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El drama de vecinos de Villa Santa Blanca de Rancagua

Paredes con hongos y hoyos, ventanas descuadradas y un baño hundiéndose, además de problemas de aislación térmica que empeoran las extremas temperaturas en verano e invierno, formarían parte de las dificultades que enfrentan alrededor de 100 propietarios. A partir de su caso y con el apoyo de Sernac, interpusieron una demanda colectiva contra Inmobiliaria Galilea S.A.

Por Marcela Catalán.

Fotos: Marco Lara.

En noviembre de 2016, con el apoyo del Sernac, vecinos de Villa Santa Blanca de Rancagua demandaron colectivamente a la Inmobiliaria Galilea S.A Ingeniería y Construcción. Son alrededor de cien familias las afectadas y sus casas comenzaron a ser entregadas en 2013. En junio de 2015 fue el inicio del proceso, luego de que el citado organismo gubernamental empezara una mediación colectiva entre los afectados y la empresa. Con todo, hasta hoy, los ciudadanos sentencian que todavía no reciben una respuesta satisfactoria.

En cuanto a la situación de las casas, éstas presentarían deficiencias en la aislación térmica, mala instalación de ventanas, puertas, artefactos de grifería en baños y cocina, aparte de problemas de humedad y hongos, fisuras y grietas, entre otras cosas.

María Eugenia Ahumada encabeza a los vecinos afectados por dicho panorama. “Cuando comenzamos con este movimiento, después de colgar carteles para presionarlos, llegamos a negociaciones y estuvimos en una mesa de trabajo con la constructora. ¿Qué nos ofrecieron? Reparaciones. Accedimos de buena fe, ¿para qué nos sacaran las tejas y nos metieran lana de vidrio por un hueco? Eso no es colocar una buena aislación térmica. Hacerlo implica pagar cerca de $5 millones, porque tendríamos que sacar toda la teja para poder cumplir con ello”, recuerda la dirigente, a la hora de brindar antecedentes sobre el caso.

En ese sentido, denuncia que los obreros a cargo de hacer los arreglos se robaban parte del material destinado para ello. Por otro lado, destaca que uno de los principales accionistas de la empresa es Rodrigo Galilea (RN), quien en marzo se convertirá en senador en ejercicio por la Región del Maule. Además, fue intendente del Presidente Sebastián Piñera por dicha zona. “Él aparece en nuestras escrituras. Tenemos que hacer público esto, porque asumirá en el Congreso y no puede estar involucrado en este tipo de cosas”, critica.

Dado que los residentes no encontraron satisfacción en las soluciones ofrecidas por Galilea S.A, hoy pretenden conseguir una indemnización económica. Y como el proceso judicial patrocinado por Sernac no ha rendido frutos, en noviembre de 2017, 44 vecinos decidieron recurrir a abogados particulares.

“Hoy estamos acreditando que efectivamente estos 44 propietarios que nosotros representamos necesitan una reparación económica, a consecuencia de los daños que sus hogares presentan en la actualidad. Ahora asistiremos a la conciliación, etapa en la cual el tribunal buscará que las partes lleguen a un acuerdo monetario, sin tramitar el juicio completo. Todavía falta el periodo de prueba, donde pediremos distintos peritajes y acompañaremos la documentación que hasta ahora tenemos, porque los informes que manejamos no se encuentran dentro de la causa y aún no son conocidos por el juez”, explica la jurista Angélica Arellano.

“Como estrategia, dependiendo de los problemas de sus viviendas, reuniremos a los vecinos en grupos”, agrega la profesional. En base a lo anterior, calcularán a cuánto deberían ascender las indemnizaciones. “Estamos hablando de millones”, adelanta. Ahumada quien añade que, en su momento, el mencionado organismo gubernamental les solicitó que constructoras externas fiscalizaran la situación de sus domicilios. De acuerdo con dichas carpetas, las reparaciones costarían mínimo $8 millones.

