Gerardo Coppelli
Académico Facultad de Derecho, U. Central
En los últimos días, hemos sido testigos de un interesante debate entre autoridades de gobierno, del entrante y del saliente, del gremio que agrupa a los Contadores de Chile, los contribuyentes por otra parte, en fin, todos los actores involucrados en el importante proceso de generar los recursos necesarios para que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales.
Nos referimos a la implementación plena de la reforma tributaria, en particular, la aplicación de los dos regímenes tributarios que hoy contempla nuestra legislación tributaria en materia de tributación de la primera categoría, o lo que comúnmente conocemos como la tributación de las empresas.
Lo descrito es una discusión algo inusual a lo que estamos acostumbrados, por cuanto, al contrario de lo que podría pensarse en materia tributaria, cuyas tradicionales discusiones son las cargas tributarias y su siempre anhelada disminución, en esta oportunidad la discusión se centra en la forma a través de la cual se presenta la información al SII, lo tardío de la disposición de los softwares de apoyo, lo confuso de la información entregada por el propio SII, y otros aspectos técnicos, pero con ausencia de argumentos apuntados al monto a pagar. Recordemos que el impuesto a la renta de la primera categoría, y desde la entrada en vigencia de la reforma, ha venido incrementándose paulatinamente año a año. Es así como en el ejercicio anterior, AT2017, fue de un 24% con cargo a las utilidades, y para el presente ejercicio será de un 25% o de un 25,5% según cual sea el régimen tributario definido por el contribuyente, atribuido o semi integrado, respectivamente, es decir, el contribuyente ya tiene asimilado el incremento y lo conoce desde hace ya varios años, no parece ser éste el fondo del asunto.
Definir el centro de la discusión resulta relevante. Cuando las autoridades de gobierno, ministros, el Tesorero General de la República, entre otros, desestiman, y más aún desacreditan la postura del gremio de los contadores y principalmente de los contribuyentes, no están haciendo sino más que demostrar que ante todo, la idea es recaudar, cómo se hace, de qué forma, o a que costo, no parece relevante.
Esta es la oportunidad clave para que el Estado, a través de sus representantes, demuestre que ante todo, está el contribuyente y no la recaudación, la cual resulta ser un instrumento de satisfacción de fines sociales, pero en ningún caso un fin en sí mismo. Es una obligación recoger y por sobre todo atender la muy compleja situación en la cual se encuentran, quizás no los contadores, sino que los contribuyentes a quienes ellos representan. El Estado parece olvidar que la construcción de las declaraciones de renta depende de la información que los contadores, a través de las declaraciones juradas proporcionan. No es un acto de magia el que el SII conozca la información de los contribuyentes, ésta le es proporcionada. Si aquellos que le entregan la información están dando claras y concretas señales de las falencias de la puesta en marcha e implementación de esta última fase de la reforma tributaria, se le debería prestar toda la atención. Ya del todo mala ha resultado la reforma tributaria como para que al final no se haga un único gesto en pro de quienes han tenido, no que aplicarla, han tenido que sufrirla. Por todo, resulta relevante la postergación de la Operación Renta 2018. No todo es recaudar…
