Desde esta mañana en huelga legal se encuentran los funcionarios del Colegio Coya, tras no lograr acuerdo con el establecimiento en el marco de una negociación colectiva que comenzó el 22 de julio pasado.
Iniciada la movilización a través de un comunicado, el presidente de la Corporación Educacional Colegio Coya, Pedro Aguirre Diez, señala que Colegio Coya S.A “realizó todos los esfuerzos posibles dentro de un espacio de responsabilidad económica de corto, mediano y largo plazo para poder llegar a un acuerdo”.
Según el escrito se habría ofrecido al sindicato, un reajuste de IPC anual, una nivelación de sueldos, en particular los salarios más bajos correspondientes a personal de servicio, asistentes de párvulo y de educación básica, que en promedio significa un aumento de remuneraciones ascendente a un 11% y un reajuste real de sueldo, equivalente a un 5% en el mes de agosto, como también un reajuste adicional en enero, que alcanza un 2%.
Junto con ello, se habría ofrecido un aumento en bonos de responsabilidades especiales, de reconocimiento de años de servicio, estímulos por méritos, entre otros beneficios y un bono por término de negociación de $500.000. «Propuesta superior en más de un 50% a la realizada antes de la mediación», señalaba el documento
“Entendemos que los trabajadores tengan el deseo de mejorar sus condiciones económicas, sin embargo, es nuestra obligación velar por la estabilidad del proyecto Colegio Coya S.A., por lo cual nuestra propuesta se ajusta a ese criterio”, indican en el comunicado, donde agregan que “desde ya, expresamos a nuestra comunidad escolar, nuestras más profundas disculpas por la situación, la cual esperamos sea solucionada con la mayor premura, para no afectar a la comunidad escolar, y en particular a los alumnos”.
Por su parte, también a través de una declaración pública, desde el sindicato aseguraron que “la decisión de huelga ha sido posible, sólo por la intransigencia de la Corporación Educacional para arribar a un acuerdo de mutua conveniencia, dañando así los derechos de nuestros estudiantes y violando el contrato de prestación de servicio establecido con sus padres”.
Asimismo, agregaron que “es incomprensible la negativa de la Corporación para otorgar reajustes reales y beneficiosos, en circunstancia que en el mismo período las mensualidades se reajustaron en un 28%, las utilidades alcanzadas fueron alrededor de 300 millones de pesos, habiéndose gastando además $250 millones por despidos innecesarios y algunos mal efectuados, por lo que se pagó montos extraordinarios por dichas demandas”, acusan.
