El persecutor agregó que esperan los análisis de las pericias hechas a la casa de Marcelo Vidal y al municipio, para realizar nuevas diligencias, llamar a declarar al alcalde, y examinar la ampliación de cargos e imputaciones.
Marcela Catalán
En el contexto de la indagación por irregularidades ocurridas en el Teatro Regional de Rancagua, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Sergio Moya, descartó un vínculo entre dicho caso y la denuncia de extorsión a Eduardo Soto, destapada por Ciper Chile. De acuerdo con el reportaje, en marzo de 2017 y en representación del edil, el abogado Mario Zumelzu acusó a un joven de exigir al jefe comunal el pago de $20 millones, fundamentándose en una serie de correos donde este último le solicita que deposite dinero en su cuenta.
El persecutor argumentó que el tema fue indagado, “pero un nexo directo con la causa del teatro, en términos jurídicos e investigativos, no está establecido. Esta investigación está prácticamente agotada, no hay más diligencias útiles que practicar”. Consultado sobre si ello significa que esa exploración puede ser cerrada, respondió de modo afirmativo y agregó que “no tiene mayor relevancia con relación a la causa (del recinto de Millán). No hay una conexión jurídica ni fáctica. Sé que han habido apreciaciones que las enlazan, pero no hemos detectado nada así y ninguno de los querellantes ha aportado antecedentes útiles o que siquiera se acerquen a eso”.
Ya de lleno sobre el caso del Teatro Regional, Moya recordó que en enero vence la ampliación de investigar (luego de que dicho plazo se extendiera otros seis meses), producto de diligencias que requirió Marcelo Vidal. “Habiéndose emitido un informe pericial sobre la situación financiera de la corporación que lo administra (el espacio), por parte del Consejo de Defensa del Estado, ellos aportaron un peritaje privado. Los montos que no se logran justificar (de lo malversado), son bastante inferiores que los señalados por el perito del CDE”.
“Es una diligencia pertinente y le encargamos al Laboratorio de Criminalística Central de la PDI de Santiago comparara ambas cosas”, afirmó el persecutor. Agregó que también esperan los resultados de las revisiones de computadores, celulares y documentación incautada al domicilio del músico y a la Municipalidad de Rancagua. “Una vez obtenido esto, debe ser analizado por la Fiscalía. Luego podremos determinar si hay que ampliar cargos o formular nuevas imputaciones. Esperamos que la información procesada pueda estar lista a fines de noviembre”.
El abogado añadió que teniendo ese análisis disponible, “empezará una nueva ronda de interrogatorios, para contrastarlos con los datos que tienen en los equipos incautados. Luego de eso se podrán adoptar decisiones procesales”. En cuanto a un antecedente en específico que buscan, afirmó que les interesan “las licitaciones y adjudicaciones que se efectuaron a la empresa Luna Negra”.
Moya indicó que habría un problema tributario, “porque dentro de las últimas incautaciones hechas, está la entrada del registro de incautación a esa productora que se adjudicó en su momento varios eventos. Su propietario plantea que recibió pagos por aproximadamente $300 millones y nosotros hemos establecido que ello sería por más de $600 millones. Existe una diferencia por más de $300 millones y se debe aclarar cuál fue su destino, con respaldo de documentación financiera y contable”.
El persecutor recordó que Marcelo Vidal se encuentra formalizado, con medidas cautelares, pasando de estar con arresto, a encontrarse con arraigo y firma.
En relación a si el músico ha colaborado lo suficiente en la solución del caso, sostuvo que ello será evaluado cuando cierre la investigación. “Si bien él ha presentado la declaración, acompañando nuevos antecedentes, si logramos determinar que lo declarado por él no corresponde con la realidad, debemos hacer una calificación jurídica de eso. De eso depende el poder reconocer o no una circunstancia atenuante, como cooperación circunstancial con la indagación. Pero eso se define cuando la investigación esté cerrada y antes de que se formule la acusación, porque en esta causa sí o sí habrá una acusación y un eventual juicio oral (…) No descartamos un juicio abreviado, en el sentido de que las penas se ajusten al derecho penal que consideramos aplicable al caso.”
Respecto a si podrían formalizar a más personas, Moya indicó están en calidad de imputados “todos los que fueron miembros del directorio de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua. “La ley sanciona a quienes, debiendo tener el control y supervisión de fondos públicos, por mera negligencia, permiten que sean desviados. Eso se denomina malversación culpable. Si logramos configurar aquello, algunos de los miembros del directorio podrían ser formalizados por esa figura”, advirtió.
