• “Los proponentes pidieron contar con más tiempo para analizar las modificaciones, ya que en enero se hicieron cambios a algunas condiciones respecto a los requerimientos de esta licitación”, indicó el seremi de Obras Públicas, Moisés Saravia.

Marcela Catalán

Con el fin de hacer más atractivo el proyecto y a solicitud de las posibles empresas interesadas en llevar a cabo la iniciativa, el MOP otra vez aplazó la recepción de ofertas técnicas y económicas para construir la Carretera de la Fruta. La fecha estaba fijada para el viernes 29 de marzo y fue corrida para el 31 de mayo. En lo que va del Gobierno del Presidente Piñera, ésta es la segunda oportunidad en que se posterga la diligencia.

Ahora, “los proponentes pidieron contar con más tiempo para analizar las modificaciones, ya que en enero se hicieron cambios a algunas condiciones respecto a los requerimientos de esta licitación”, indicó el seremi Moisés Saravia. “Se aumentaron los plazos de la concesión, de 40 a 45 años; se bajó el capital mínimo exigido a los postulantes (de $90 mil millones, a $35 mil millones); y se ajustó la forma de presentar las propuestas, con el objetivo de hacer esto más atractivo, para que haya concursantes y sea económicamente razonable para el Estado”.

Esto último se traduciría en la opción de poder modificar, a instancia de la empresa, un tramo de 20 kilómetros del trazado definido en el proceso. Aquello podría realizarse en el área del Río Cachapoal, en las cercanías de Peumo.

También se generó un mecanismo de distribución de costos asociados a la construcción de defensas fluviales. Es así como el privado podrá elegir entre ejecutar los arreglos y asumir a su entero cargo las faenas o, dependiendo de los montos, estos podrían ser descontados o el MOP se encargaría de un costo adicional. De igual manera, se podría excluir un sector del contrato de concesión.

“Lo que se ha hecho es estudiar lo que se licitó, para lograr que esto sea hecho de la mejor forma. Porque en la iniciativa licitada, el valor era cercano a los U$S 700 millones. Eso no era adecuado o rentable para los inversionistas. Por lo tanto, ha sido ajustado para que hoy tenga un costo del orden de U$S548 millones. Lo que no se puede modificar es el trazado”, observa Saravia.

No obstante, el seremi explica que la aclaratoria establece el trabajo por separado en “los 20 kilómetros entre Peumo y Las Cabras”, tramo que ha generado conflictos con la comunidad. “Si bien éste es un solo gran contrato, se puede abordar con posterioridad en dos partes: la del norte, San Antonio, próximo a Melipilla, tiene la Resolución de Calificación Ambiental, y eventualmente se podría trabajar ahí sin problemas para iniciar las obras. Mientras, se resuelven algunos temas en lo que es el Estudio de Calificación Ambiental en la zona sur, donde algunos lugares rechazan el trazado licitado en 2017”, detalla.

En palabras de la autoridad, “hay que construir la ruta, considerando todas las situaciones. Se debe hacer lo que impacte menos en la vida de las personas y el entorno. La tarea del MOP es velar en favor de que se haga la mejor iniciativa, no pasando a llevar la norma. Lamentablemente es un proyecto con un retraso muy grande”, sostiene la autoridad.

En esa línea, Saravia recuerda que la iniciativa fue licitada y asignada a un consorcio durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet. “Estuvieron tres años dedicados a los diseños y luego se retiraron, dado que las mitigaciones medioambientales superaban lo considerado por ellos. Se requiere empezar sus faenas con urgencia, porque ese camino tiene una conexión directa con San Antonio y por ahí transita una gran cantidad de camiones que llevan productos hasta allí. Por tanto, la vía está hoy saturada”, advierte.

Respecto a si el proyecto contempla la posibilidad de que la empresa se baje amparada en una cláusula, como ocurrió en mayo de 2013, el seremi responde que no debería ser así. “No creo, porque queremos que la obra se ejecute. Por ende, debemos buscar todos los mecanismos para que quien se lo adjudique, lo pueda desarrollar. Habrá que estudiar el conjunto de todo, los costos asociados al entorno, y dejarlo establecido con claridad en las bases. Por eso se han presentado dos o tres aclaratorias”.