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Los últimos vestigios de Población Vicuña Mackenna

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A seis años de que el Presidente Sebastián Piñera lanzara el Programa Segunda Oportunidad, los propietarios que aún viven en el lugar tienen plazo hasta hoy para abandonar el sector. Allí también residen personas externas que se tomaron los departamentos dejados vacíos por quienes partieron antes, o los edificios a medio derribar. Esto último, entre otras cosas, ha empañado el plan del Minvu.

 

 

Marcela Catalán

 

En octubre de 2012 y en  el marco de su primer mandato, el Presidente Sebastián Piñera visitó la Población Vicuña Mackenna de Rancagua para lanzar el Segunda Oportunidad. Se trató de un programa de recuperación de blocks que apuntaba a mejorar la calidad de vida de las familias que residían allí, considerando que los edificios estaban deteriorados. Para lograr su cometido, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debía expropiar sus domicilios y, a cambio, entregar a los propietarios un subsidio. De tal modo podrían comprar en otro sector de la ciudad, por lo que la cartera procedería a la demolición de las antiguas construcciones.

Si bien en un comienzo el plan tuvo buena acogida entre los potenciales beneficiarios, después surgieron críticas entre estos y la oposición. Se argumentaba que el monto otorgado como subsidio apenas les alcanzaba para adquirir un inmueble, lo que demoraba la partida de los vecinos. A ello se sumó el hecho de que el monto no era traspasado a todos al mismo tiempo, por lo que mientras algunos se marchaban, otros se quedaban al lado de blocks a medio demoler, donde llegaron personas a pernoctar. A su vez, se produjeron basurales informales.

A seis años del lanzamiento del programa, todavía hay construcciones derribadas de modo incompleto. Afuerinos se han apropiado de dichos espacios, por lo que el sector sigue siendo un lugar donde se acumulan residuos con los que no sólo lidian los desconocidos; también los dueños que oficialmente aún permanecen en las naves que no han sido derribadas y que pueden abandonar hasta el jueves 15 como plazo final.

Estos últimos se muestran resignados; ad portas de partir, piensan que ya no queda más por hacer. El panorama genera más molestia entre los vecinos de villas cercanas como Costa del Sol.

Es el caso de Esperanza Torralbo, quien se queja de la contaminación ambiental y visual que ha generado la permanencia de los blocks a medio derrumbar, además de la inseguridad que esto ha causado. Señala que a las construcciones han llegado drogadictos y delincuentes. “Estas cosas deberían haber sido botadas, porque acá se reúnen muchos volados que no tienen dónde ir, pero como los edificios están desocupados… Incluso hacen fuego para estar adentro”, comenta, advirtiendo que ello ha provocado incendios. “Se ve feo y es deprimente. Deberían haber limpiado, para luego despejar. Ha sido todo muy lento”, critica.

A juicio de Torralbo, si bien sería positivo que se implementara un programa de esta índole en Villa Costa del Sol, sostiene que cualquier acción debiera ser mejorada para no ocasionar los perjuicios vistos en la Vicuña Mackenna. “Me gustaría irme, porque vivo al medio de mi block y estoy en toda la humedad. Hace poco nos hicieron arreglos, pero no sirvió, tengo muchos hongos. Deberían hacer algo que funcione más rápido, para que las personas no anden buscando tanto tiempo para dónde irse y tengan más seguridad de dónde llegarán”.

 

 

“HEMOS TENIDO QUE VIVIR CON LA INCERTIDUMBRE DE QUEDARNOS SOLOS”
Juana Morales arribó a la Población Vicuña Mackenna cuando ésta fue fundada, por lo que es una de las últimas propietarias aún residiendo en el sector, en el cual permanece con sus cuatro hijas. Ella recibió el subsidio y se irá el miércoles 14 de noviembre, cuando termina el plazo que el Minvu le dio. Se va unos metros más allá, al Parque Constanza.

“Nosotras no queríamos irnos, porque llevamos años acá y nos conocemos”, comenta, indicando que extrañará a sus vecinos. Sin embargo, aclara que miró con buenos ojos la posibilidad de mudarse, considerando el estado de su antiguo departamento. “Nos inundábamos, nos caía agua del piso de arriba. También tenemos hongos en el baño. No sacábamos nada con pintar, porque igual aparecían con la humedad. La muralla del baño está toda mojada, lo mismo la cocina. Estaba aburrida de reclamarle a la vecina, porque ya no sacábamos nada”.

Respecto a qué implicancias tuvo ser parte de las últimas familias beneficiadas por el programa, explica que los edificios vacíos fueron tomados por desconocidos. Lo anterior se tradujo en una sensación permanente de inseguridad, basada en hechos concretos. “Hace menos de dos semanas me robaron una bicicleta, cuando por años dejé todo afuera, pero ese día estaba la reja abierta. A los departamentos abandonados llegan personas que desconocemos. Hemos tenido que vivir con la incertidumbre de quedarnos solos, permanecer encerrados, con llave. En la noche no hay luz afuera, así que no se puede salir. Lo bueno es que nos iremos a un lugar más tranquilo y mejor”.

