– En la Fiscalía Regional de O’Higgins informaron que “la causa actualmente se encuentra en vigencia investigativa y la carpeta acumula cerca de 20 tomos”.

Decenas de personas fallecieron sin recibir atención. Hoy existen más de 25 mil personas en las listas de espera Quirúrgica en nuestra región.

Gisella Abarca – Fotos Marco Lara

Marcelo Barra de Navidad, murió en julio de 2016, a los 58 años, producto de un cáncer gástrico. Por la misma causa fallecieron Claudio Tapia, Manuel González, Juana Quinteros, Rogelio Flores, Manuel Tamayo, Nibaldo Muñoz, Leonardo Reyes, Juan Fuentes, María Álvarez, Sara Soto, Ana María Moena y Francisco Moscoso. Ellos podrían ser algunas de las víctimas tras uno de los escándalos más indignantes conocido en los últimos años en la región de O’Higgins y que tuvieron al Hospital Regional de Rancagua como principal escenario.

Sus casos forman parte de los cientos de antecedentes que investiga la Fiscalía Regional de Rancagua, cuyas indagaciones revelaron que existe un alto número de pacientes eliminados de la Lista de Espera del recinto, justo el día en que se vencía el plazo de las metas sanitarias.

Así, a más de una año de investigación, en un proceso aún desformalizado (es decir que no tienen plazo para su cierre) que encabeza ahora el Fiscal Sergio Moya, la Fiscalía Regional de O’Higgins, en manos de la persecutora Fernanda Orpis de la Fiscalía de Alta Complejidad, indaga posibles delitos de fraude al Fisco o eventual malversación de caudales públicos, por el pago de bonos asociado al cumplimento de metas en las listas de espera, falsificación de instrumento público, cuasidelito de homicidio y una posible negligencia en la fiscalización del correcto cumplimiento de las listas de espera del Ministerio de Salud, Fonasa y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde la entidad ya tiene imputados, los que no han sido revelados por el estamento.

LOS HECHOS

Recordemos que los primeros días de diciembre de 2017 estalló el caso Listas de Espera en la capital regional, noticia que irrumpió fuertemente a nivel nacional, fecha en que el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet anunció la presentación de una querella contra quienes resultasen responsables de la presunta manipulación de listas de espera durante los años 2011, 2012 y 2013, las deficiencias en gestión y prestaciones GES y No-GES desde el año 2014 a la fecha. Y es que la reducción artificial, habría significado la muerte de algunas personas y el agravamiento de las enfermedades de otros pacientes que fueron sacados de los listados  sin recibir atención. Los más afectados serían quienes padecían cáncer.

Sin embargo, el tema de decenas de pacientes que fallecieron estando en lista de espera en el Hospital Regional Rancagua se sabía desde hace varios meses, pues en marzo de 2017, el director (S) del Servicio de Salud de ese entonces, Gonzalo Urbina, informó a El Rancagüino que a esa fecha había aproximadamente 60 mil pacientes en Lista de Espera en los diversos hospitales públicos de la región.

Antecedente que se le agrega que en agosto de ese año, el senador UDI Alejandro García-Huidobro, informara que meses antes, el Servicio de Salud O’Higgins trabajaba en una auditoría por el tema de las Listas de Espera donde se había encontrado que decenas de personas fallecieron sin recibir atención. Por ello, junto a otros parlamentarios de la zona, solicitaron al Ministerio Público que iniciara una investigación del tema y del fallecimiento de al menos 16 personas que estaban en Lista de Espera. Además presentaron una querella criminal contra quienes resultasen responsables de las irregularidades y graves negligencias.

En el marco de esa investigación, es que la Fiscalía Regional de O’Higgins instruyó en noviembre de 2017 la incautación de fichas médicas del Hospital Regional de Rancagua, además de información relacionada a las listas de espera GES y No GES. Asimismo, requisó información adicional, como documentos de liquidaciones de sueldo, dispositivos informáticos y discos duros.

En esta materia, el senador Alejandro García Huidobro apuntó que “La información que dispongo, es que hay bastante más afectados de los que suponíamos, la información dice que hay más de cien, por esto mismo ha sido bastante compleja la investigación. Pareciera ser que no ha habido mucha colaboración de parte de las autoridades de esa época; me da la impresión que el director de Salud más los responsables de ese entonces, no han colaborado lo que corresponde, porque sin duda que las responsabilidades son muy altas respecto a personas que estuvieron esperando durante años y que se les engañó; y personas que fallecieron esperando un derecho”, apuntó el legislador.

Respecto a los avances de la investigación, el diputado Javier Macaya, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, sostuvo que “en ese entonces presentamos los antecedentes al Ministerio Público y presentamos querellas, porque creemos que ellos (Fiscalía) cuentan con las herramientas para recabar información, para solicitar antecedentes de parte de los funcionarios que aparecen como imputados en esta situación y es importante que el Ministerio Público pudiera aclarar en qué estado están las investigaciones”.

Desde ese entonces, es que el Ministerio Público investiga la muerte de 16 personas que fallecieron estando en Lista de Espera GES y cuyos casos fueron exceptuados; es decir, que no tenían registro en el sistema de otorgamiento de la prestación garantizada durante el 2015.

