– Tanto en Santiago como en la capital regional Carabineros del OS9 incautó antecedentes sobre investigaciones desechadas y/o en curso en relación a eventuales delitos contra menores cometidos por sacerdotes.
– Fiscalía resaltó la cooperación encontrada en la diligencia.
Luis Fernando González V
Fotos: Marco Lara
Sorpresivamente ayer en la mañana personal del departamento OS9 de Carabineros, en compañía del fiscal jefe de San Vicente Sergio Pérez, llegaron hasta las oficinas del Obispado de Rancagua ubicado en la calle O´Carrol en pleno centro de Rancagua. Al mismo tiempo uniformados, junto al fiscal regional de O´Higgins Emiliano Arias, hacían lo propio en dependencias del Tribunal Eclesiástico en Santiago.
La Fiscalía buscaba incautar documentos en soportes físicos y electrónicos con relación a las investigaciones o antecedentes que pudiesen existir en poder de la Iglesia con relación a presuntos abusos contra menores. La indagatoria estuvo a cargo de la fiscalía de O´Higgins ya que la investigación se inicia a raíz de lo ocurrido con el ex párroco de Lolol denunciado en un programa de televisión tras lo cual quedó de manifiesto la existencia de una “cofradía” de sacerdotes que se hacía llamar “la familia”, se investiga si estos u otros sacerdotes habrían cometido delitos más allá de la investigación canónica por faltas al celibato.
Por otra parte el allanamiento realizado en Santiago tendría su origen en una investigación iniciada por oficio en contra del ex canciller del Arzobispado de Santiago y párroco de la Iglesia Jesús de Nazareth en Estación Central, luego de que se conocieran acusaciones de abuso sexual contra cuatro jóvenes de Rancagua.
Recordemos que en nuestra zona hay 14 sacerdotes suspendidos de su ministerio, pero no necesariamente acusados de abuso de menores, sino por mantener relaciones homosexuales con adultos –faltando a sus deberes sacerdotales- o por tener desordenes y/o uso indebido de fondos parroquiales. El tribunal en lo penal de Pichilemu habría autorizado la entrada y registro solicitada por el ministerio público que dieron origen a los allanamientos simultáneos realizados ayer.
Según señalan desde la Fiscalía se decide allanar las sedes eclesiales luego de que la Iglesia se negara a entregar la información respecto de personas investigadas en la diócesis de Rancagua.
El ministerio público habría solicitado que se entregara de manera voluntaria el total de las investigaciones realizadas en Rancagua desde el año 2003 a la fecha que se hubiesen iniciado por la vulneración a la integridad e indemnidad sexual de menores de edad.
Si bien está situación fue reconocida por monseñor Alejandro Goic , en un comunicado de prensa leído por el obispo se explica que “teniendo en cuenta que los documentos solicitados son parte de un proceso investigativo, cuyos datos deben ser remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 30 de mayo el obispo diocesano solicitó al Vaticano autorización para entregar estos documentos.” El documento agrega que el 5 de junio “la Congregación para la Doctrina de la Fe señaló que la Fiscalía Regional debía realizar esta solicitud mediante un exhorto, que es la vía regular por tratarse de un requerimiento entre dos estados”. Según consigna La Tercera el nuncio Ivo Scapolo entregó la respuesta enviada desde la Santa Sede a Goic. La respuesta señalaba “no es la práctica habitual de esta congregación (la) de autorizar a los Ordenados a hacer excepciones con respecto a las causas sujetas al secreto papal. Por lo tanto si la fiscalía regional considera necesario avanzar, podrá enviar la carta de solicitud internacional y este ministerio responderá”.
Está situación no correspondería para la Fiscalía, ya que según el fiscal Emiliano Arias ““en Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria, todos, todas las personas (…) la forma que uno tiene como fiscal investigador en general es pedir la entrega voluntaria de antecedentes. A continuación si es que la autoridad se niega, amparándose en el secreto, el fiscal tiene dos medidas: no hacerlo nunca o acudir a los tribunales de justicia para que den una autorización judicial para hacer la incautación de tales elementos. Se solicitó una autorización judicial y en el desarrollo de las diligencias de la autorización judicial, la cooperación de la Iglesia ha sido total”.
Aunque el fiscal regional aclaró que “yo no estoy investigando a la Iglesia Católica, sino que a personas naturales que han cometido delitos y que son parte de la Iglesia Católica, pero no es una investigación contra la Iglesia Católica”.
Al mismo tiempo el obispo Goic afirmó que en la diligencia de ayer se hizo entrega de la información requerida y reiteró “su total compromiso con la búsqueda de la verdad y su disponibilidad con el proceso investigativo”. Ambos fiscales resaltaron la total cooperación en la diligencia realizada ayer.
Según trascendió lo incautado tiene relación con los antecedentes de las llamadas investigaciones previas, es decir de denuncias recibidas por la Iglesia y que posteriormente fueron desechados y también por aquellas que finalmente al ser encontradas verosímiles habrían sido enviadas a la a la Congregación para la Doctrina de la Fe, hubiesen terminado o no con sanciones canónicas. Lo anterior desde el año 2007 a la fecha.
El fiscal Pérez fue enfático en señalar que lo que están investigando es solo en relación a eventuales abusos sexuales contra menores.
