El concejal de la comuna sanfernandina, Robert Arias, adujo que bajo la Ley Orgánica de Municipalidades lo que arriesga el alcalde es como máximo la destitución, la mínima es una censura, mientras que la sanción intermedia es económica de hasta el 50 por ciento del sueldo durante un tiempo determinado.
Fernando Ávila Figueroa
Una compleja situación es la que se está viviendo en la comuna de San Fernando luego de que el Concejo Municipal aprobara de forma unánime el Oficio 407 que recomienda la aplicación del artículo 60 letra C de la Ley Orgánica Municipal. Esto les otorga facultades para presentar una denuncia de remoción ante el Tribunal Electoral contra el alcalde, en este caso, Luis Berwart.
Lo que exigen los concejales es el fin de horas extras para los funcionarios más cercanos al alcalde, así como validan lo que indica la Contraloría General de la República, que dicen relación con sancionar con hasta el 15 por ciento de descuento del sueldo mensual a aquellos funcionarios más cercanos a la autoridad.
Fue la totalidad de los concejales los que aprobaron la recomendación de la Contraloría, caso que se remonta al año 2016, fecha en la que dicha institución fiscalizó la administración de Berwart, específicamente entre el 1 de enero al 30 de junio de ese año 2016. Los descargos de la administración no dieron frutos positivos.
El oficio donde se propone remover al alcalde, data de fecha 2 de febrero de este año, donde la Contraloría constató una serie de irregularidades, entre ellas, contrataciones realizadas fuera de plazo por trato directo y temas relacionados con procesos disciplinarios que no fueron agilizados como se debe. Si bien el alcalde y los funcionarios de su confianza que fueron sancionados presentaron sus descargos, la Contraloría los rechazó.
El resultado de ello fue instruir un sumario administrativo, resultado que aprobó este martes último la totalidad del Concejo Municipal, con el fin de que se aplique la Ley “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, que indica sanciones a los alcaldes que no hayan cumplido sus funciones, incluso la remoción.
Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría se encuentran contratos con proveedores de forma irregular, sin utilizar licitaciones públicas y bajo trato directo sin poder justificar las razones a las que se accedían a dichos servicios, la realización de campañas donde se difunden obras municipales resaltando el nombre del alcalde, demuestran irregularidades con el tema de difusión y publicidad en el ámbito público.
CONCEJALES APOYAN LA MEDIDA
Conversamos con algunos concejales de la comuna de San Fernando, quienes nos dieron a conocer más detalles de lo ocurrido en la última sesión del Concejo Municipal. Uno de ellos fue Alejandro Riquelme, (UDI), quien indicó que ellos se rigen por lo que establece el mismo organismo como es la Controlaría General de la Republica, por lo que aprobaron un dictamen que especifica directamente que hay responsabilidad administrativa en todo los recursos que se utilizaron en ciertos aspectos entre el 2105 y el año 2016.
El concejal añadió que el alcalde les informó en el último Concejo Municipal que va a sancionar a los funcionarios con lo que establece la Contraloría, así como los seis concejales aprobaron de manera unánime que se entregue información al Tribunal Electoral Regional. “No hay que olvidar que nosotros junto a otros tres concejales, Marta Cádiz, Andrés Jorquera, y Robert Arias, encabezamos ya una demanda el año pasado por notable abandono de deberes del alcalde Luis Berwart. Llegamos al Tribunal Regional Electoral, y eso ya ha tenido dos defensas y se han ganado las dos, por ende esta información que nos entregaron hace poco va estar inserta en esa misma causa, para complementar lo que nosotros estamos trabajando”, dijo el concejal, quien añadió estar muy preocupado por San Fernando, ya que las los liderazgos y competencias se ven en juego, por lo que seguirán fiscalizando como corresponde “hasta las últimas consecuencias”, adujo.
