Síguenos

Columnas

Sernac y fallo del Tribunal Constitucional

Publicado

el

 

Hace casi una semana atrás se conoció el fallo del Tribunal Constitucional respecto del proyecto de ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores en Chile.

La sentencia privó al SERNAC de algunas de las herramientas centrales que le entregaba el proyecto, como lo eran las facultades sancionatorias y normativas, lo que provocó una profunda decepción, pues afectó el corazón de la iniciativa, cuyo propósito era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores.

El proyecto tuvo una larga tramitación en el Congreso que duró más de 3 años, aprobándose por unanimidad, la mayoría de las normas, por lo que no existieron requerimientos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la facultad sancionatoria se vio en 6 comisiones, y en ambas cámaras, y se aprobó sin votos en contra.

Esta iniciativa buscaba mejorar sustantivamente la institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores, generando incentivos para el cumplimiento de la ley, mediante facultades para que el SERNAC por fin pudiera fiscalizar y sancionar enérgicamente los abusos, así como procedimientos más rápidos y eficaces, multas efectivamente disuasorias, y el fortalecimiento de las Asociaciones de Consumidores.

El fallo puede producir efectos catastróficos para la protección de los consumidores. La incapacidad sancionatoria del SERNAC es uno de los factores relevantes que facilita la reiteración de malas prácticas en los diversos mercados. Una prueba de ello es el aumento de los reclamos, los que, por ejemplo, en 2017 registraron un alza del 27% respecto de 2016. Además, el 90% de los consumidores que llegan al SERNAC, ya vienen con una respuesta negativa de la empresa.

Desde una perspectiva práctica, la decisión de eliminar la facultad sancionatoria, se traduce en que a los consumidores se los obliga a seguir acudiendo a los Juzgados de Policía Local (JPL), invirtiendo tiempo y dinero (una notificación cuesta en promedio cerca de 40.000 pesos), lo que representa un claro desincentivo a su actuar.

Asumir estos montos quizás se justifica cuando los problemas de consumo implican montos elevados, por ejemplo, en caso de ser víctima del robo de un auto desde un estacionamiento o en caso de sufrir un accidente grave al interior de una tienda. Pero ¿qué pasa si se trata de un incumplimiento de una garantía tras la compra de un par de zapatos? Lo más probable que la persona no acuda al tribunal.

Además, si miramos las cifras, son muy pocos los consumidores que van a los JPL a hacer denuncias si lo comparamos con los reclamos hechos al SERNAC. Las denuncias ingresadas a estos juzgados por infracción a la Ley del Consumidor, representan solo un 3,2% (8.509 causas), respecto del total de reclamos recibidos en el SERNAC (265.260) durante el 2016.

Por otro lado, existe una alta concentración territorial si vemos las denuncias hechas a lo largo del país. El 67% de las causas se encuentran en 4 regiones, ya que las denuncias se deben realizar presencialmente, a diferencia de los reclamos que recibe el Servicio, los cuales en un 75% se ingresan a distancia mediante página web (64%) o llamado telefónico (11%).

La facultad normativa, eliminada también, permitía alinear y especificar el comportamiento de los proveedores con lineamientos claros y trasparentes, que entregaran certezas a todos los involucrados.

La sentencia del TC, además pone en entredicho la actual atribución de recibir reclamos de los consumidores y transmitirlos a los proveedores para encontrar una solución voluntaria, función básica del Servicio hoy.

Pese a este fallo, el SERNAC, utilizará las facultades actuales y las nuevas, -como es fiscalización y los Procedimientos Voluntarios Colectivos – y buscará seguir protegiendo a los consumidores con compromiso y excelencia, como lo ha hecho desde siempre.

 

 

 

MAURICIO RETAMAL, DIRECTOR REGIONAL DEL SERNAC
REGIÓN DE O´HIGGINS

Anuncio Publicitario

Columnas

Día de la Salud Universal: por más cobertura y más corazón

Publicado

el

Por: Marcela Ragni V.
Dir. de Carreras Área Salud
CFT Santo Tomás Rancagua

Una sociedad capaz de asegurar la salud de su población tendrá un mejor nivel de desarrollo humano, tanto colectivo como individual. Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Salud Universal, que busca incentivar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad sin enfrentar dificultades financieras. Chile debe lograr tener un sistema de salud que garantice a toda la población una cobertura universal; hoy las familias aún enfrentan grandes deudas por enfermedades catastróficas, persiste la falta de especialistas en muchas áreas, listas de esperas, etc. Sólo quienes tienen la oportunidad de optar a un mejor servicio lo hacen, ¿pero el resto?.


