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CGE señala que compra de los medidores actuales no es la solución de fondo

La polémica de los medidores inteligentes, de seguro será tema por bastante tiempo pues la discusión se ha centrado en varios puntos tras la modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos, que en la edición de ayer -viernes 15 publicáramos en nuestro medio- la postura de algunos alcaldes ante el remplazo de los antiguos medidores por “dispositivos inteligentes”, donde el costo de éste es uno de los grandes temas. Ante eso el Gobierno anunció una serie de medidas dentro de ellas solicitar que la empresas distribuidoras compren a los propietarios actuales sus medidores usados, la cual ya se contaría el acuerdo con la empresa Enel para que la compañía compre los aparatos antiguos y no se descarta la posibilidad de reevaluar la meta del 2025 como fecha para completar el recambio de todos los medidores, tal como establece el reglamento del último decreto tarifario.


Ante eso CGE ha señalado que “la compra a los propietarios de los medidores actuales no es la solución de fondo a las inquietudes que plantea esta tecnología”, por lo que hace una invitación a reestudiar la instalación de los “medidores inteligentes”. Y agrega que dadas las inquietudes de la comunidad sobre la implementación de este proyecto, CGE está convencida que la mejor solución es evaluar la puesta en marcha y el despliegue de esta tecnología mientras no exista el convencimiento generalizado de sus beneficios.


Y plantean su disposición a dialogar y conversar las alternativas con los distintos actores, con el fin de avanzar hacia el servicio de calidad que esperan nuestros clientes con pleno respeto al marco jurídico existente.
En tanto la Cámara de Diputados ratificó la solicitud presentada por 70 parlamentarios, que busca crear una comisión investigadora que se aboque a analizar la problemática, la que tendrá 120 días para analizarla. Ahora se deberá recabar los antecedentes relativos a la participación y actuaciones del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y cualquier otro organismo o autoridad del Estado que resulte pertinente, respecto del proceso de reemplazo de los medidores domiciliarios en el servicio de distribución de energía eléctrica, así como su impacto en el costo final para los usuarios.

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