Similar opinión expresa Ana Sepúlveda, quien habita en el mismo pabellón junto a su pareja. “Hemos tenido que cuidarnos, porque andan personas que desconocemos. Ellos habrían las puertas de los departamentos solos, y entraban a robar. Además, cuando íbamos al cesfam temprano, asaltaban”, arguye.

También se queja de los residuos acumulándose alrededor. “Hay cualquier basura. Somos los últimos en irnos y hemos estado en la inmundicia más grande. Debieron haber avanzado por etapa y no andar picando por un lado y por el otro. Pero estoy feliz, porque me voy y estaré más tranquila en lo que me queda de vida. El baño y la cocina se me pasaba de agua, porque arriba tiraban la cadena y nos rebasábamos por problemas de alcantarillado. Hay tanta humedad; tuve que sacar una plancha de esternit que se pudrió. Si Dios quiere, me voy a Codegua. Primero arrendaré, porque un heredero de la casa no quiere firmar para que yo compre. Es la única casa que encontré por $20 millones”, afirma, indicando que le fue difícil adecuarse al monto máximo del subsidio otorgado.

 

60 FAMILIAS DEBEN ABANDONAR LA POBLACIÓN EL JUEVES 15
De acuerdo con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, aún hay 84 familias habitando oficialmente en la Población Vicuña Mackenna. Veinticuatro de ellas deben abandonar los departamentos este miércoles 14 de noviembre, en tanto que las restantes sesenta tienen plazo hasta el jueves 15. Desde el departamento de Comunicaciones de la entidad, subrayan que fueron los residentes quienes optaron por las fechas mencionadas.

Agregan que la partida de la gente ha sido paulatina, “producto de que los recursos públicos son siempre restringidos. Pero ya durante el primer semestre de 2018 se entregaron los últimos subsidios y ahora estamos cerrando la etapa de desocupación, para comenzar con la demolición de las últimas naves”. En esa línea, añaden que cuando se vayan las últimas familias, “se avanzará con la licitación de la demolición de las cuatro naves que faltan. Esto no es inmediato; se requiere de un proceso de desratización que dura alrededor de un mes. Luego se procede a demoler”.

Respecto a qué acciones se pretende ejecutar en el terreno baldío, explican que el Minvu impulsará “un Plan Maestro para la Población Vicuña Mackenna”. Éste considera la construcción, en tres etapas, de nuevos conjuntos habitacionales”. El objetivo es aprovechar los sitios “y la implementación urbana del sector”, que cuenta “con dos jardines infantiles, un supermercado, un Centro de Salud Familiar (Cesfam), un colegio de enseñanza básica y un liceo técnico”.

“La primera fase iniciará con la publicación en el Diario Oficial de una convocatoria a las empresas, para que elaboren una propuesta de construcción de 200 viviendas, en el marco del Programa de Integración Social y Territorial (PIST, DS 19). Esto implica que el 30 por ciento de las viviendas que se construyan, deberán ser destinadas a familias del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) y a un 70 por ciento de sectores medios”.

 

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Estudiante rancagüino crea software para ordenar funcionamiento de casino de su colegio

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Ximena Mella Urra

Cuando te apasiona lo que haces y despierta tu interés con tal ímpetu que eres capaz de crear productos tanto necesarios como innovadores, sin duda vale la pena destacarlo. Es que a sus cortos 17 años, el joven Rodrigo Ogalde Lisboa, estudiante de Cuarto Medio del Instituto Inglés de Rancagua, ya tiene claro su futuro y tiene que ver con la programación y digitalización al servicio de la comunidad.


El joven tomó la iniciativa de presentar y hacer realidad un proyecto en su colegio y su casino concesionado al que llamó “Fast Pass”. Este software tiene la capacidad de ordenar el funcionamiento y el ingreso de los estudiantes al casino del establecimiento, mediante una pistola que lee el código de barras de sus credenciales. De esta manera se automatizó el ingreso de unos 300 alumnos al día. “Habían días en que la fila era demasiado larga en este lugar al entrar a almorzar. Una persona buscaba manualmente el registro de cada alumno lo cual demoraba en promedio unos 60 segundos. Ahora este procedimiento no requiere de más de 5 segundos. Por eso pensamos en crear un sistema que con ayuda de la credencial escolar que nos entrega el colegio, pudiéramos ingresar de forma rápida y segura a este lugar y no perder tiempo en tu hora de colación”, nos explica Rodrigo.


Desde Primero Medio que su colegio le dio la opción de ingresar a unos talleres de Robótica y Programación, pero su horario nunca calzó, hasta que en Tercero Medio después de ingresar como tesorero al Centro de Alumnos, pudo recién desarrollar su interés y así contó con al menos 5 meses para desarrollar este programa computacional. “Para ello entrevisté a muchos de los padres y apoderados buscando las falencias de este casino para poder mejorarlo a través de su digitalización, y con la ayuda de la misma empresa encargada de este lugar, se pudo hacer realidad”, dijo.


