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Acusación Constitucional: un atentado al Estado de Derecho

 

La acusación constitucional es un mecanismo de control político-constitucional que busca hacer responder a un grupo de Autoridades por conductas u omisiones expresamente señaladas y de suma gravedad. Es una verdadera “bomba atómica” institucional, que debe considerarse en casos de ultima ratio, donde no existe ninguna otra manera para remediar el daño causado. En ese sentido, debe reservarse para situaciones sumamente excepcionales.

 

Hace algunos días un grupo de parlamentarios ha formulado una acusación constitucional contra tres Ministros de la Corte Suprema, motivada en el contenido de una sentencia judicial y fundada –a su juicio¬– en un notable abandono de deberes. En otras palabras, se ha considerado posible hacer un control político-constitucional de un grupo de jueces por el resultado contenido en sus sentencias. Lo anterior me parece de suma gravedad, porque más allá de la decisión judicial en sí –por cierto, susceptible de discusión y controversia como todo fallo–, lo que está en juego es la independencia del poder judicial, la separación de los poderes del Estado y, en último término, el Estado de Derecho.

 

La independencia del Poder Judicial consiste en la facultad que tienen los jueces de resolver los conflictos sin presiones ni intromisiones de otros poderes del Estado, con estricto apego a la normativa vigente (dictada por la acción conjunta del Poder Legislativo y el Poder ejecutivo). Así, las controversias que puedan suscitar el contenido de los fallos debe resolverse con los mecanismos que el ordenamiento jurídico contiene, relativo a la interposición de recursos judiciales. ¿Es sostenible que el poder político pueda pretender destituir a los jueces cuando no comparte el contenido de sus resoluciones? ¿No consiste en una presión indebida que anula toda posibilidad de independencia el que la disconformidad con el contenido de un fallo pueda fundar el coartar el ejercicio de aquellos que lo han dictado? ¿No sucede con esto que más que una separación de los poderes del Estado, lo que podría darse es una sumisión del Poder Judicial a las ideas que coyunturalmente predominen en el Congreso? ¿Cómo se resguardan los derechos de las minorías en ese escenario – asunto central del Estado de Derecho –, si la mayoría contingente puede despedir a aquel que contradice sus postulados?.

 

Digámoslo con claridad: la acusación constitucional busca sancionar al negligente, no al que disiente con la postura predominante del Congreso. Esta acción que han tomado algunos diputados se extralimita y distorsiona el propósito del recurso constitucional, con consecuencias nefastas para nuestro ordenamiento institucional. Es de esperar que prime la racionalidad, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de la autonomía del poder judicial, rechazándose esta iniciativa. Porque un país donde los jueces pueden ser destituidos por el contenido de sus fallos se acerca peligrosamente a lamentables dictaduras que nada tienen que ver con el desarrollo institucional de Chile.

 

 

Diego Schalper

Diputado

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