La Gobernación Provincial de Valparaíso presentó una querella criminal en contra de C. E. M. , hincha del Club Deportivo O’Higgins de Rancagua, quien según señala la querella presentada por la gobernación habría sido  sorprendido en fragancia por Carabineros lanzando piedras y objetos contundentes durante incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Estadio Sausalito de Viña del Mar, previo al partido que disputaron el domingo Everton contra los celestes.

La querella es por desórdenes públicos y se extiende a todos aquellos que eventualmente resulten responsables como coautores, cómplices o encubridores por los delitos previstos y sancionados en el artículo 13 de la Ley N° 19.327 de “Derechos y Deberes en los espectáculos del fútbol profesional” y en el artículo 269, inciso 1°, del Código Penal.

La detención se produjo el domingo, pasadas las 18:40 hrs, entre la Avenida Padre Hurtado y calle Alcalde Luis Trejo, y fue realizada por Fuerzas Especiales de Carabineros, durante los incidentes producidos entre barristas, señalaron desde Valparaiso.

Tras el control de detención en los juzgados de la ciudad jardín, el aludido quedó con la medida cautelar de prohibición de asistir a cualquier espectáculo del fútbol profesional a nivel país por el tiempo que dure el plazo de la investigación, el que quedó determinado en 90 días.

Al respecto, la Gobernadora de la Provincia de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, insistió en el llamado al buen comportamiento de todas las hinchadas, con el fin de lograr el tan ansiado aforo completo en los estadios, característica que hace años no se puede lograr en los recintos de la región, lo que ha mermado la calidad deportiva de cada encuentro. “Esta es una tremenda señal como Gobernación Provincial – señaló -, especialmente para el llamado que ha hecho el Presidente Sebastián Piñera, de llevar nuevamente a las familias al fútbol. Este incidente producido en el pasado partido de Everton y O´Higgins da cuenta de que este tipo de conductas son las que queremos evitar”.

El imputado arriesga pena de presidio, además de una eventual pena accesoria de prohibición de ingresar a los estadios durante el desarrollo de un partido de fútbol profesional, señalan desde la gobernación.