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Defensoría Regional manifiesta sus reparos a posibles modificaciones a la Ley de Control Preventivo de Identidad

Cabe destacar que entre los cambios implicarían rebajar a los 14 o 16 años la edad mínima para que una persona sea emplazada a mostrar sus documentos y registrarla. La Defensora Regional (s), Carolina Alvarado, indicó que a través de la modificación propuesta se puede llegar a someter a los jóvenes a situaciones en las que se les criminaliza y, por tanto, se les vincula innecesariamente al sistema de justicia penal.

Fernando Ávila F.

Este fin de semana durante el acto aniversario del primer año del Gobierno, el Presidente anunció que enviará al Congreso algunas modificaciones a la Ley de Control Preventivo de Identidad, cambios que implicarían rebajar a los 14 o 16 años la edad mínima para que una persona sea emplazada a mostrar sus documentos y registrarla, en caso de existir indicio de haber cometido o intentar cometer algún delito.

Según el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, estos controles “han sido un buen instrumento para efectos de poder fortalecer la acción de seguridad ciudadana. La idea del Presidente es poder ampliar las atribuciones de las policías para efectos de poder hacer no sólo el control, a través de la solicitud de la cédula de identidad, sino que también que tengan atribuciones de poder hacer un registro simple de vestimentas, accesorios que se puedan llevar”.

La iniciativa de la Moneda ha causado distintas reacciones, en especial en lo que refiere a la rebaja de la edad de las personas que puedan ser sometidas a este control. Sin ir más lejos, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha señalado que “Lo que se plantea en términos generales a nosotros nos parece que va en contra de los estándares internacionales en derechos humanos en relación con la infancia y la adolescencia, que más bien tienen que ver con una labor obligatoria del Estado de prevenir la vinculación de los adolescentes con hechos delictivos”.

Para la Defensoría Penal Pública, en tanto, la medida se contradice con el comportamiento y estadísticas de la delincuencia protagonizada por menores, por cuanto, los últimos años ha disminuido en cantidad y grado de violencia. “El año 2015 la Defensoría penal Pública de O’Higgins atendió a 1634 menores infractores entre los 14 y 17 años, en tanto, el año pasado fueron solo 872. Cabe mencionar que esta favorable baja en las estadísticas es coincidente con las del Ministerio Público, policías y demás organismos del Estado”, aseguró la Defensora Regional (s), Carolina Alvarado.

Señala la abogada, que la disminución también se observa en la gravedad de los delitos cometidos por menores, pues en nuestra región un 17,5% corresponde e lesiones, un 16 a hurtos, un 15.5% a amenazas y un 19% a delitos menores contra la propiedad, y los robos violentos asociados a menores en O’Higgins sólo alcanzan un 6.3%.

Lo preocupante, señala Carolina Alvarado, es que a través de la modificación propuesta se puede llegar a someter a los jóvenes a situaciones en las que se les criminaliza y, por tanto, se les vincula innecesariamente al sistema de justicia penal. Además, es muy probable que se generen una serie de fricciones con Carabineros, pudiendo exponerse a los jóvenes a abusos policiales y falsas detenciones.

Sin ir más lejos, un 25% de los procesos iniciados a menores el año 2018 terminaron por facultad de la fiscalía de no perseverar, sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo, “es decir, los jóvenes eran inocentes”, sentencia la abogada.

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