Dr. Mario Prades
Académico Licenciatura en Historia
Universidad Andrés Bello
Muchos católicos quedaron más que satisfechos con la visita del Papa Francisco a Chile, pero otros tantos sienten que no ha alcanzado lo que se esperaba de su misión.
Una de las claves de esta visita residía en la posición de Francisco respecto de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y otros miembros de la curia chilena. Si bien el Papa pidió perdón por estos hechos, resulta comprensible la controversia suscitada por la presencia del obispo de Osorno, Juan Barros, en las celebraciones apostólicas. Ante los feligreses que acusan a Barros de encubrir los abusos perpetrados por Fernando Karadima, Bergoglio afirmó con contundencia que no va a relevar a Barros sin pruebas contra él, y tildó las acusaciones de “calumnias”.
Uno de los grandes medios que se hicieron eco de estas palabras fue el Boston Globe, cuyo columnista, Kevin Cullen, afirmó que “la promesa del Papa Francisco murió en Santiago” y le acusó de ser un “company man”, un hombre al servicio de “la empresa”. Recordemos que fueron periodistas de ese diario los que denunciaron en 2003 los abusos perpetrados por varios sacerdotes de Boston, episodio conocido mundialmente gracias al film Spotlight, ganador del Oscar en 2015.
No podemos soslayar la dimensión global de las palabras de Francisco si queremos entender la magnitud del caso y las reacciones suscitadas al interior de la Iglesia. El cardenal Sean O’Malley, arzobispo de Boston, afirmó que comprende el dolor que las declaraciones de Bergoglio han causado en las víctimas de abusos. El mensaje de que “sin pruebas nadie lo va a creer” –prosiguió— supone “abandonar” a las víctimas de violaciones y las relega a un “exilio en el descrédito”. Dos días después de esta afirmación, el Pontífice pedía disculpas por utilizar la palabra “pruebas”.
O’Malley –quien en ningún momento duda del compromiso papal en este tema—forma parte de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, un grupo de expertos creado a instancias de Francisco en 2014 para luchar contra la pederastia en la Iglesia. Por iniciativa suya el Papa emitió, el 4 de junio de 2016, una carta apostólica en forma de motu proprio en la que recordaba que los obispos diocesanos pueden ser removidos de sus oficios por “razones graves”, entre las cuales se incluye la “negligencia” en la vigilancia de casos de abusos sexuales a menores. Para Francisco, es negligente el obispo que “ha cometido u omitido actos que hayan causado un grave daño a los demás”. ¿Fue Barros responsable de una omisión? ¿Sería esa negligencia motivo suficiente para aceptar su dimisión, más allá de otras consideraciones morales?
El nombramiento de los miembros de esta comisión expiró el pasado año, sin que, por ahora, el Papa les haya dado continuidad. El semanario National Catholic Reporter lamentó, en su momento, el “decepcionante mensaje” que este hecho transmite, por no hablar de las renuncias de dos de sus miembros, Peter Saunders y Marie Collins, víctimas de abusos, por las trabas que su labor encontró entre la curia vaticana.
La controversia que dejó la visita de Francisco en Chile tiene una relevancia mundial y corre el riesgo, por tanto, de empañar su entero pontificado, que enarboló la “tolerancia cero” contra la pederastia como una de sus señas de identidad. Más allá de la indignación y la rabia locales, el desafío que se le plantea al Papa es global. Su respuesta pasará a la historia.