“También queremos pedir una indemnización por daño moral, porque todos teníamos el sueño de la casa propia, pero fue muy frustrante llegar a nuestras viviendas nuevas y que se empezaran a caer las cosas, encontrándonos con que las cerámicas no estaban bien pegadas o que tiras la cadena y se enciende el calefont, mientras que en invierno sufres un frío que ni te encargo. Por tanto, mucha gente ha sufrido sinusitis por la presencia de hongos y otros han tenido dificultades a nivel psicológico. Yo estuve con crisis de pánico, debido a la alta presión que todo esto me generó”, confiesa la dirigente.

BAÑO HUNDIDO

Renata Galleguillos compró su casa en verde durante 2012, costándole en dicha modalidad alrededor de 1200 UF. El primer escollo que debió enfrentar con su propiedad fue el traspaso efectivo de ésta, la cual le fue entregada recién en julio de 2014. “Se demoraron un montón, constantemente llamábamos para pedir una fecha determinada”, recuerda.

En relación a las deficiencias que tendría su residencia, explica que “se filtra agua por las ventanas y tenemos hongos. No hay aislación en el techo, entonces el verano es muy caluroso aquí, no podemos estar en el segundo piso, mientras que el invierno es muy frío y gastamos mucho en calefacción. Cuando hicimos una gatera, nos dimos cuenta de que en el entretecho pusieron una capa mínima de lana de vidrio, como para que se viera y no reclamáramos. Después de que protestamos con los vecinos, una persona no experta colocó un poco de lana en algunas partes, pero porque catetearon mucho. Eso ocurrió en casos específicos”, comenta, descartando que estuviera incluida en ese grupo.

Lo más grave es la situación del baño en suite del dormitorio matrimonial, en el primer nivel, cuyo inodoro se está levantando. “La tina se está separando de la pared y los azulejos también se están levantando. Por nuestra cuenta intentamos que alguien viniera a solucionarlo, sin embargo, no resultó. Cada vez está peor. Cuando te levantas por la mañana, el olor es putrefacto”, lamenta.

En vista de lo anterior, la pareja no utiliza esa habitación y prefiere dormir arriba. “La idea era que nuestros hijos tuvieran sus piezas en el segundo piso y que, por cosas de privacidad nosotros estuviéramos abajo. Tampoco podemos dejar la situación así, porque si más adelante necesitamos vender o arrendar, no podremos hacerlo. El baño debería encontrarse en buenas condiciones, casi ni se ocupó. Pensamos en repararlo, pero para ello se necesitan más de $600 mil: debemos cambiar todo el piso y retirar la tina, entre otras cosas”, se lamenta Galleguillos, quien compró su casa con un subsidio habitacional y crédito hipotecario.

La residente agrega que los guardapolvos de la vivienda también se salen, representando “un peligro” para los integrantes del hogar. “El otro día mi hija pequeña se cayó y se rebanó la pierna con uno de ellos, porque quedaron los filitos al aire”, agrega, no desestimando problemas más preocupantes. “No sé si hay fallas estructurales, ya que aquí no hemos pasado ningún temblor o terremoto grande”, advierte.

Otra propietaria, quien prefiere mantener su identidad en reserva, igualmente compró su domicilio con un subsidio habitacional y crédito hipotecario, recibiéndolo en julio de 2014. En sus palabras, debido a que no cierran bien, las ventanas del segundo piso filtran el agua cuando llueve.

“Por eso se hizo un tremendo orificio en la pieza que da hacia la viña y en invierno debemos cambiar las camas de lugar, porque debido a la humedad no pueden dormir ahí. Hubo zoquetes que nunca funcionaron, así que me aburrí de llamar para que los vinieran a arreglar y al final sólo dejamos uno. Las celosías del baño también estaban pegadas con silicona y no duraron nada así, apenas 6 meses. Después vinieron a ponerlas y volvieron a salirse”, reclama. En línea con el mismo testimonio, la llave del lavamano “colgaba de tanta silicona que le pusieron para que pudiera afirmarse. Tampoco puedo bajar y subir la llave de la ducha, porque ésta se puede caer”.

