• La solicitud la realizó el sacerdote Juan Carlos Urrea con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la Investigación Previa.

Gisella Abarca

Este lunes 10 de febrero, el abogado del ex párroco de Santa Cruz, Juan Carlos Urrea, Abelardo Meza, recibió la copia de la Investigación Previa, un texto de 80 páginas, de parte del Obispado de Rancagua, esto luego que la Corte de Apelaciones de Rancagua -el 3 de febrero- acogiera parcialmente el Recurso de Protección, presentado en contra del Obispo Fernando Ramos, Administrador Apostólico de la Diócesis de Rancagua, esto con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la Investigación Previa.

“Este documento nos permitirá conocer todo lo obrado en esta Investigación Previa (denuncia, declaraciones de testigos, testimonios, etc.), que permitirá tener todos los elementos necesarios para estructurar una defensa civil y canónica de acuerdo a las normas del debido proceso. Lo mismo en cuanto a preparar, como lo exigen las leyes de mi país, una adecuada defensa letrada en todos los foros e instancias que sean necesarios”, expuso en una carta el presbítero Juan Carlos Urrea.

En el escrito, la Corte de Apelaciones de Rancagua señala que “al no entregarse la información de la Investigación Previa al recurrente, se establece una discriminación arbitraria, garantía comprendida en el numeral dos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, protegida por el presente recurso, en el entendido de que tal afectación se encontraría vulnerado el derecho a defensa que posee toda persona que es una manifestación mínima y básica del debido proceso”, considerando que el proceso canónico y penal se encuentra vigente.

Respecto al proceso que le ha tocad vivir, el ex párroco de Santa Cruz expuso en un comunicado “Quiero señalar que en este difícil momento que me ha tocado vivir, he ido consolidando en mi ser y actuar que la búsqueda de la verdad y la justicia serán un camino que habrá que recorrer de manera incansable”, argumentó el presbítero.

Cabe destacar que el 8 de enero, el sacerdote Juan Carlos Urrea presentó ante la Corte de Apelaciones de Rancagua un Recurso de Protección en contra del Obispo Luis Fernando Ramos, con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la Investigación Previa y así poder estructurar una adecuada defensa legal y canónica.

En el papel, el presbítero denunciaba que el acceso al documento había sido denegado a su abogado por parte del Obispado de Rancagua, señalándose que ‘la copia de las actas de una investigación no pueden ser proporcionadas, excepto por un mandato expreso del Juez’.

Y es que a juicio del sacerdote Urrea, el Proceso Canónico realizado desde la toma de la denuncia y la realización de la Investigación Previa, “se han incurrido en graves faltas que han afectado los principios del debido proceso”, copia que fue enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el pasado 3 de octubre del 2019, expresaba.

En ese entonces el sacerdote dio a conocer que el 10 de enero, por medio de terceros, se enteró del inicio del Proceso Penal Administrativo en su contra, mientras que días antes -26 de diciembre de 2019- le solicitó al Vicario Judicial de la Diócesis de Rancagua tener conocimiento previo de la totalidad del documento, antes de firmar la notificación del Proceso Penal Administrativo.

LA DENUNCIA
En mayo de 2019, el Obispado de Rancagua recibió una denuncia de un hombre que en la década del ‘90, siendo menor de edad, acusaba haber sufrido de abuso sexual por parte del presbítero Juan Carlos Urrea.

A raíz de esta acusación, el Obispado de Rancagua decretó el inicio de una Investigación Previa conforme lo establece el Código del Derecho Canónico y el Protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile. Además, como medida cautelar, al sacerdote se le restringió del ejercicio público del ministerio sacerdotal. Mientras que los antecedentes entregados por el denunciante fueron derivados al Ministerio Público.

A fines de agosto de 2019, el Obispado de Rancagua informaba a la comunidad de la finalización de la Investigación Previa, la que determinó que la denuncia era verosímil; es decir, se trata de una acusación que tiene antecedentes suficientes para hacer un juicio canónico al cura, por lo que los antecedentes fueron enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, entidad competente en la materia. Mientras que el sacerdote continuaba con las medidas cautelares dispuestas.

El proceso continuó su curso, y los primeros días de enero, el Obispado de Rancagua informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó iniciar un Proceso Administrativo Penal contra el presbítero Juan Carlos Urrea después de haber recibido las actas de Investigación Previa enviadas precedentemente del obispado, proceso que fue instruido por el Arzobispo de Santiago. Mientras que el presbítero continúa con el ministerio sacerdotal restringido.

