Luis Fernando González Vallejos.- Sub Director
Si usted o yo nos atrasamos, por el motivo que sea, en el pago de una cuenta –especialmente si es una deuda con una gran empresa- seguro nos cobrarán un interés. Por pequeño y legal que sea ese pago, es impensado que no exista.
Entonces cabe preguntarse cuando la situación es al revés, cuando una gran empresa se atrasa en el pago a sus proveedores. ¿Por qué la empresa no debiese estar sometida a las mismas reglas?
Según señalan diversos estudios, las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 50% del empleo en nuestro país. Pese a que el rol que cumplen en nuestra sociedad las pequeñas y medianas empresas, muchas veces estas se ven complicadas por no recibir oportunamente pagos, donde incluso facturas llegan a ser cubiertas a más de 180 días. Las Pymes, en la gran mayoría de los casos, se ven obligadas a aceptar esas condiciones, ya que no pueden arriesgarse a perder a sus grandes clientes o los canales de comercialización de sus servicios o productos.
Pero esta situación genera un perverso circulo vicioso, mientras las Pymes perciben los ingresos de su trabajo en plazos de hasta 180 días, deben cumplir sus obligaciones tributarias y laborales cada 30. Así, se les produce una falta de liquidez que deben enfrentar recurriendo a mecanismos como los factoring, que les adelantan el monto de sus facturas, pero aplicándoles tasas de descuento. Incluso, se ha llegado al extremo, a través del sistema pronto pago, donde las grandes empresas ofrecen “adelantar” el pago de las facturas que ellas mismas adeudan, pero también con un descuento.
Un remedio a esta situación trata de ponerlo el actual gobierno al ingresar al congreso un proyecto de ley titulado “pago Oportuno a las empresas proveedoras de bienes y servicios por parte de sus pares compradoras”, que se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía de la Cámara y que fija en 60 días el plazo máximo de pago sin intereses, o menos si hay acuerdo entre las partes.
La iniciativa, si bien significa una superación de lo que hoy existe, está bastante lejos de lo que han recomendado especialistas y representantes gremiales de la Pymes, que han propuesto la aplicación del interés máximo convencional a los montos facturados que no se paguen dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la respectiva factura.
Igualmente, han planteado limitar el acceso al crédito IVA, solo respecto de facturas pagadas, ya que actualmente nos encontramos ante el absurdo de que una empresa que paga las facturas a su proveedor en 60, 90 ó 120 días, tiene derecho a crédito IVA al mes siguiente al cual registró tales facturas en su contabilidad. Es decir, el Fisco de Chile otorga beneficios a empresas respecto de obligaciones que no han cumplido, al mismo tiempo que el pequeño debe pagar sus impuestos de facturas que no necesariamente le han pagado. Un incentivo en el sentido correcto sería no solo poder posponer el iva, sino el pagarlo solo sobre las facturas realmente canceladas y no sobre las emitidas, aunque este pago pueda posponerse.
Además, el Gobierno debería analizar la posibilidad de establecer un registro público, a cargo del Ministerio de Economía, que dé cuenta de aquellas grandes empresas que tienen como práctica comercial postergar el pago de facturas a las Pymes, tal como la Dirección del Trabajo lleva un registro y publica el listado de empresas que han sido condenadas por prácticas antisindicales.
Es de esperar que esta iniciativa del Ejecutivo sea enriquecida en su debate parlamentario.