Por otra parte, el baño del primer nivel evidencia hongos en su cielo y alrededor de la tina. La propietaria además acusa “un gran grieta en la habitación” matrimonial, la cual cruza de de abajo hacia arriba por fuera del ventanal. “La casa también se encuentra toda descascarada por el exterior. Hemos pintado, pero vuelve a estar así”, critica.
Tal como en el caso anterior, esta residente tampoco quiere que la empresa se encargue de las reparaciones. Ella sólo espera recibir dinero para poder reparar su inmueble. “Yo no quiero a sus maestros, ya que no me gustaron los que vinieron un par de veces. Por eso es que la última vez no los dejé entrar. En una oportunidad vieron si yo tenía aislación térmica en el segundo piso, porque en verano el calor es insoportable y en invierno el frío es horrible”, sostiene.

“En la pared del hoyo metí una mano y topé con la tabla. Es tabla y cartón piedra, así lo llamo yo, porque no es internit ni vulcanita. No, yo prefiero plata para reparar con buenos trabajadores. Cuando se presentaron los de ellos, para arreglar una llave de agua, le pusieron tanta silicona que ésta cayó hacia la cañería y después no salía líquido. Nosotros hicimos un presupuesto y necesitamos por lo menos $12 millones para solucionar todo, porque debemos hacer de nuevo el segundo piso”, revela.

EL ROL DE SERVIU

En opinión de María Eugenia Ahumada, si bien el país cuenta con la Ley General de Urbanismo y Construcción, “hay un vacío legal respecto de las personas que compran a las empresas, quienes no tenemos a quién recurrir como ente fiscalizador. Debería hacerlo la Dirección de Obras Municipales de Rancagua, con la cual igualmente me reuní. Ellos están al tanto de todos los antecedentes, pero nunca he tenido una respuesta por escrito”, sentencia.

La dirigente agrega que también envió la información al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), donde “dieron instrucciones para hacer un peritaje”. El primero fue emitido en agosto de 2015 y no dejó satisfechos a los vecinos, pues “ni siquiera llevaron huinchas, sólo fue una inspección visual”. Por ello, solicitaron uno adicional. Éste fue generado en agosto del mismo año. “En esa ocasión, sí llevaron instrumental e hicieron un estudio más acabado”, subraya.

“Se pueden constatar fallas y/o defectos de construcción, principalmente en cuanto a terminaciones y en lo que respecta al mal funcionamiento de la envolvente térmica. Es recomendable realizar un estudio térmico mediante cámara termográfica, con el fin de detectar los posibles puentes térmicos que se hayan producido por la mala colocación o inexistencia de aislante térmico”, se lee en el documento.

También se sugiere “revisar lo indicado en el grado estructural de la madera a utilizar, comparando esto con los certificados de la madera utilizada, en cuanto a la humedad por capilaridad. En general las viviendas no presentan a simple vista problemas de tipo estructural. Sí se pueden constatar desniveles considerables en la loza del segundo piso y problemas en las terminaciones de la vivienda”, agrega Serviu en el informe.

Consultado sobre el tema por Diario El Rancagüino, Víctor Cárdenas, director regional del organismo gubernamental, parte por recalcar que “esta obra fue ejecutada por una inmobiliaria privada. En algunos casos los vecinos compraron con subsidios y créditos hipotecarios, pero no se trata de proyectos contratados ni inspeccionados por nosotros”, apunta.

Acerca de los análisis, la autoridad del Serviu sostiene que estos fueron elaborados “a solicitud de las personas. “Una vez que les explicamos que no éramos parte del contrato ni de ningún tipo de intervención, les señalábamos que podíamos hacer una visita para ver en terreno (la situación), con el fin de que después abordaran el tema con un profesional que hiciera un estudio más definitivo”.

