En Valdivia, el pasado viernes, la presidenta de la república Michelle Bachelet promulgó la ley que regula la elección de gobernadores regionales que se realizará por primera vez en 2020.
Con esta ley, los jefes del gobierno regional pasan a ser electos democráticamente y ya no designados por el gobierno, además en la jornada la mandataria promulgó además la ley de Fortalecimiento de la Regionalización que permite transferir a los gobiernos regionales atribuciones que hoy tienen los ministerios y servicios públicos.
“Que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir a la máxima autoridad regional es una medida que por sí sola va a gatillar una serie de transformaciones descentralizadoras. Asimismo, un gobernador regional electo se deberá a sus ciudadanos y tendrá que rendir cuenta de sus acciones ante los habitantes de su región y no ante el Presidente de la República Además, va a estar más empoderado para representar y defender los intereses de la región y no los del gobierno de turno, así como también va a tener que proponer y luego ejecutar un programa de gobierno y responder por él ante sus electores.”, señalan desde el ejecutivo en el sitio web gobierno.cl
Contenido de la normativa:
La nueva ley viene a eliminar la actual figura de los intendentes que serán remplazados por dos figuras, una el Gobernador Regional a la cabeza del órgano Ejecutivo del Gobierno Regional y Presidente del Consejo Regional y otra el Delegado Presidencial Regional que será el representante del Presidente de la República en la regiones, existiendo además un delegado provincial en cada una de las provincias. También es eliminada por lo tanto la figura de los gobernadores.
Para ser Gobernador Regional quien salga electo deberá obtener un umbral de al menos el 40 por ciento de los votos válidamente emitidos. De lo contrario, habrá segunda vuelta entre las dos más altas votaciones. Puede reelegirse por un período más.
Además el nuevo cuerpo legal aclara la relación entre el Consejo Regional y el gobernador regional electo: el segundo asigna recursos, en base a ítems presupuestarios aprobados por el Consejo Regional. Por su parte, el Core asigna recursos a iniciativas que superan 7.000 UTM y a preinversionales que deriven en proyectos de ese monto o más.
Además establece nuevas competencias legales para los gobiernos regionales que podrán realizar el diseño, elaboración, aprobación y aplicación de políticas, planes, programas y proyectos como plan Regional de Ordenamiento Territorial vinculante, la facultad de decidir localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios y elaborar y aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Además de establecer la obligatoriedad de los convenios de programación territorial, con municipalidades y servicios públicos (direcciones regionales), ambos exigibles vía Contraloría General de la República.
Además, le corresponderá al Delegado Presidencial Regional, con asiento en la provincia capital de región, la coordinación y supervigilancia de los servicios públicos nacionales no descentralizados con presencia en aquella.
Y entrega al Consejo Regional la facultad fiscalizadora de los actos del Gobierno Regional, la que se ejercerá a través del procedimiento formal que se establece. Sin perjuicio de ello, cualquier consejero regional podrá requerir del gobernador regional o delegado presidencial regional la información necesaria al efecto.
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