El programa de Gobierno del Presidente Piñera contempla cuatro principios; a saber, libertad, justicia, progreso y solidaridad. Así, se entiende que solo se puede ser realmente libre en la medida que se aseguren ciertas condiciones mínimas de vida digna para todos. Lo anterior supone una cooperación público–privada activa, que genere un progreso sustentable capaz de financiar las prestaciones sociales para los más vulnerables.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta fundamental detenerse en el principio de la solidaridad y desentrañar su profundidad de cara al desafío político venidero.
La solidaridad supone que el motor del desarrollo no está ni en los individuos aislados ni en el Estado, sino en las personas organizadas. Así, el tejido social compuesto por familias, barrios, asociaciones, clubes y otro tipo de organizaciones humanas es la base del progreso y la manera más eficaz de enfrentar los problemas públicos (he ahí la importancia de la educación particular, de las juntas de vecinos y de las asociaciones de canalistas, por dar algunos ejemplos). Esta afirmación supone desafiar la tesis del individualismo, a partir de la cual las personas alcanzarían su felicidad buscando solamente su propio interés. Un ideal solidario exige reconocer que se es parte de una comunidad y que, por lo tanto, la felicidad personal supone hacerse cargo del bienestar del resto. En ese sentido, el compromiso social de las personas y de las empresas, el cuidado del medioambiente, el desarrollo de labores sociales y el incentivo de acciones solidarias no serían un “agregado”, sino parte esencial de la libertad humana.
Como contrapartida aparece la figura del “Estado solidario”, que es aquel que no suplanta a las personas –como lo hemos visto en el empeño de establecer la hegemonía de la educación estatal–, sino más bien se encarga de promover que las personas se organicen, se agrupen y se hagan cargo de sus problemas colectivamente. Un Estado solidario debe regular adecuadamente la actividad económica, de manera de favorecer la competencia, la capacitación y el desarrollo tecnológico. Además debe generar políticas de descentralización y de desconcentración de poder, de manera de fomentar una verdadera regionalización y un empoderamiento de la sociedad civil. Propender a una provisión mixta (es decir, de órganos del Estado en concurrencia con prestadores privados debidamente regulados) de las prestaciones sociales es de la esencial de la solidaridad. Lo mismo sucede con delegar funciones públicas en órganos territoriales, como sería encargar a las juntas de vecinos la mantención de los espacios públicos, con presupuestos condicionados al cumplimiento de determinadas tareas.
En síntesis: es preciso reflexionar y profundizar el principio de solidaridad como la clave para articular el necesario protagonismo de las personas con la ineludible búsqueda de una sociedad más justa, integrada y fraterna. En esta tarea podría estar la clave de una centroderecha moderna con compromiso social.
Diego Shalper
Diputado electo distrito 15
