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Sernac y fallo del Tribunal Constitucional

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Hace casi una semana atrás se conoció el fallo del Tribunal Constitucional respecto del proyecto de ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores en Chile.

La sentencia privó al SERNAC de algunas de las herramientas centrales que le entregaba el proyecto, como lo eran las facultades sancionatorias y normativas, lo que provocó una profunda decepción, pues afectó el corazón de la iniciativa, cuyo propósito era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores.

El proyecto tuvo una larga tramitación en el Congreso que duró más de 3 años, aprobándose por unanimidad, la mayoría de las normas, por lo que no existieron requerimientos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la facultad sancionatoria se vio en 6 comisiones, y en ambas cámaras, y se aprobó sin votos en contra.

Esta iniciativa buscaba mejorar sustantivamente la institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores, generando incentivos para el cumplimiento de la ley, mediante facultades para que el SERNAC por fin pudiera fiscalizar y sancionar enérgicamente los abusos, así como procedimientos más rápidos y eficaces, multas efectivamente disuasorias, y el fortalecimiento de las Asociaciones de Consumidores.

El fallo puede producir efectos catastróficos para la protección de los consumidores. La incapacidad sancionatoria del SERNAC es uno de los factores relevantes que facilita la reiteración de malas prácticas en los diversos mercados. Una prueba de ello es el aumento de los reclamos, los que, por ejemplo, en 2017 registraron un alza del 27% respecto de 2016. Además, el 90% de los consumidores que llegan al SERNAC, ya vienen con una respuesta negativa de la empresa.

Desde una perspectiva práctica, la decisión de eliminar la facultad sancionatoria, se traduce en que a los consumidores se los obliga a seguir acudiendo a los Juzgados de Policía Local (JPL), invirtiendo tiempo y dinero (una notificación cuesta en promedio cerca de 40.000 pesos), lo que representa un claro desincentivo a su actuar.

Asumir estos montos quizás se justifica cuando los problemas de consumo implican montos elevados, por ejemplo, en caso de ser víctima del robo de un auto desde un estacionamiento o en caso de sufrir un accidente grave al interior de una tienda. Pero ¿qué pasa si se trata de un incumplimiento de una garantía tras la compra de un par de zapatos? Lo más probable que la persona no acuda al tribunal.

Además, si miramos las cifras, son muy pocos los consumidores que van a los JPL a hacer denuncias si lo comparamos con los reclamos hechos al SERNAC. Las denuncias ingresadas a estos juzgados por infracción a la Ley del Consumidor, representan solo un 3,2% (8.509 causas), respecto del total de reclamos recibidos en el SERNAC (265.260) durante el 2016.

Por otro lado, existe una alta concentración territorial si vemos las denuncias hechas a lo largo del país. El 67% de las causas se encuentran en 4 regiones, ya que las denuncias se deben realizar presencialmente, a diferencia de los reclamos que recibe el Servicio, los cuales en un 75% se ingresan a distancia mediante página web (64%) o llamado telefónico (11%).

La facultad normativa, eliminada también, permitía alinear y especificar el comportamiento de los proveedores con lineamientos claros y trasparentes, que entregaran certezas a todos los involucrados.

La sentencia del TC, además pone en entredicho la actual atribución de recibir reclamos de los consumidores y transmitirlos a los proveedores para encontrar una solución voluntaria, función básica del Servicio hoy.

Pese a este fallo, el SERNAC, utilizará las facultades actuales y las nuevas, -como es fiscalización y los Procedimientos Voluntarios Colectivos – y buscará seguir protegiendo a los consumidores con compromiso y excelencia, como lo ha hecho desde siempre.

 

 

 

MAURICIO RETAMAL, DIRECTOR REGIONAL DEL SERNAC
REGIÓN DE O´HIGGINS

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Chilenos en niveles extremos de sobreendeudamiento

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Abril deja preocupantes señales respecto al nivel de morosidad de los chilenos. Según las últimas cifras del Banco Central, el endeudamiento de los hogares sigue aumentando y alcanzó un máximo histórico de 73,3%.
¿Qué significa esto? que las familias chilenas de cada $ 100.000 de ingresos que reciben, $ 73.300 los destinan a pagar sus deudas, lo que da cuenta de una realidad dramática: los chilenos estamos completamente endeudados.


En la Región de O´higgins hay 206.349 personas que mantienen a lo menos una deuda mayor a 90 días y la región está en el “top ten” del promedio de mora más alto del país, cercano a $ 1.500.000.


Para llegar a fin de mes los hogares están utilizando tarjetas de crédito, líneas de crédito, avances en efectivo y las deudas del retail. La gente se está “encalillando” para vivir, pero no a través de endeudamiento de largo plazo, sino de corto plazo, lo que es aún peor.


También preocupa la caída de la tasa de ahorro de los hogares producto de un aumento del consumo que supera al crecimiento de los ingresos, lo que refleja que las familias están cubriendo este mayor gasto endeudándose y no con ingresos propios.