Pese a desmarcar a su entidad del conflicto, Cárdenas reconoce que en el documento “se detallan situaciones que nos parecen necesarias de tocar mediante un análisis más acabado, contactando a alguien que tenga las competencias” para ello. Respecto de las observaciones hechas, comenta que constataron en terreno deficiencias “en la aislación térmica”, entre otros asuntos.

En cuanto a si la institución puede tener otro rol en el caso, lo descarta. “No tenemos las competencias en términos de profesionales”. Reglón seguido, la autoridad alude a la aplicación “de la Ley de Calidad de la Construcción”. Ésta contempla “procedimientos que deben ser llevados al Juzgado de Policía Local o a los tribunales, a través de la presentación de una denuncia”, esgrime.

La autoridad agrega que la misma normativa fue modificada hace unos años, estableciendo que “en toda la cadena de producción de una vivienda, la responsabilidad radica en personas naturales”. Esto, pues antes se creaban inmobiliarias y, “una vez terminado” el proyecto, dichas empresas se disolvían “y no había a quién reclamarle”. En ese sentido, argumenta que hoy es posible recurrir a los profesionales correspondientes.

SERNAC

Consultado el Sernac a propósito de la demanda colectiva presentada en 2016, desde el organismo respondieron mediante la entrega de una minuta comunicacional. En ésta señalan que el proceso judicial “sigue su proceso”, añadiendo que la sentencia futura “tendrá alcance para todos los afectados, hayan o no reclamado” ante ellos. En esa línea, afirman que gestionarán “todas las herramientas judiciales” que tienen en sus manos, en pro de “defender los derechos de los consumidores”.

En sus palabras, el fin del recurso es que los vecinos obtengan una “solución adecuada” para la “serie de problemas” que afectan a sus viviendas. Por ello, advierten que tomaron tal determinación tras “agotar todas las instancias extrajudiciales”, no encontrando “una propuesta que resultara satisfactoria de parte de la empresa”.

En su minuta, Sernac también recuerda que en junio del año 2015 su dirección regional “inició una mediación colectiva” con Galilea S.A, “luego de recibir alrededor de 70 reclamos” de vecinos de Villa Santa Blanca. Respecto de las deficiencias de las edificaciones, observan que éstas apuntan a “la aislación térmica”, además de haber una “mala instalación de artefactos de grifería en baños y cocina, humedad y hongos en diversos sectores, ventanas y puertas mal colocadas, fisuras y grietas en muros interiores, entre otros”.

En relación a esto último, añaden que “la empresa ofreció realizar reparaciones en las casas, propuesta que fue rechazada por los afectados, pues anteriormente realizaron trabajos de mala calidad, agudizándose los problemas”.
Sernac igualmente recuerda que el mercado inmobiliario es regulado por “la Ley General de Urbanismo y Construcciones”. Ésta genera “el derecho a garantía, con plazos según los daños que presente la vivienda nueva: en las terminaciones, durante los primeros 3 años; en las instalaciones, durante los primeros 5 años; estructurales, durante los primeros 10 años desde la compra”.

“Asimismo, la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC) dictamina que las empresas cumplan al pie de la letra con todo lo prometido. Por ejemplo, los plazos de entrega y las características de la vivienda. Cuando no cumplen la ley, los consumidores tienen derecho a reclamar y exigir las compensaciones que correspondan por todos los perjuicios”, añaden en la misiva.

Diario El Rancagüino intentó contactar a Galilea S.A. Para ello sus periodistas recurrieron a la sala de ventas que manejan en Rancagua, para reunirse con Víctor Muñoz, ejecutivo encargado de la sucursal, quien no pudo entregarnos mayor información al respecto indicando que este medio de comunicación debía comunicarse con Eduardo Rocco, subgerente comercial de Galilea S.A. Al intentar contactarlo, se le envió un email que hasta el día de esta publicación, no respondió.

 

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