Con 128 votos fue aprobado y despachado al Senado, el proyecto de ley que obliga a las autoridades religiosas o eclesiásticas, denunciar casos de abuso sexual contra menores de edad, cuando estos estén bajo su conocimiento.

La iniciativa fue presentada en mayo de 2018 por el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, quien celebró la aprobación unánime y lo calificó como “el primer paso para terminar con la cultura del encubrimiento y los cómplices pasivos”.

La iniciativa de ley busca incluir en el artículo 175 de Código Procesal Penal la obligación expresa de los sacerdotes a denunciar al Ministerio Público, bajo una sanción penal, cualquier hecho de abuso contra un menor del que ellos tomen conocimiento. Esto, para todas aquellas autoridades religiosas, sacerdotes, pastores, miembros del clero y para todo tipo de directivos de instituciones deportivas, culturales, juveniles, sociales.

Fin

El Diputado por el Distrito 15 Diego Schalper junto a parlamentarios de Evopoli y Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca crear una unidad autónoma con personalidad jurídica y recursos propios, que vele por las Policías Chilenas.

Fue durante la mañana de este martes que ingresaron  a la cámara de diputados el documento, que busca crear la «Defensoría de las policías», cuyo objetivo es proteger los derechos humanos de los funcionarios pertenecientes a Carabineros, Gendarmería y PDI.

«Los niveles de violencia que sufren nuestras policias son intolerables, los Carabineros también tienen derechos humanos y a muchos eso se les olvida» expresó el parlamentario, agregando que «Ellos salen a trabajar, pero no saben si van a regresar a su casa»

Schalper espera que la nueva unidad, liderada por la figura de un ‘’Defensor de las policías’’ designado por el Senado y en base a una propuesta entregada por Carabineros, PDI y Gendarmería pueda entregar a los uniformados asesoría y defensa jurídica de manera oportuna, de calidad, además de apoyo psicológico y realizar denuncias de eventuales vulneraciones de derechos junto con  promover el respeto irrestricto a estas prerrogativas.

• Sin embargo el Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua, Edison Pincheira manifestó que “aceptar o pedir su recambio no modifica en nada el prejuicio futuro a cada uno de los habitantes a través de la disposición que determina que el empalme y el medidor pase a ser parte de la red de distribución”.

Gina Pérez Orellana
Fotos: Nico Carrasco

El Gobierno anunció que el cambio de medidores eléctricos será voluntario, luego de la polémica que se generó a partir de este tema que sería a costo de los usuarios. La información fue dada a conocer por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y su par de Energía, Susana Jiménez. En la oportunidad se manifestó que el cambio ahora será “voluntario” de los medidores tradicionales a inteligentes, y se amplía el plazo para ello de 7 a 9 años. Además indicaron que se ingresa una “ley corta” para reducir en al menos hasta un 6% las utilidades de las empresas eléctricas.

Esto a todas luces puede ser tomado que se ha escuchado a la ciudadanía, y así lo hace ver el mismo seremi de energía en la región, Pedro Pablo Ogaz quine conversó con “El Rancagüino”, momento donde expresó que “La ministra luego de un trabajo acucioso anunció que el recambio de medidores que ha sido tan cuestionado y polémico por falta de información será voluntario y de forma gradual, esto demuestra que como gobierno queremos ser parte de la solución y no del problema y que hemos escuchado la preocupación de la ciudadanía”. Pues bien, cabe destacar que esto se hará a través de una modificación de la norma técnica de calidad de servicio, en la cual se establecerá la voluntariedad de los hogares para el recambio. Y efectivamente en la oportunidad se señaló que ingresarán una ley corta «para bajar la tasa de rentabilidad o de retorno que tienen las compañías distribuidoras eléctricas del 10 por ciento actual a una tasa más competitiva entre 6 y 7 por ciento, y eso va a pasar directamente la tarifa».

