona, le expresa que lo oriento a cumplir estrictamente su medida cautelar.

Seis Ministros de la Corte Suprema estuvieron de igual forma por absolverme de ese cargo, estimando que no existía falta alguna.

• Integrar una sala

En mi calidad de presidente del Tribunal integré salas en 45 oportunidades distintas, solo entre marzo de 2017 y febrero de 2018. Esto indistintamente en la primera, segunda o tercera sala.

Cuando se integra una sala, como en las muchas ocasiones que lo hice, se deben ver todas las causas que existen en esa sala, cualquiera sea su relevancia o las partes que intervengan, y yo solo cumplí con tal deber. Además, esa causa no estaba radicada en esa sala.

Para mí era un caso común y corriente. Los jueces estamos para solucionar los casos emblemáticos y los comunes.

El fallo que fue compartido por todos los integrantes de la sala, pondero todos los antecedentes aportados por las partes en forma detallada y luego fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema cuando rechazo en forma unánime un recurso de queja deducido en su contra.

«Es ridículo pensar que arriesgaría 30 años de carrera y mi prestigio en el Poder Judicial por un cargo de suplencia en la localidad de Litueche».

–              ¿Reconoce haber cometido alguna irregularidad?

En ningún caso. La ética tiene que ir vinculada con el ejercicio profesional, pero predomina la ley. Obviamente ahora hay cosas que no volvería a hacer, no puedo quedarme incólume frente a la crítica, pero la autocrítica también tiene que basarse en un principio de buena fe y en el momento que lo hice fue así, sin pensar que estaba infringiendo una norma.

–              ¿Cómo es actualmente su relación con el Ministro Elgueta?, ¿trabajan sus abogados defensores en forma coordinada o ven el proceso de manera separada?

No tengo coordinación con el señor Elgueta. 

–              ¿Cree usted que las acusaciones hacia el Ministro Elgueta son injustas o estas si son justificadas?

No quiero referirme a lo de él en particular. La situación procesal del señor Elgueta la deben manejar sus apoderados. Solo puedo indicar a su respecto que como a todo ciudadano de un estado de derecho se le deben respetar sus garantías básicas, como la presunción de inocencia expresamente consagrada en Pactos Internacionales suscritos por nuestro país.

Cuando ya han pasado algunos días del aniversario de la Policía de Investigaciones, quisimos conocer la realidad de la institución en la Región de O’Higgins, sus desafíos a corto, mediano, y largo plazo en voz de su jefe regional máximo.

Fernando Ávila F.

¿Cómo han enfrentado el plan estratégico institucional en la Región de O´Higgins?
Con 86 años de vida institucional, estamos frente a un país y una región que han evolucionado en distintos aspectos, por lo cual hemos debido adecuarnos a estos cambios, reinventándose permanentemente para dar respuesta a los desafíos y compromisos que le impone una criminalidad en permanente transformación.

Este compromiso ha quedado demostrado en la puesta en marcha del plan estratégico institucional a partir del año 2017 hasta el 2022, cuyo desafío esencial es enfrentar el futuro centenario de la PDI, como un referente regional en la investigación criminal de delitos de alta complejidad y crimen organizado transnacional.

Dicho plan tiene como base 4 pilares estratégicos, sustentados transversalmente en aquellos valores y creencias que han cimentado y fortalecido nuestro trabajo a través del tiempo, siendo éstos el profesionalismo, la probidad e integridad de nuestro actuar, y nuestra vocación de servicio, inspirada en la honestidad, la transparencia y el respeto.

¿Dónde concentra los esfuerzo la PDI en la Región?
Sabemos la importancia de nuestro recurso humano. Con ello y con la finalidad de responder a todas las demandas que se presentan por parte de la ciudadanía.. En lineamiento con las 150 medidas por la seguridad pública del Gobierno, como con nuestro plan institucional, la Región Policial de O’Higgins, a través de este mando regional, a partir de noviembre del pasado año, ha concentrado sus esfuerzos en dos grandes líneas: La primera; instalar y desarrollar, junto a la Fiscalía Regional de O’Higgins, el modelo de investigación preferente, mediante una investigación especializada de los delitos, orientando nuestra labor de tal manera que sea la Policía de Investigaciones de Chile quien investigue preferentemente los delitos que requieran de un mayor grado de especialización en la función investigativa.
Y como segunda línea; contar con unidades que posean los espacios necesarios para desarrollar labores de manera digna y cómoda, cuyas dependencias entreguen privacidad y confort a quienes nos entregan sus testimonios, de la mano con el equipamiento y tecnología adecuada para el buen desarrollo de nuestro trabajo.