Según Riquelme, existen dos formas que el alcalde salga de sus funciones, primero por el Tribunal Calificador de Elecciones, o que en su defecto tenga algún juicio en un tribunal ordinario siendo procesado hasta las últimas consecuencias, y que de esto sea informado al Tribunal Calificador de Elecciones. “El Concejo Municipal no tiene la atribución de sacar a un alcalde, hay que dejarlo muy claro, pero lo que sí, es que nosotros tenemos una demanda contra el alcalde por notable abandono de deberes desde el año pasado, y eso si prospera, durante los próximos días y el tribunal nos da la razón, el alcalde podría ser destituido. Eso ya está en curso desde el año anterior de manera muy seria”, concluyó Riquelme.
SANCIONAR A FUNCIONARIOS
Por su parte, el concejal, Andrés Jorquera, (Evopoli), quiso aclarar que no se está pidiendo la destitución del alcalde, ya que llegó un informe de la Contraloría, donde ocho funcionarios recibieron las sanciones correspondientes, y el Concejo Municipal debía tener un pronunciamiento a dicho documento, el que aprobaron en todas sus partes. “El alcalde se arriesga a que nosotros presentemos notable abandono de deberes si es que el no cumple con lo requerido por la Contraloría, lo cual es sancionar a los ocho funcionarios sumariados con las sanciones correspondientes. Algunos tienen un 10 por ciento de descuento en sus remuneraciones y un castigo de notas en su hoja de vida de 2 y hasta de 3 puntos”, dijo el concejal.
Jorquera sostuvo que en lo personal solicitó que se aumentaran las sanciones a estos funcionarios. “Nosotros estamos validando el informe que entregó Contraloría, pero todo tiene un proceso. Si la primera autoridad no cumple con lo requerido por el Concejo Municipal, estaría en un notable abandono. Es más, estos antecedentes los vamos a sumar a los que nosotros presentamos el año 2017 por notable abandono de deberes del alcalde, por el tema educación. Toda esta documentación será anexada”, indicó el concejal Jorquera.
También entregó su opinión el concejal, Robert Arias Solís, (PS), quien explicó que fue la Contraloría quien realizó un informe basado desde 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año 2016, lo que se traduce en ocho sumarios administrativos a personas que trabajaban en el Departamento de Administración y Finanzas, Contabilidad, Dideco, Adquisiciones, entre otros, departamentos que según el concejal son sensibles hacia la comunidad, y donde cuatro funcionarios son de la confianza del alcalde, uno de control y tres funcionarios de carrera. Aseguró que se debe hacer una diferenciación en la multa que se le aplicará a cada funcionario, ya que cree que es diferente ser un subordinado a ser el jefe de la unidad, vale decir, entre aquellos funcionarios de confianza del alcalde y los de carrera.
Arias, añadió que el artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades habla de las causales de remoción de un alcalde, mientras que el artículo C, habla de las faltas que llevan a la remoción del cargo. “Lo que nos pide Contraloría a nosotros, bajo el Articulo 60 letra C de la Ley de Municipalidades, dice, ustedes acusan notable abandono…si, eso es lo que aprobamos. No es que los concejales tengan que después ir al Tribunal Electoral. El alcalde no tiene 30 días para responder, ya que el acta debe llegar 20 días después de la recepción del documento, y el documento fue recibido en la Municipalidad de San Fernando el día 15 de febrero. Ahí comienzan a regir 20 días hábiles”, sostuvo el concejal Arias, quien recalcó que ellos votaron efectivamente un notable abandono, pero “con la condicionante que es la Contraloría Regional la Unidad de Fiscalización que realiza ese trámite”. Tras el pronunciamiento del Concejo, es remitido a la Unidad de Fiscalización de la Contraloría General y a su vez derivado al Tribunal Electoral”.
Robert Arias adujo que bajo la ley lo que arriesga el alcalde es como máximo la destitución, la mínima es una censura, mientras que la sanción intermedia es una sanción económica de hasta el 50 por ciento del sueldo durante un tiempo determinado, siendo el Concejo Municipal el que solicita que sanción se aplica.