Esto afecta además la capacidad de financiamiento que tienen las personas. Al tener mayores dificultades para pagar sus deudas, producto del alto endeudamiento, las personas se convierten en un sujeto de crédito más riesgoso para la banca, lo que redunda en créditos con mayores tasas de interés o, derechamente, en la desbancarización.
El problema es que de todos modos las familias requieren tomar financiamiento para pagar sus gastos, producto de lo cual se ven obligadas a recurrir a préstamos informales, los cuales efectivamente están aumentando y son mucho más caros.


Es por esto que es importante que se reactive el proyecto de Ley de Deuda Consolidada que hoy está en el Congreso y que fijará límites a la capacidad de endeudamiento de los chilenos. Además, ante la escasa educación financiera, el llamado es a la cautela de los acreedores a la hora de entregar créditos.

Ricardo Ibáñez, abogado y socio defensadeudores.cl

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¿Educación Física Electivo?

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La evidencia científica ha sido bastante contundente para demostrar que el ejercicio físico es uno de los factores protectores de la enfermedad, donde la salud y la calidad de vida se ve mejorada, con aumento de las expectativas de vida de las personas.


A propósito de lo señalado en por el Consejo Nacional de Educación, frente a la modificación del curriculum escolar, donde la asignatura de Educación Física pasará a ser electiva en 3° y 4° año de Educación Media, es válido preguntarse ¿cómo es posible que no se reconozca la Educación Física como una asignatura troncal en la formación integral de un ciudadano?


El Ministerio del Deporte está proponiendo que en la primera infancia se debe promover que los niños utilicen el juego como un medio para lograr una serie de objetivos, entre ellos, que logren tener hábitos de vida saludable.


En 3° y 4° Medio, los adolescentes de hoy están concentrados en utilizar sus pantallas y ha aumentado el tiempo de ocio mal utilizado, presentando una serie de factores que promueven una baja en la calidad de vida de los jóvenes, y la asignatura de Educación Física es la única que trabaja con la motricidad y corporalidad, que podría fomentar el hábito instaurado en la escolaridad inicial.


Como profesor de Educación Física, como Kinesiólogo y como formador de formadores, estoy en contra de que se provoque este cambio en el curriculum. Lo digo con todos los argumentos científicos que respaldan el rol de la Actividad Física en la calidad de vida de la persona. Se dice que no se perdió, que será optativa, pero de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, en los últimos 17 años hemos disminuido el sedentarismo en apenas 3 puntos porcentuales, lo que no nos enorgullece. ¿Qué pasará si disminuimos las oportunidades que los jóvenes realicen actividad física? ¿Esperaremos a que futuras encuestas dejen en evidencia que nuestros adultos y jóvenes son sedentarios para intentar revertir la situación? Para ese entonces, ya no podremos hacer mucho.

Patricio Arroyo Jofre
Director de Escuela de Pedagogía en Educación Física
Universidad San Sebastian

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20 años del Día del Patrimonio Cultural, más vale calidad que cantidad

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Por José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez

1999 marcó el inicio del Día del Patrimonio Cultural en Chile. Hoy, a 20 años de ese hito, nuestro país ha sido protagonista de un constante crecimiento, convirtiéndose en una de las economías latinoamericanas de más rápida progresión, generando interés por venir a habitar esta tierra.

Pese a este crecimiento el país aún enfrenta importantes desafíos y oportunidades, como mejorar o reestructurar el sistema de pensiones, impulsar la innovación, y perfeccionar el vínculo entre la educación y el medio laboral. Sin embargo, el mayor desafío se relaciona con nuestra calidad de vida, que se expresa en el resistido otorgamiento a todos los ciudadanos del derecho social a la educación, la salud, la vivienda, un medio ambiente sustentable y una democracia de calidad.

Es fácil que confundamos crecimiento económico con desarrollo y, aún más, con desarrollo cultural. Así vemos grupos humanos que han crecido económicamente, pero son cada vez más ignorantes, clasistas, racistas y violentos, utilizando todo su poder e influencia para evitar la inclusión, igualdad y equidad para muchos ciudadanos.

En una sociedad realmente democrática las personas son iguales en derechos y deberes, no hay progreso sin democracia y sin desarrollo cultural. Hoy tenemos que precisar qué arquetipo de sociedad deseamos construir en Chile durante los próximos veinte años y emprender, en este momento, los cambios inexcusables para asentar las plataformas de ese futuro. Otros no lo harán por nosotros.

En estas dos décadas han aumentado ampliamente el número de actividades, de hecho este año se acercarán a 2.000 iniciativas. Recordemos que, originalmente, sólo consideraba la apertura de edificios privados y públicos, demostrando la visión reducida del concepto de patrimonio que entonces imperaba. Ahora estamos en presencia de la valoración del patrimonio regional y local, material e inmaterial, bajo el lema “Juntos Hacemos Patrimonio”.

Es cierto que el Día del Patrimonio es un recurso educativo que permite vincular a las personas con su herencia común y profundizar en la reflexión de procesos culturales e históricos. Pero queda mucho por avanzar para que cumpla con el objetivo de fondo, que es generar una ciudadanía cultural con un compromiso por la democracia y los derechos humanos en su amplio espectro. Por ello la evaluación de estos 20 años no es por la cantidad de iniciativas inscritas, sino por la calidad de estos días, por el sentido y aportes de ellas al desarrollo del país.

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