Este año 2019 el enfoque de la conmemoración de este día está en la Atención Primaria; eje de los sistemas de salud para la Salud Universal y en el pacto 30.30.30, que busca acelerar la eliminación de barreras de acceso en un 30%, aumentar el gasto público en salud al menos 6% del producto interno bruto e invertir al menos el 30% de estos recursos en la Atención Primaria. Lamentablemente, el gasto público es bastante bajo lo que podría afectar el cumplimiento de estas metas.


En estos tiempos de cambio en Chile debe primar el compromiso político con el derecho de la salud y la cobertura universal. Primero, hay que reconocer que el derecho a la salud no está garantizado en la Constitución, sino solamente el derecho a elegir entre estar en sistema público o privado, y es lo que debe cambiar. Este derecho a la salud – y la forma cómo se operacionaliza desde la perspectiva de la respuesta social organizada en salud – es principalmente el derecho a la protección de la salud. La cobertura universal debe lograr conectar la demanda con la oferta de servicios (promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento), donde cada persona tenga la posibilidad de hacer uso de estos servicios cuando lo requiere. Eso es la expresión de la cobertura universal; ahí estará el acceso efectivo. Así, a la oferta y la demanda de servicios, sumamos la disponibilidad de recursos y una prestación adecuada y de calidad.


El énfasis también debe estar orientado a los modelos de atención centrado en personas, organizado en redes integradas basadas en atención primaria, con retroalimentación permanente a la red de salud asistencial y recursos humanos preparados y motivados. Este último punto es el que ha salido con bastante frecuencia en las conversaciones ciudadanas que se están realizando durante estos días. Esta atención del recurso humano en todos sus ámbitos es mirada con insatisfacción por la comunidad y como una gran falencia en cuanto a la calidad humana; se ven personas que otorgan atención en salud carentes de corazón y una actitud adecuada ante esa persona enferma.


Consolidar el acceso efectivo va a depender de cómo las instituciones logran operacionalizar o establecer los mecanismos que permitan consolidar el acceso universal al financiamiento y transformarlos en el acceso efectivo a servicios de salud, entendiendo que una persona que presenta una condición de salud y que identifique necesidad de atención pueda acudir sin restricciones económicas, geográficas o de oportunidad a un servicio de salud con capacidad resolutiva.
La tarea no será fácil, pero partamos hoy por algo que no nos cuesta nada y será nuestro compromiso como formadores de personal de salud: apostaremos a la calidad humana, tener principios sólidos, tener valores como la generosidad, la lealtad, la alegría, el optimismo y sobre todo saber dar a los demás – ya sea tiempo sin esperar recompensa o paga alguna – tolerar a los otros en sus creencias, no juzgar sin haber estado en los zapatos del otro. Coloquemos corazón y actitud a la aptitud.

Continuar Leyendo

Columnas

El necesitado fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas

Publicado

el

Una de las demandas sociales que se han visualizado en los últimos cincuenta días, es la falta de justicia en la aplicación de penas efectivas a la hora de condenar a altos ejecutivos por comisión de grotescos delitos económicos. En el orden de preferencia de las reivindicaciones exigidas por la ciudadanía, figuraba en la posición número tres «Cárcel efectiva para delitos de colusión», en la número cinco de esta priorización se señalaba «cárcel efectiva para delitos de soborno y cohecho» y en la número trece «cárcel efectiva para delitos tributarios», apareciendo recién en el número veinte el aumento del sueldo mínimo.

Solo basta con rememorar casos como La Polar, Penta, SQM o más recientemente las colusiones de «confort», farmacias y precios en los pollos frescos, para entender que delitos de millones de pesos no pueden ser simplemente reparados -a los ojos de la ciudadanía- con clases de ética en una Universidad.

