El Rancagüino 103 años en la Región de O'Higgins
- La empresa fue sentenciada a pagar un millón de pesos a consumidora afectada, además de eliminar de su estado de cuenta los 400 mil pesos sustraídos por terceros. Este fallo ratifica el derecho que tienen los consumidores a la seguridad en el consumo.
Fernando Ávila F.
El Primer Juzgado de Policía Local de la ciudad de Rancagua condenó a la empresa CMR Falabella S.A, al pago de una indemnización de un millón de pesos a una consumidora y a eliminar de su estado de cuenta $400 mil sustraídos por terceros desde su cuenta.
Los hechos se remontan al año 2016, cuando una consumidora, al revisar su estado de cuenta, se percató que los días 19 y 20 marzo se efectuaron dos giros por $200 mil cada uno correspondiente a un avance en efectivo desde su tarjeta de crédito de CMR Falabella, por parte de terceros. En total $400 mil.
Apenas se enteró de esta situación, la consumidora se comunicó con Falabella, la que no entregó una propuesta de solución, por lo que la afectada interpuso la denuncia ante Carabineros y el reclamo ante la Dirección Regional del Sernac de O´Higgins.
Luego que las gestiones del Servicio resultaran sin efectos favorables, la afectada interpuso una denuncia en el Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua, instancia donde el Sernac regional se hizo parte.
Tras analizar los antecedentes, el tribunal condenó a CMR Falabella por vulnerar la Ley del Consumidor al no brindar seguridad en la prestación del servicio crediticio a la afectada, permitiendo de esta forma que se efectuaran giros de dinero de su cuenta por terceros.
Además de la indemnización para la consumidora, el tribunal aplicó una multa de 5 UTM (alrededor de $238 mil) por haber infringido la normativa.
Para el Director Regional (s) del Sernac, Efraín Contreras, este fallo confirma que los consumidores tienen derecho a la seguridad y en caso de cometer un error, las empresas deben responder.
“Las empresas deben cumplir con su deber de profesionalidad y tomar las medidas necesarias para que los consumidores no sean víctimas de fraudes. Si bien se trata de acciones realizadas por delincuentes, y que debe ser investigada por el Ministerio Público y perseguida por las Policías, las empresas tienen el deber de entregar servicios seguros y cerciorarse como mínimo, de que a quien se le entrega el servicio, es quien dice ser”, enfatizó Contreras.