Además, la investigación considera otros 49 pacientes con patologías graves, como cáncer, que esperaban atención, pero cuyos casos se cerraron administrativamente, lo que significa que no se concretaron en atenciones de salud, según indicó una auditoría que realizó el Servicio de Salud de O’Higgins, resultados que se conocieron en enero de 2017.

Esa auditoría arrojó diversas irregularidades, como pacientes con garantías GES que fueron exceptuadas del sistema por causales que no están consideradas en la ley, como por solicitud de exámenes, confirmación de biopsias o falta de estudios. Esto sirvió de base para las indagatorias del Ministerio Público quien lleva adelante hace más de un año las diligencias para esclarecer si hubo o no presuntos ilícitos en el caso de los funcionarios que debieron contactar a los pacientes por patologías GES y que fallecieron esperando atención.

TRABAJO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA

A la causa, el 16 de enero de 2018, se sumó el trabajo de la Comisión Investigadora de Listas de Espera, que se formó en la Cámara de Diputados para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, donde el diputado Juan Luis Castro es quien preside dicha comisión.

En esa instancia se dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República a 23 hospitales cuyos resultados arrojaron que hubo pacientes que no fueron incluidos en las listas de espera No GES, debido a cambios administrativos de ingreso de los mismos.

En el caso particular de O’Higgins, habría 38.000 pacientes derivados desde consultorios que no fueron enlistados. También se indaga el pago de bonos por cumplimiento de metas al registrar listas de espera con menos pacientes.

El parlamentario socialista que es querellante en el caso, criticó los plazos de la investigación “Ha avanzado lento el proceso. Mi impresión es que desde la fecha en que esto estalló, que fue el 2017, ha pasado todo el año 2018 y suponíamos que en abril de 2018, como en algún momento se señaló por la Fiscalía, podrían haber habido formalizaciones o una causa que estuviera estructurada, pero eso no ha sucedido”, subrayó Juan Luis Castro.

Agregó que con estos plazos inciertos “hay una cierta expectación respecto a qué va a ocurrir. O bien hay más raíces para fundamentar delitos, o se están produciendo situaciones que diluyen las responsabilidades penales que puedan estar involucradas en esto, y por eso ha habido tardanza en la formalización”.

Es por esto que el parlamentario PS llamó al Ministerio Público a definir tiempos “Es urgente que la Fiscalía defina cuál es el nivel de conducción que va a tener este proceso. Muchos actores hemos expresado nuestra voluntad de querer clarificar lo que aquí sucedió, pero hasta el momento no hay claridad acerca de los tiempos y plazos donde podremos tener novedades que ojalá, sea lo más pronto posible sobre eventuales formalizaciones. Confío en que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo y que pronto tengamos luces en el sentido de reafirmar o desestimar el caso”, finalizó el jurista.

En cuanto a los plazos de la indagación, el diputado UDI Javier Macaya agregó: “Esperamos tener claridad lo antes posible respecto de cómo va a proseguir la causa. Creemos que existen antecedentes para formalizar y entendemos que pueden haber delitos comprometidos. Le vamos a pedir una reunión al fiscal regional para saber cómo ha ido avanzando el caso. Un año, es tiempo suficiente para requerir más información y lo vamos a hacer formalmente”.

MINISTERIO PÚBLICO ANALIZA MATERIAL INCAUTADO

Otro de los antecedentes que tiene la Fiscalía fue el informe de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud que indagó el deceso de 15 pacientes que esperaban atención para un especialista, una cirugía o una patología GES con atención garantizada por ley, ocurridas en 2016. El objetivo particular de las diligencias es establecer relaciones de causalidad entre la falta de atención de un paciente y la muerte del mismo, o descartar tal vinculación. Además, se busca verificar si hubo uso indebido de recursos por el pago de bonos.

Consultado por nuevos antecedentes y el estado de avance de la investigación, desde la Fiscalía Regional de O’Higgins sólo informaron que “la causa actualmente se encuentra en vigencia investigativa y la carpeta acumula cerca de 20 tomos”. Agregan además que respecto a la investigación hasta ahora desformalizada “se encuentran una serie de diligencias en curso y fundamentalmente en el análisis del material incautado como fichas clínicas y otros documentos asociados a esta causa”, sin informar de plazos para contar con nuevos antecedentes que sean informados a la comunidad.

De este modo, a más de un año de que estallara el caso “Listas de Espera” en el Hospital Regional Rancagua, aún quedan muchas aristas pendientes, donde aún faltan diligencias y en que el Ministerio Público trabaja arduamente en una gigantesca investigación aún desformalizada; es decir que no tienen plazo para su cierre, del caso donde habrían eliminado a 88 personas de las lista de espera. Se investiga si la motivación fue solo para obtener gratificaciones y bonos. Lo dramático es que el precio fue demasiado alto. La justicia deberá determinar ahora si efectivamente varias personas fallecieron o se agravaron sus enfermedades, por no haber recibido la atención médica que requerían.