Una vez que es declarado no culpable por el tribunal, el acusado tiene el derecho a quedar en completa libertad; pero lamentablemente las noticias que lo imputan quedan en los motores de búsquedas de la red. El caso es grave porque O’Higgins tiene la tasa más alta de causas terminadas sin condenados.
Felipe Alvear Silva
Corría el mes de junio del año 2010, cuando Cristian López fue detenido y acusado de ser el autor de una serie de delitos sexuales realizados en un sector de la Región Metropolitana, utilizando para ello una bicicleta: rápidamente fue apodado el “violador de la bicicleta”. Tras cinco días en la cárcel salió el resultado del examen de ADN que demostraba su inocencia. Cinco años después, relata que su vida cambió profundamente después de ese episodio: “en los trabajos pasaban cosas raras. Estaba unos días y después me echaban. Claramente era porque me buscaban en internet y cuando veían que había sido detenido por violación me sacaban”, explica López.
Mauricio Orellana, en tanto, aún intenta rehacer su vida después de pasar nueve meses en la cárcel luego de que una cajera la acusara de robar en un supermercado. La situación sólo se aclaró luego de que la mujer se retractó y confesó que mintió en su declaración porque un jefe la obligó a inventar la situación, hechos por los que fue condenada. “Yo terminé viviendo en la calle, después de estar nueve meses preso por una acusación falsa. Aún vivo con esto y no he tenido ningún tipo de reparación”, señaló Orellana.
Los casos en que la Justicia ha encerrado a personas inocentes son muchos, y lamentablemente continuarán pasando. Pero además de la pena corporal que deben sufrir estas personas, hay una pena que viene asociada en el futuro inmediato, y que es el archivo de los datos del supuesto “delincuente” que quedan grabados en internet, más precisamente en los motores de búsqueda, que son priorizados por la cantidad de visitas que tenga la página. Preocupados de esto, la Defensoría Nacional de Chile se encuentra realizando una campaña para evitar esta victimización.
 
“CADA CLICK UNA CONDENA”
Buscar el nombre de alguien en internet es una práctica cada vez más común entre los chilenos y los resultados que obtenemos son una forma de conocernos, aunque muchas veces estos sean erróneos o sesgados. Es por ello que la Defensoría lanzó una campaña denominada “Cada click una condena” que tiene como fin difundir el problema que viven las personas cuando su reputación y sus derechos son dañados en internet.
“Esta campaña busca generar conciencia que es necesario avanzar en la regulación de derechos en internet en Chile para proteger a las personas y evitar que se generen abusos y discriminaciones por una fotografía, un video o por un comentario”, señaló el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, que agregó que la campaña surgió como una respuesta al problema que sufren personas cuyos casos están en el Proyecto Inocentes de la DPP, los cuales, además de haber sido encarcelados injustamente, deben lidiar con el estigma social y el hecho de ver cómo sus nombres permanecen asociados a delitos en internet.
“Estas personas, además de ser privadas de libertad, sufren una condena social, la cual permanece en internet aunque los tribunales de Justicia hayan decretado su inocencia y que no tenían responsabilidad en los hechos por los que se les acusaba. Las noticias, que daban cuenta de hechos de las causas (detención, formalización y juicio oral), permanecen en la red años después y presentan una realidad descontextualizada y distorsionada (por los criterios de los buscadores), que genera desconfianza en las personas que buscan antecedentes de los inocentes”, dijo el Defensor Nacional.
El Defensor Nacional agregó que aunque la iniciativa pone como ejemplo casos de inocentes, “esta campaña busca promover el debate en un ámbito en el cual es necesario que avancemos en Chile, como es la regulación de los derechos digitales de las personas, con el objetivo de evitar abusos y discriminaciones. Si consideramos la alta penetración y uso de las tecnologías móviles, el tema resulta alarmante y, por lo tanto, cabe llamar la atención sobre las víctimas de este vacío legal, que no se reducen sólo a estos inocentes, porque el fenómeno no discrimina y afecta también a niños, jóvenes e incluso personas influyentes como artistas, políticos y empresarios”.
Por último el Defensor Nacional explicó que “el objetivo de la campaña es lograr que la información que daña a las personas salga de la red, aunque este proceso debe ser bien regulado, pues puede dejar un espacio a la censura o generar una pérdida de información histórica. Se trata de equilibrar el derecho al olvido con el derecho a la información”.
 
EL CASO REGIONAL
El caso de la Región de O’Higgins no es muy alentador, ya que de acuerdo a lo señalado por el jefe de la Unidad de Estudios, defensor Víctor Providel, la jurisdicción de O’Higgins tiene la tasa más alta de causas terminadas que no finalizaron con condenas: 20 por ciento, muy por sobre el 13,5 del promedio nacional. Casos hay muchos, ya que sólo en el año 2015 van (hasta agosto) 3 mil 100 imputados que fueron desimputados.
“De acuerdo a las estadísticas, la Región de O’Higgins tiene el porcentaje más alto de no condenados, es decir, de las personas que tienen sus causas terminadas hay un número importante que termina no condenados, ya sea porque fueron absueltas, porque no se perseveró o por sobreseimiento. De enero a agosto del 2015 hay 3 mil 100 casos que terminaron con no condenas, de ellos, hay a lo menos 100 personas que estuvieron en toda o gran parte de la investigación privados de libertad; de los 100, creemos que entre 5 o 6 no tuvieron nada que ver con la acusación”, indicó el defensor.
Esto requiere nuevos desafíos, tal como lo señaló Providel que indicó que “el porcentaje alcanza el 20 por ciento, mucho mayor al nivel nacional (13,5), esto nos obliga a estudiar los procedimientos: a nosotros como Defensoría de ser más exigentes en las solicitudes de prisiones preventivas y también a las policías y Ministerio Público de actuar con mayor profesionalismo y rigurosidad”.
Toda esta situación ha llevado a la Defensoría a tratar este complejo tema. “Ellos (los afectados) tienen el derecho de recuperar su libertad procesal y también de una restauración en medios digitales como los motores de búsqueda. Existe la obligación de rectificar esta situación en diarios y televisión, pero en internet no existe la obligación”, finalizó el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría O’Higgins.