Ante esto, el Gobierno anunció una agenda contra abusos y delitos económicos al inicio de esta semana, pero, al igual que otras demandas sociales, tardará un tiempo en tomar forma.

En nuestro país, ya existe una normativa penal con altas penas para gerentes y directores, que bien podría ser reforzada, considerando que el marco regulatorio está avanzado, con causas en desarrollo pero aún sin sentencias ejemplificadoras por parte de los tribunales de justicia.

Esta ley data de hace 10 años. Con fecha 02 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Con esta norma, Chile cumplía con uno de los requisitos para su ingreso a la OCDE.


Hoy esta ley cuenta con un catálogo de doce delitos, entre ellos cohecho, administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre privados y negociación incompatible.

Casos recientes como el conflicto de interés de Nelson Pizarro, ex- presidente de Codelco por la adjudicación de un millonario contrato en la División Salvador a un ex-socio de su hijo; la formalización de Gerardo Varela, ex-ministro de Educación, en su rol de Presidente del Directorio de Soprole como imputado por administración desleal; la querella de Eduardo Frei contra su propio hermano por apropiación indebida y administración desleal, o la formalización de ejecutivos de ENAP por contaminación de aguas, dan cuenta de la vigencia de esta ley, por pocos conocida y por escasas empresas correctamente aplicada a través de modelos de prevención de delitos.

La máxima administración de la empresa (sin distinción de tamaño), que históricamente estaba protegida de las consecuencias de actuaciones irresponsables de gerentes y directores, cambia radicalmente con esta legislación que impone un deber de dirección y supervisión superior y que es totalitaria en cuanto a su aplicación. El establecimiento de un sistema de prevención de delitos al interior de las empresas debe ser una norma incorporada a reglamentos internos, contratos de trabajo y contratos comerciales, para todos los trabajadores de la empresa, máximos ejecutivos, contratistas y proveedores.

La obligatoriedad de esta norma es alarmantemente desconocida y disminuida, considerando los posibles efectos penales para aquellos socios, directores y gerentes que, por su posición dentro de la organización, pueden comprometer penalmente a la empresa -y comprometerse individualmente- a través de sus actos y decisiones.

Tal vez el descontento social no sería tal, si nuestros Tribunales de Justicia emplearan de manera rigurosa esta normativa legal, aplicando las penas altas y efectivas ante la presencia de los denominados delitos de cuello y corbata.

El Gobierno ahorraría bastante tiempo si esta ley fuera fortalecida en sus penas, aumentando el catálogo de delitos (varios en tramitación como accidentes del trabajo, abuso sexual de menores, actos de discriminación y otros delitos ambientales), y con una apropiada difusión.

Isabel Avilés & Mariangela Pontigo
Abogados
compliance@avilesypontigo.cl

Continuar Leyendo

Columnas

OPINION: Inversionistas, este es el momento

Publicado

el

Por Gonzalo Kirberg CEO de Cumplo.

Los hechos ocurridos las últimas semanas en Chile han impactado en todos los sectores de la sociedad, generando turbulencias en los ámbitos económico, laboral, legislativo y social. Sin duda, uno de los más afectados han sido nuestras pequeñas y medianas empresas, que como sabemos son un importante motor de la economía.

Sin embargo y más allá de las dificultades que estamos enfrentando, creemos que este momento es crucial para seguir fortaleciendo una cultura empresarial que promueva el emprendimiento, el desarrollo sustentable y el apoyo a pymes locales. Como empresas B, hace tiempo entendimos las dificultades a las que se enfrentan y ese ha sido nuestro propósito facilitando el acceso a capital para que puedan seguir creciendo.

Creemos que iniciativas como flexibilizar los plazos de pago de las Pymes, favorecer el pago al contado u oportuno por parte de las grandes empresas, agilizar el cobro de seguros, como también invertir en pymes, son sólo algunas de las tareas que debemos empujar desde el sector público y el mundo privado.

La situación actual puede representar inseguridad, pero es también la oportunidad de reafirmar el compromiso que tenemos como sociedad para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, abriendo las puertas a inversiones que hoy tienen el doble impacto de potenciar a las pymes y levantar al país. En esta tarea, todos son bienvenidos.

Continuar Leyendo

Síguenos en Facebook

Lo más visto