Sobre la dificultad de aprender y desarrollar en corto tiempo esta iniciativa, nos asegura que no le costó aprender ya que era bastante su pasión y motivación. Prueba de ello es que en sus últimas vacaciones (diciembre a febrero pasado), estudió y se perfeccionó en Programación. De esta manera el joven pudo crear y programar hasta llegar a un avanzado Excel, “con el fin de partir ya con este programa de ingreso al casino y poder dejar a los padres más tranquilos e informados de lo que su hijo recibe”.


Agrega que la empresa concesionaria del casino trabaja en otras ciudades del país y en algunas de sus operaciones ya tiene incluida un sistema de ingreso mediante huella digital. “También hemos pensado en cómo hacerlo posible este método en nuestro colegio”. Incluso-relata Rodrigo-, ha estado en negociaciones con la empresa encargada del casino para darle continuidad a este programa en otras instituciones donde opera. “La idea es expandirlo y mejorarlo”. Cabe mencionar que la compra de este software por parte de dicha empresa, le reportó una cantidad considerable de dinero la cual donó al Centro de Alumnos de su establecimiento escolar.


A este joven emprendedor le queda mucho más por hacer. Entre sus aspiraciones está ingresar a la carrera de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile. “Me interesa este tema de la programación ya que sirve para que las personas progresen, me gusta crean cosas para poder ayudar a la gente, que sean necesarias. Es un real aporte este programa Fast Pass. Con ello incluso aumentó la felicidad de los más pequeños que imaginaban que su credencial era una tarjeta de crédito y que con ella podían ‘comprar’ su almuerzo”, comenta como anécdota.

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Por unanimidad Cámara aprueba proyecto que obliga a religiosos denunciar casos de abuso sexual

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Con 128 votos fue aprobado y despachado al Senado, el proyecto de ley que obliga a las autoridades religiosas o eclesiásticas, denunciar casos de abuso sexual contra menores de edad, cuando estos estén bajo su conocimiento.


La iniciativa fue presentada en mayo de 2018 por el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, quien celebró la aprobación unánime y lo calificó como “el primer paso para terminar con la cultura del encubrimiento y los cómplices pasivos”.

La iniciativa de ley busca incluir en el artículo 175 de Código Procesal Penal la obligación expresa de los sacerdotes a denunciar al Ministerio Público, bajo una sanción penal, cualquier hecho de abuso contra un menor del que ellos tomen conocimiento. Esto, para todas aquellas autoridades religiosas, sacerdotes, pastores, miembros del clero y para todo tipo de directivos de instituciones deportivas, culturales, juveniles, sociales.

Fin

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Fiscal de la Región de Magallanes encabezará investigación penal contra Emiliano Arias

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No tiene un plazo de término, mientras que la arista administrativa tiene un plazo de cinco días que pueden prorrogarse. Además Arias sigue en su cargo, descartando una suspensión, por lo que puede continuar con sus labores en la Fiscalía Regional.

Fernando Ávila Figueroa

Tras el Consejo General de Fiscales Regionales a la que convocó el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se determinó que sea el Fiscal de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Eugenio Campos, quien investigue penalmente al Fiscal, Emiliano Arias, por los posibles delitos de tráfico de influencias, violación de secreto, y obstrucción a la investigación.
La información la entregó la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción Marta Herrera, quien indicó que se trata de un fiscal con bastante experiencia en delitos de corrupción, ya que por ejemplo encabeza la investigación del fraude en Carabineros, y posee una forma reservada de llevar sus investigaciones.


Marta Herrera agregó que esta investigación se origina luego de la denuncia penal que realizó el Fiscal, Sergio Moya, sumándose a la investigación administrativa que encabeza el Fiscal de Antofagasta, Alberto Ayala, esto debido a que la denuncia contiene hechos que eventualmente podrían ser constitutivas de infracciones administrativas, como de delitos.


La vocera recalcó que se trata de investigaciones distintas, ya que por un lado está la responsabilidad disciplinaria que se le atribuye al Fiscal Arias, y por otro lado la responsabilidad penal. Sin embargo, la investigación administrativa, por ejemplo, puede ir desde una amonestación privada, hasta una remoción, sobreseimiento, o absolución de cargos.


Esta investigación no tiene un plazo de término, mientras que la administrativa tiene un plazo de cinco días que pueden prorrogarse. Además Arias sigue en su cargo, descartando una suspensión, por lo que puede continuar con sus labores en la Fiscalía Regional. En relación a los antecedentes de las denuncias de Sergio Moya, los antecedentes fueron entregados a todos los fiscales regionales, ya que la vocera indicó que se trata de una situación grave y compleja, que ameritaba entregar los antecedentes sin vulnerar lo que es una investigación penal.

ARIAS PODRIA RECUSAR A FISCAL

Durante las últimas horas se ha conocido que el Fiscal Arias podría presentar una recusación contra la determinación del Fiscal Nacional de nombrar al fiscal regional de Antofagasta Alberto Ayala a cargo de la investigación administrativa en su contra, ya que el Fiscal Ayala está frente de la querella presentada por Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, precisamente contra los fiscales que estuvieron al frente de sus casos, vale decir, Arias y Moya, esto por violación de secreto y una presunta extorción en el marco del denominado caso Caval.

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