El edificio tiene 19 salas de audiencia y trabajarán en el lugar más de 150 funcionarios judiciales.

Fernando Ávila F.

El Primer y Segundo Juzgado Civil de Rancagua comenzarán a funcionar en dependencias del nuevo Centro de Justicia de la capital regional – ubicado en la calle José Victorino Lastarria 410- a partir del viernes 21 de febrero.

En las próximas semanas será el turno del Juzgado de Familia y del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, los cuales también se instalarán en el nuevo edificio del Poder Judicial ubicado en la ex cárcel de la ciudad.

El nuevo Centro de Justicia cuenta con más de 15 mil metros cuadrados, está compuesto por 7 pisos en altura, un zócalo y tres subterráneos, tiene 19 salas de audiencia y trabajarán en el lugar más de 150 funcionarios judiciales.

El edificio tendrá además tecnología de primer nivel en su funcionamiento, con un sistema automático de climatización integral -que regulará la temperatura al interior del inmueble-, un moderno sistema de emergencias y un circuito cerrado de televisión, entre otros adelantos tecnológicos.

Un 15 de febrero, hace 4 años, fue inaugurada la farmacia popular de Rengo con la presencia del alcalde, Daniel Jadue y autoridades locales y regionales, quienes acompañaron al alcalde, Carlos Soto y al Concejo Municipal a levantar las cortinas de este importante establecimiento para la comunidad.

Fernando Ávila F.

A la fecha se encuentran 3 mil 30 inscritos activos, y se han intermediado más de 30 mil medicamentos, se han despachado más de 14.254 medicamentos, con ventas anuales que superaron los 292 millones pesos.

“Teníamos claro que nuestros adultos mayores eran víctimas de verdaderos robos por las farmacias, colusiones grandísimas y quisimos ayudar en el bolsillo de quienes más lo necesitan. Hicimos mucha investigación, luego inauguramos y partimos un 15 de febrero del 2016. Esta pelea no fue fácil, nosotros no nos inscribimos en esta asociación de farmacias populares que hay a nivel nacional. Tuvimos que soportar la prepotencia de los empresarios de distintos laboratorios en Chile pero ganamos la pelea”, señaló el alcalde y representante del municipio, Carlos Soto.

El Director de Salud Municipal, Pablo Villanueva, expresó que “ha significado siempre un orgullo tener este desafío de seguir liderando la Farmacia Popular o Comunitaria, donde tenemos más de tres mil usuarios, con un ahorro del 63%. A la fecha llevamos un ahorro de 450 millones que hubiese sido un costo total para las personas que hubiesen comprado en el retail. Es mucho trabajo, bien complejo, el mercado de los laboratorios está cada vez más exigente, cada vez quieren trabajar menos con las farmacias populares, así que hemos hecho distintas estrategias como contrato de suministros, contrato con Cenabast, mejorar la negociación con Cenabast y estamos en toda la evaluación final para ver si hacemos la apertura universal en un par de meses”.

Es importante destacar ciertos medicamentos con mayor diferencia de precios entre la Farmacia Popular de Rengo y una cadena de farmacia. Por ejemplo, Cilosvitae de 100 mg en el comercio cuesta $18.775 y en la farmacia popular $2.186, una diferencia de 18 mil pesos y un ahorro del 90%. El Ipran de 10 mg que es un antidepresivo, el valor en una comercial es de $24.691 y en la popular $840 con diferencia de $23.851, ahorrando un 97%. El Piascledine que es un Antiartrósico Sintomático de Acción Lenta, en la Farmacia Popular cuesta $14.364 con una diferencia que supera los 8 mil pesos en las farmacias comerciales, donde el medicamento vale $22.723.

El Quetidin de 25 mg que alcanza un ahorro de 96% superando los 22 mil pesos, ya que comercialmente tiene un valor de $23.955 y en la popular $964. El Celedox de 200 mg recetado para el Alivio sintomático en el tratamiento de artrosis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante llega a alcanzar en el comercio un valor de $22.228 mientras que en la Farmacia Popular solo cuesta $2.321. El antidepresivo Bisopril de 2,5 mg su valor comercial es de $13.305 y en la popular de $4.612 con un ahorro de 8 mil pesos.

Frente a estas grandes diferencias, el Alcalde de Rengo afirmó que “aquí queda en evidencia el gran robo de los fármacos en nuestro país, que afecta a la gente más desvalida, cobrándole un precio hasta 3.600 veces mayor. Esto debe evidenciar el robo y la solución es terminarlo porque no es posible que existan estas contradicciones”.