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Marcelo Drago y Gloria de la Fuente, presidente y consejera del Consejo para la Transparencia, respectivamente, junto a Luis Fernando González, editor de El Rancagüino.

Ley de Transparencia cumple una década de funcionamiento y consejo aboga en favor de profundizar la normativa

 

La entidad celebra sus diez años de vida en paralelo a una polémica que tiene al Senado en el ojo del huracán. Lo anterior, luego de que un medio de comunicación solicitara que la Cámara Alta entregue los informes de asesorías externas que sus parlamentarios encargaron desde septiembre hasta diciembre de 2015. Comisión de Ética de los legisladores rechazó la entrega de los documentos.

 

 

Marcela Catalán

En agosto de 2008, la entonces Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley de Transparencia o Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública. La normativa entró en vigencia en abril de 2009 y, como su nombre lo dice, fue pensada para transparentar información perteneciente a los organismos públicos. En esa línea, el precepto estableció procedimientos para solicitar datos. De ahí que sirva no sólo a la ciudadanía en general, ya que profesionales como los reporteros pueden pedir antecedentes de interés para elaborar notas y reportajes. Con tal de velar por el cumplimiento de la disposición, también se creó el Consejo para la Transparencia (Cplt).

 

El órgano autónomo vela por el cumplimiento de las disposiciones y este año cumplió una década de trabajo. En dicho contexto es que Marcelo Drago y Gloria de la Fuente, presidente y consejera de la entidad, respectivamente, visitaron O’Higgins. “Estamos realizando la última convocatoria, en el marco de un proceso significativo de reflexión a nivel nacional. Hemos estado en las regiones, convocando a estudiantes, académicos, dirigentes vecinales y gremiales, como también a la sociedad civil, funcionarios públicos y municipios para reflexionar. Hemos conseguido una participación de alrededor de 2.200 personas a lo largo del país”, afirma el primero.

 

El presidente de la institución destaca que junto al Poder Ejecutivo ya trabajan en una nueva normativa sobre la materia, con el fin de “profundizar el sistema y extenderlo. Desarrollaremos distintas actividades para entregar los resultados del proceso participativo a los presidentes de la Corte Suprema, Senado y la República, para discutir estas materias”.

 

De acuerdo con Gloria de la Fuente, el arranque de la ley fue un gran avance para el país e incluso significó un hito a nivel global. Lo anterior, pues la disposición homóloga empezó a operar en 2013 en España y en 2016 en Argentina.

 

“Cuando fue promulgada, se trató de una ley de vanguardia. Hace doce años podías pedir información a alguna autoridad y si ésta la negaba o no contestaba, no pasaba nada y era lo más normal del mundo. Hoy eso es impensable, ya que existe cierta conciencia de que son datos de acceso público. Pero el sistema llegó a su máximo técnico y lo que antes fue de vanguardia, hoy constituye el piso mínimo sobre el cual proyectarse en la próxima década”, argumenta Drago.

 

A su juicio, la tarea es “contar con un sistema integral de transparencia, con facultades sobre los órganos de administración central del Estado, lo cual incluye las intendencias, gobernaciones regionales y municipios”, añade. En esa línea, si bien explica que órganos autónomos como la Contraloría, el Tribunal Constitucional y el Banco Central están obligados a responder requerimientos, al final zanjan dichas solicitudes por su propia cuenta. “Resuelven las solicitudes por sí y ante sí. Lo mismo ocurre con el Poder Legislativo y Judicial, pero debe haber una sola vara para todo el Estado, con una sola puerta de entrada y un solo órgano garante que aplique las disposiciones a todos. También existen una serie de ámbitos de opacidad” que deben ser superados, opina. Es así como nombra el Artículo 436 del Código de Justicia Militar, “que permitió no conocer con claridad las dotaciones de Carabineros, y vimos lo que sucedió en ese ámbito. O el resabio histórico de las leyes reservadas… Es el minuto para terminar con esto”.

 

De la Fuente agrega que “pese a existir una valoración muy alta respecto a la política de transparencia, es posible avanzar. Además, es una necesidad. Todavía son bajos los niveles de conocimiento de la norma y apropiación. Por ello el consejo se ha volcado este año a viajar a regiones, escuchar a la ciudadanía y promover el ejercicio de este derecho, ya que permite el ejercicio de otras garantías. Lo vimos hace poco, a propósito de una fiscalización que hicimos con los protocolos de acoso de las universidades”.

 

A su juicio, también deben “capacitar a los enlaces” que el consejo tiene en todas las reparticiones públicas “o al menos en las instituciones que son sujetos obligados. La entrega de antecedentes no depende de los enlaces, sino que de alguien más. Si uno mira a nivel nacional y particularmente en esta región, el desempeño de los municipios depende mucho más de la voluntad de las autoridades, es decir, de quienes lideran estos procesos. Más que del tamaño, depende de la capacidad de esos municipios. Eso es clave, porque se podría pensar que los entes edilicios más pequeños o con menos recursos responden menos requerimientos. Y en realidad, no es así”.

 

Respecto a la excusa de distracción indebida de las funciones, para no responder una petición, Drago afirma que se trata de una pretexto muy esgrimido por las entidades que reciben solicitudes. “Tenemos una vara muy alta para aplicar esa causa, ya que deben probar en detalle cuántas horas deben dedicarle a su respuesta, el número de personas dedicadas a ello, cómo la tienen sistematizada… Resolvemos caso a caso (…). Invirtiendo en la gestión documental, las horas destinadas (a contestar requerimientos) disminuyen de modo drástico”.

 

El presidente del Cplt recuerda que el Congreso asumió en 2020 la normativa, “incluso en las causales de reserva. Pero en rigor, su órgano de control no somos nosotros; tienen uno interno, como ocurre con otras autonomías”. En el último tiempo, la Cámara Alta se ha visto envuelta en una polémica con la disposición. Todo ocurrió luego de que un medio de comunicación pidiera los informes de asesorías externas que sus senadores encargaron desde septiembre hasta diciembre de 2015, dilema que la Comisión de Ética de los legisladores resolvió con un rechazo.

 

“Es bueno que el Parlamento deje de tener que resolver estas materias por sí y ante sí”, opina Drago. A su juicio, la situación atenta contra la confianza que la ciudadanía tiene en dicho poder. “Todos los que se encuentran en circunstancias de tener que decidir internamente, como juez y parte, hoy pueden dejar atrás esas eventualidades y formar parte de un solo sistema que dé garantías a todos y que zanje un tercero imparcial”.

 

En sus palabras, el Cplt es la entidad adecuada para asumir ese rol. “El debate debería conducir al consejo. No tiene sentido crear una nueva institucionalidad para ver estos temas”, remata.

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