¿Es verdad que se esperan nuevos cuarteles policiales en la Región?
Alcanzar nuestros objetivos, requiere claramente de mayores recursos e iniciativas, para alcanzarlos, se requiere del apoyo, comprensión y cooperación permanente de nuestras autoridades, ejemplo de este apoyo, son las iniciativas de inversión que se encuentran ejecutando en dos comunas de esta región, y que no hubiesen sido posibles sin el compromiso y apoyo del señor Intendente, de los señores consejeros miembros del Consejo Regional de O’Higgins, y sin los alcaldes de las comunas de Santa Cruz y San Francisco de Mostazal.
El proyecto de construcción Cuartel Policial Santa Cruz, es producto del financiamiento compartido entre el gobierno regional, a través del fondo nacional de desarrollo regional, FNDR, y la Policía de Investigaciones de Chile, por un monto aproximado a 1.700 millones de pesos. En la actualidad, este proyecto se encuentra en su etapa final de construcción. El proyecto de construcción del Cuartel Policial San Francisco de Mostazal, es un financiamiento compartido entre la municipalidad de esa comuna y el Gobierno Regional por un monto aproximado de 1.600 millones de pesos. Actualmente en etapa de construcción de la obra gruesa.
Ambos edificios albergarán unidades territoriales, quienes serán las primeras en contar con dependencias específicas y especializadas para el buen desarrollo de una investigación científico-policial; una sala de entrevista única; sala de “Microtráfico Cero (MT-0)”; sala de reconocimiento de imputados; sala de planificación y Ministerio Público; softwares computacionales para el análisis de la información móvil; equipamiento tecnológico para el trabajo en el sitio del suceso y levantamiento de evidencia. Todos estos elementos, serán un apoyo esencial en el análisis e inteligencia policial, fortaleciendo además, el desarrollo profesional y la calidad de las investigaciones, garantizando, en conjunto con otros elementos, un mejor servicio a las personas.

¿Qué acciones de acercamiento a las personas ha efectuado la PDI?
El servicio a la personas por parte de nuestra PDI, también requiere del desarrollo de otras de nuestras funciones, el acercamiento a la comunidad a través de la educación y promoción de materias relacionadas a la seguridad pública, elemento de nuestra sociedad que no sólo es de responsabilidad de algunos pocos, si no que se construye de manera coparticipativa entre diferentes organismos y la ciudadanía. Para ello, buscamos promover, fortalecer y educar, en pro de un ciudadano consciente de sus derechos y obligaciones, aquellas materias relacionadas a los delitos que afectan o puedan afectar a un grupo determinado.
En este sentido, y gracias al apoyo del Gobierno Regional a través de los fondos concursables del 2% de Seguridad Pública, el año 2018, logramos llevar a cabo el proyecto “Con Seguridad Se Vive Mejor”, financiado con un monto de casi 20 millones de pesos, llevando a cabo actividades educativas en las comunas de las 3 provincias de la Región de O’Higgins, utilizando distintas metodologías de aprendizaje, toda vez que esta iniciativa estuvo dirigida a dos grupos etarios altamente vulnerables, los niños y los adultos mayores.
Este año, y con el apoyo otorgado por el Consejo Regional a través del fondo concursable de seguridad, seguiremos con la premisa de trabajar en conjunto con la comunidad, desarrollando el proyecto, “La Droga no es un Juego”, el cual será financiado con un monto de casi 10 millones de pesos, y cuyo objetivo será la educación y entrega de herramientas de autocuidado en aquellas materias relacionadas al consumo y tráfico de drogas en niños y adolescentes de diferentes colegios de la región.