PREOCUPACION CIUDADANA
“Yo he conversado con integrantes de MURO’H y claro entendí su preocupación y también vi a muchos alcaldes apoyando una posición de No abras la puerta (…) pero hay que ser bastante claro lo que ha pasado acá fue producto de una mala información. En este tema se ha dicho de todo y muchas de ellas erradas y lo que aquí se buscaba era darle continuidad al servicio que fuese óptimo, fiable”. Señaló Ogaz. En esa línea el personero ministerial recalcó que el recambio “voluntario” será gradual y que la mesa de trabajo instalada en esta materia seguirá trabajando para mejorar cualquier acuerdo futuro reclamando que “Hoy el gobierno ha escuchado a la ciudadanía su legítima preocupación como también a los parlamentarios es por eso que es una buena noticia y se aplaude” resaltó.

Por su parte el diputado Raúl Soto, ante los anuncios entregados por el Gobierno señaló que “es una gran noticia para todos aquellos que dimos la pelea, esta gran lucha que en un principio parecía una batalla de David contra Goliat” el parlamentario aseveró que ahora será el consumidor el que elija si desea o no el cambio “de esta manera se hace justicia se termina un intento de abuso y se impone la voz de la ciudadanía que se sentía pasada a llevar. Es un gran triunfo y sin duda ahora habrá que acelerar las modificaciones que permitirán cuanto antes todo lo relacionado con esta normativa”.

LLAMADO AL SANO JUICIO
En tanto, Edison Pincheira, Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de Rancagua manifestó a nuestro medio que el problema no son los medidores, sino la propiedad de éstos “Mientras que no se modifique la ley, la expropiación sigue vigente, y en eso insistiremos ya que es inconstitucional, por lo tanto, mientras eso no se corrija la vulneración de nuestros derechos como ciudadanos sigue igual” aseveró Pincheira.

El representante comunal de los vecinos agregó que considera que el medidor es un elemento accesorio que sea “voluntario o no lo sea” en ese sentido expresó “Aceptar o pedir su recambio no modifica en nada el prejuicio futuro a cada uno de los habitantes a través de la disposición que determina que el empalme y el medidor pase a ser parte de la red de distribución (…) por tanto cada peso o cada gasto incluyendo las compensaciones de las empresas distribuidoras ya sea por medidores o empalme pasarán a gastos y se verán reflejados en los decretos tarifarios que harán aumentar las tarifas a futuro entonces el perjuicio seguirá igual”. Agrega “aquí hay una expropiación que debe derogarse y por otra parte los decretos tarifarios siguen su curso cada tres meses y allí se irán reflejando cada gasto que hacen las empresas”. Es por ello que adelantó que “como unión comunal tendremos una asamblea general – ayer lunes 22 – y en ese momento determinaremos los pasos a seguir donde oficiaremos a cada parlamentario de la zona para que en esta oportunidad prime el sano juicio y la defensa de cada uno de los habitantes de la región que representan”. Finalmente valora el ingreso de una ley corta que ha hecho mención el gobierno “esperamos que sea la instancia para instalar nuevamente el tema y esta vez obren en beneficio de la comunidad” Es por ello que el representante expresó que no bajarán los brazos y que de ser necesario llegar al Congreso a defender los derechos de toda la comunidad lo harán.

En tanto, consultado el parlamentario ante la consulta sobre la propiedad del medidor y las preocupaciones que hizo ver Pincheira señaló que «es cierto que la propiedad del nuevo medidor es de la empresa, pero eso sólo en caso que la persona voluntariamente decida cambiarse, de lo contrario continúa con el medidor antiguo que seguirá siendo de propiedad del usuario. En todo caso estaré muy atento a la iniciativa cuando ingrese y su tramitación para que la ley esta vez quede bien y si hay que hacer indicaciones a lo que presente el gobierno lo haré”. Así también hizo un llamado a las empresas eléctricas a que detengan y retrotraigan todas aquellas medidas que están llevando a efecto para el cambio de estos aparatos, “hasta que la nueva normativa este vigente y que efectivamente se implemente de forma voluntaria”.