Con 128 votos fue aprobado y despachado al Senado, el proyecto de ley que obliga a las autoridades religiosas o eclesiásticas, denunciar casos de abuso sexual contra menores de edad, cuando estos estén bajo su conocimiento.

La iniciativa fue presentada en mayo de 2018 por el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, quien celebró la aprobación unánime y lo calificó como “el primer paso para terminar con la cultura del encubrimiento y los cómplices pasivos”.

La iniciativa de ley busca incluir en el artículo 175 de Código Procesal Penal la obligación expresa de los sacerdotes a denunciar al Ministerio Público, bajo una sanción penal, cualquier hecho de abuso contra un menor del que ellos tomen conocimiento. Esto, para todas aquellas autoridades religiosas, sacerdotes, pastores, miembros del clero y para todo tipo de directivos de instituciones deportivas, culturales, juveniles, sociales.

Fin

No tiene un plazo de término, mientras que la arista administrativa tiene un plazo de cinco días que pueden prorrogarse. Además Arias sigue en su cargo, descartando una suspensión, por lo que puede continuar con sus labores en la Fiscalía Regional.

Fernando Ávila Figueroa

Tras el Consejo General de Fiscales Regionales a la que convocó el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se determinó que sea el Fiscal de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Eugenio Campos, quien investigue penalmente al Fiscal, Emiliano Arias, por los posibles delitos de tráfico de influencias, violación de secreto, y obstrucción a la investigación.
La información la entregó la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción Marta Herrera, quien indicó que se trata de un fiscal con bastante experiencia en delitos de corrupción, ya que por ejemplo encabeza la investigación del fraude en Carabineros, y posee una forma reservada de llevar sus investigaciones.

Marta Herrera agregó que esta investigación se origina luego de la denuncia penal que realizó el Fiscal, Sergio Moya, sumándose a la investigación administrativa que encabeza el Fiscal de Antofagasta, Alberto Ayala, esto debido a que la denuncia contiene hechos que eventualmente podrían ser constitutivas de infracciones administrativas, como de delitos.

La vocera recalcó que se trata de investigaciones distintas, ya que por un lado está la responsabilidad disciplinaria que se le atribuye al Fiscal Arias, y por otro lado la responsabilidad penal. Sin embargo, la investigación administrativa, por ejemplo, puede ir desde una amonestación privada, hasta una remoción, sobreseimiento, o absolución de cargos.

Esta investigación no tiene un plazo de término, mientras que la administrativa tiene un plazo de cinco días que pueden prorrogarse. Además Arias sigue en su cargo, descartando una suspensión, por lo que puede continuar con sus labores en la Fiscalía Regional. En relación a los antecedentes de las denuncias de Sergio Moya, los antecedentes fueron entregados a todos los fiscales regionales, ya que la vocera indicó que se trata de una situación grave y compleja, que ameritaba entregar los antecedentes sin vulnerar lo que es una investigación penal.

ARIAS PODRIA RECUSAR A FISCAL

Durante las últimas horas se ha conocido que el Fiscal Arias podría presentar una recusación contra la determinación del Fiscal Nacional de nombrar al fiscal regional de Antofagasta Alberto Ayala a cargo de la investigación administrativa en su contra, ya que el Fiscal Ayala está frente de la querella presentada por Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, precisamente contra los fiscales que estuvieron al frente de sus casos, vale decir, Arias y Moya, esto por violación de secreto y una presunta extorción en el marco del denominado caso Caval.

El Diputado por el Distrito 15 Diego Schalper junto a parlamentarios de Evopoli y Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca crear una unidad autónoma con personalidad jurídica y recursos propios, que vele por las Policías Chilenas.

Fue durante la mañana de este martes que ingresaron  a la cámara de diputados el documento, que busca crear la “Defensoría de las policías”, cuyo objetivo es proteger los derechos humanos de los funcionarios pertenecientes a Carabineros, Gendarmería y PDI.

“Los niveles de violencia que sufren nuestras policias son intolerables, los Carabineros también tienen derechos humanos y a muchos eso se les olvida” expresó el parlamentario, agregando que “Ellos salen a trabajar, pero no saben si van a regresar a su casa”

Schalper espera que la nueva unidad, liderada por la figura de un ‘’Defensor de las policías’’ designado por el Senado y en base a una propuesta entregada por Carabineros, PDI y Gendarmería pueda entregar a los uniformados asesoría y defensa jurídica de manera oportuna, de calidad, además de apoyo psicológico y realizar denuncias de eventuales vulneraciones de derechos junto con  promover el respeto irrestricto a estas prerrogativas.