¿Cuáles han sido los resultados operativos de la PDI en la Región de O´Higgins?
En cuanto a la demanda del sistema procesal, podemos señalar que durante el año 2018, esta región policial aumentó en un 58% su participación en juicios orales. Asimismo, y en el mismo período, esta PDI recepcionó la cantidad 24 mil 106 requerimientos, dispuestos por el Ministerio Público y los diversos tribunales de la zona.
Como resultado de esta labor, durante el año 2018 la Policía de Investigaciones de la Región, y gracias a labor mancomunada con el Ministerio Público, llevó a cabo más de 330 procedimientos policiales por ley de drogas, logrando el decomiso de más de 91 mil gramos de cocaína base, 236 mil gramos aproximados de cannabis procesada, y más 340 unidades de fármacos, de las cuales el 64% correspondió a la incautación de droga sintética.
En esta materia, es significativo señalar que a la fecha, ya se han incautado más de 13 mil 300 plantas de cannabis, igualando la cantidad incautada en todo el año 2018, lo que demuestra el compromiso permanente de los detectives, especialmente los buenos resultados obtenidos en el plan cannabis 2019, llevado a cabo durante la época estival.

MODELO DE INVESTIGACION PREFERENTE

Esta región policial, junto a la Fiscalía de O’Higgins, a partir de este año, han venido desarrollando el proyecto, Modelo de Investigación Preferente, iniciativa que busca rediseñar y modernizar los procesos de trabajo, en concordancia con la demanda del país en materia de seguridad pública y justicia, especialmente en aquellos delitos que por su naturaleza, requieren de un mayor grado de especialización en la función investigativa. Para ello, y luego de llevar a cabo un diagnóstico tanto de la labor operativa como de las necesidades y requerimientos para la puesta en marcha de este modelo, hemos incorporado de manera operativa a la Oficina de Análisis Criminal (OFAN), cuya misión fundamental es el análisis y la investigación criminal, sirviendo como eje transversal y cerebro central para la administración de toda información delictual de nuestra región.
En el mismo contexto, y de igual relevancia, se encuentra en marcha una reingeniería en la labor investigativa de todas las Brigadas de Investigación Criminal, convirtiéndose en Unidades Territoriales Especializadas, cuyos detectives se están especializando en aquellos delitos que requieren de un mayor grado de especialización en la función investigativa, que afectan o puedan afectar al sector jurisdiccional de su unidad.

De esta forma, y en una constante comunicación a través de diversas mesas de trabajo con la fiscalía regional y el mando institucional, estamos trabajando para una mejor distribución del recurso humano, equipamiento e infraestructura acorde para la investigación, cuyo beneficio es y será otorgar un mejor servicio a la ciudadanía, ya que nuestra PDI, trabaja con y para las personas, no contra ellas; con una visión de ética, probidad y derechos humanos como valores transversales e inexcusables.

De manera concreta, podemos señalar que este año, el Gobierno Regional aprobó el proyecto de reposición de 29 vehículos policiales para esta región policial por un monto aproximado de 818 millones de pesos. Esta inversión permitirá que se lleve a cabo el recambio de aquellos vehículos que a la fecha se encuentran con su vida útil cumplida. Como ya les señalé, contaremos con la reposición de un cuartel policial para la comuna de Santa Cruz y un cuartel nuevo para la comuna de Mostazal, ambos contarán con las mejores instalaciones e equipamiento para la investigación de los delitos y la atención de la comunidad. De igual forma, la Municipalidad de Rengo, ha comprometido sus recursos para contar prontamente con un nuevo terreno para la reposición del cuartel policial en dicha comuna acorde a los estándares ya señalados.

¿Qué es Interpol. Asamblea en Chile?
La confianza en nuestra institución, y los logros de nuestro país en materia de seguridad, han permitido que la comunidad internacional vuelque sus miradas hacia nosotros y nos manifieste su reconocimiento al designarnos, durante el mes de octubre del presente año, como país anfitrión de la Octogésima Octava (88°) Asamblea General Interpol, evento que reunirá a las más altas autoridades policiales de los 194 países que la integran, siendo necesario además, comentarles, con gran orgullo, que nuestro Director General, Héctor Espinosa Valenzuela, fue nombrado recientemente, por votación unánime, como presidente del grupo de interpol de jefes de policía para América del Sur, rol que desempeñará hasta el año 2021.