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Columnas

Un legado del ministro Carlos Moreno Vega

Alberto Ortega Jirón

Defensor Regional de O’HIggins

Permítannos aclarar que la extensa carrera profesional de don Carlos Moreno Vega no se puede reducir a una sola actuación, ni mucho menos a una sentencia en particular. Sin embargo, es para nosotros – los defensores penales – memorable su participación en un caso emblemático y por el cual siempre admiraremos su audacia jurídica y valentía.
Los hechos:
17 de septiembre de 1973 fue asesinado en Rancagua por un funcionario de Carabineros el profesor comunista Luis Alfredo Almonacid Arellano. Almonacid fue ametrallado por la espalda en el momento en que era sacado de su hogar con las manos en alto y caminaba rumbo al furgón policial en presencia de testigos civiles.
En 1997, la justicia militar dictó el sobreseimiento definitivo de la causa, por encontrarse extinguida la responsabilidad penal, en virtud de la Ley de Amnistía.
En el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile, disponiendo que el caso podía ser reabierto, aun cuando existiera «Cosa Juzgada», expresando que «pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad es incompatible con la Convención Americana». Dicho fallo unánime estableció que la amnistía tampoco debía ser una traba para «la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile».
La Corte Suprema recepcionó el fallo del tribunal internacional y dispuso remitirlo a la Corte de Apelaciones de Rancagua con un sucinto “cúmplase”.
El ministro Carlos Moreno Vega recibió entonces el encargo de instruir la investigación que a esas alturas tenía un formidable muro de contención: “cosa juzgada” respecto de una sentencia dictada por un tribunal chileno en el año 1997.
La síntesis del panorama era el siguiente: Carlos Moreno tenía en sus manos un fallo internacional; un discreto y críptico “cúmplase” de la Corte Suprema y una sentencia de un juzgado militar “inamovible” según la legislación nacional.

Qué hacer…
Su decisión fue sencilla, pero arriesgada. Resolvió mediante un par de diligencias que la causa fenecida “reviviera” y con ello forzó una “contienda de competencia” con el juzgado militar – autor del fallo ejecutoriado- y entonces, la Corte Suprema resolvió en octubre de 2008 que fuera el Ministro Carlos Moreno quien mantuviera la causa, su tramitación y, por cierto, una labor que cumplió condenando en definitiva al ex funcionario de carabineros Raul Neveu Cortesi por el asesinato del Profesor Almonacid.
En esta historia, es posible hablar de un caso extraordinario pues nunca antes a nivel latinoamericano se había visto que un Estado parte del sistema americano de protección de los Derechos Humanos cumpliera de manera tan directa una sentencia de la Corte Interamericana.
Este fallo – y luego aquel redactado por el ministro señor Raul Mera rechazando el recurso de apelación a la sentencia emitida por Carlos Moreno – son de antología en la protección de los Derechos Humanos y la aplicación directa de los tratados internacionales en la judicatura nacional.
El caso Almonacid representa un hito jurídico, pues cuando hoy se debate a nivel continental cómo se deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el nombre de Carlos Moreno Vega aparece en los foros una y otra vez como un ejemplo de lo que un juez de un país respetuoso del derecho, debe hacer.
En los buenos jueces subsistirá por siempre el sentido y la razón de la justicia.

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