- Ambos poseen 17 causas cruzadas por violencia intrafamiliar en Fiscalía, de ellas 8 siguen vigentes. El Fiscal, Sergio Moya, adujo que han ofrecido diversas medidas de protección como la relocalización, hasta otras que están vigentes, dentro de ellas las más extremas han sido rechazadas, sumado a las múltiples retractaciones de ambas partes.
Fernando Ávila F.
Por las redes sociales se ha conocido el caso de Cristina Lara Galdames, quien ha denunciado maltratos y hostigamiento de su ex pareja, J.P.M, lo que la motivó a huir y esconderse, ya que asegura temer por su vida.
La Fiscalía de Rancagua había iniciado una investigación debido a que se desconocía su paradero, sin embargo, apareció aduciendo que se había ido por sus propios medios. Respecto al caso, la Fiscalía Regional de O’Higgins en voz del Fiscal, Sergio Moya, dio a conocer que han realizado un seguimiento desde hace un tiempo del caso, calificándolo como complejo.
Esto ha motivado la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos, y de un fiscal especializado. Moya indicó que Cristina Lara tiene aproximadamente 70 causas en la Fiscalía Local, mientras que J.P.M, tiene alrededor de 50 causas. De estas 17 causas dicen relación con violencia intrafamiliar entre ellos, vale decir, causas cruzadas. De las 17 causas entre ellos, 8 de ellas están vigentes, por lo que se han requerido pericias del Servicio Médico Legal para realizar exámenes psiquiátricos, a los cuales no han comparecido, así como hay causas en el Tribunal de Familia.
Sergio Moya adujo que han ofrecido diversas medidas de protección como la relocalización, hasta otras que están vigentes, dentro de ellas las más extremas han sido rechazadas, sumado a las múltiples retractaciones de ambas partes.
Dentro de las causas vigentes en algunas ella es la víctima, mientras que en otras él es la víctima, incluso existen certificados con atención de urgencia, donde se constatan lesiones, se realiza la presentación al tribunal, pero las partes han desistido de dichas denuncias, por lo que no puede haber una sentencia condenatoria. Pese a ello el Fiscal Moya indicó que han solicitado las medidas cautelares que corresponden y autónomamente el Ministerio Público ha ordenado las medidas de protección necesarias, las que no han contado con el apoyo y compromiso de la víctima, donde se han planteado temas como la relocalización que ha sido rechazado.
MÁS ALLÁ DE LO PENAL
El Fiscal fue más allá aduciendo que en este caso existe un tema de salud mental, y con términos de familia, remitiendo los antecedentes al Tribunal de Familia. Respecto a su ultima desaparición, existía la denuncia por presunta desgracia, acudiendo a declarar Cristina a Fiscalía el miércoles último, donde explicó donde estuvo, enfatizando el fiscal que se han adoptado las medidas de protección necesarias, pero los procesos no han finalizado, sin juicio, y sin el testimonio de la víctima.
Las causas que han ingresado a la Fiscalía datan desde el año 2009 a la fecha. En cuanto a J.P.M, el fiscal entiende que acudirá a la Fiscalía a deducir querellas criminales para ejercer su derecho a defensa. En lo que se refiere a Cristina, Moya adujo que posee causas pendientes por daño a equipamiento médico del Hospital Regional por un valor de 3 millones de pesos, y maltrato de obra de Carabinero.
Es por ello que el tribunal decidió que se le tomaran exámenes psiquiátricos para determinar si es imputable o no, exámenes a los que Cristina no ha concurrido, pese a la solicitud de Fiscalía. “Aquí hay factores no solamente jurídico penales, sino que también sicosociales y también de otra connotación. El sólo ámbito de la justicia criminal no va a dar solución a este problema. Aquí se requiere por la envergadura del problema una labor integral que corresponde al Tribunal de Familia, al Servicio Médico Legal, al Tribunal de Garantía, a los propios involucrados y su familia, para superar este círculo de violencia”, dijo el Fiscal.
Tanto Cristina como J.P.M han declarado esta semana en el tribunal, y no se descartan más diligencias, ya que desde enero se encuentra pendiente una orden de investigar integral en la PDI, del que se esperan los resultados. “Oportunamente hemos solicitado al tribunal las medidas necesarias para precaver cualquier incidente, y hemos dispuesto las medidas de protección pertinentes”, dijo el Fiscal Moya.
