• Según una misiva enviada por un grupo de profesionales jurídicos de Rancagua al Fiscal Nacional, fiscales de la Región de O`Higgins “no se opondrían a las medidas cautelares bajas y sentencias diminutas pese a las grandes cantidades de drogas que son incautadas a los delincuentes”.

El Poder Judicial de Rancagua vive actualmente un tenso momento, donde se encuentran tres magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua – Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz-, suspendidos de sus funciones por una investigación de supuesto tráfico de influencia. A ellos se les han sumado procedimientos de allanamientos en las oficinas de los abogados Gabriel Henríquez, Pablo Latorre, Víctor Beltrán, y Rodrigo Guerrero todos de la región de O`Higgins. También en la investigación se nombran los profesionales Claudio Valenzuela, Alex Ruz, Juan Francisco Catalán, Luís Felipe León Pincheira y Víctor Beltrán.
Pero al parecer los cuestionamientos al actuar de algunos funcionarios del Poder Judicial no quedan ahí, nuestro medio de comunicación tuvo acceso a diversos antecedentes de los fallos de Causas donde detenidos con altas dosis de drogas, y hasta en algunos casos con antecedentes previos, son sentenciados a través de procedimientos abreviados a condenas muy bajas que cumplen, en la mayor parte, con reclusión nocturna en sus hogares.

Al parecer, y según fuentes cercanas al Ministerio Público de Rancagua, existiría un “modus operandi” donde los juicios son dilatados con el fin de los acusados cumplan sus condenas en sus casas, en el marco de las medidas cautelares, o se les atenúen las condenas con “negociaciones entre fiscales y defensores privados”, las cuales terminan con procedimientos abreviados de las causas.

Al respecto diversos “profesionales Jurídicos de Rancagua” enviaron una carta al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por correo electrónico para darle a conocer los procedimientos y sus sentencias. En la misiva se indica que “a través de la presente, y en virtud de la actual situación que atraviesa el Poder Judicial en nuestra comuna, es que nos vemos en la obligación de denunciar las irregularidades que en nuestra labor profesional hemos detectado respecto de las distintas actuaciones de la Fiscalía de Rancagua, en relación a causas de la Ley 20.000”.

El documento continúa señalando que “la Fiscalía de Rancagua sistemáticamente desde el año 2015 a la fecha, ha venido favoreciendo libertades, cauciones, recalificaciones de tráfico a micro tráfico y sentencias definitivas, de los traficantes de mayor poder adquisitivo de nuestra ciudad”. Agregando que “En relación a lo anterior, cabe indicar que estas situaciones irregulares han vulnerado todas las medidas de control, tanto a nivel local como regional, donde las autoridades fiscalizadoras han actuado de forma pasiva e ineficiente, dando “manga ancha”a los traficantes de la ciudad, sin actuar con el sentido de objetividad en las investigaciones penales, y dentro del marco legal establecido, donde claramente no se ha tenido presente los intereses de las víctimas de la sociedad, ”protegiendo, beneficiando y amparando a los delincuentes””, finaliza el documento firmado por los profesionales jurídicos Rancagua.

DETENIDOS CON 8 KILOS DE DROGA Y EN LIBERTAD
Según la acta de audiencia del caso 8638 – 2015, el día 17 de noviembre del 2015 en horas de la madrugada se realizo la detención de un grupo de personas, quienes fueron formalizados por Tráfico ilícito de drogas del artículo 3° Ley 20.000, respecto de todos los imputados y respecto solo de Roxana Díaz Aceituno el delito de Tenencia ilegal de armas de fuego y sus municiones.

Así la Brigada Antinarcóticos de Rancagua en conjunto con la Fiscalía Local de Rancagua, se encontraban realizando una investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas orientada a desarticular y detener a una Banda Criminal dedicada al Tráfico de Drogas, logrando establecer que la imputada Roxana DIAZ ACEITUNO tomaba contacto con Nicolás CEA TAPIA, el cual se encontraba en el momento de la investigación recluido en la Cárcel de Rancagua, con el cual coordina las diversas compras de drogas, siendo acompañada en estas compras por otros sujetos quienes daban cobertura y luego trasladaban, junto con ella, las sustancias ilícitas.

El día 16 de noviembre de 2015, en horas de la tarde se comunica Roxana DIAZ ACEITUNO se contacta con sujetos, por el momento desconocidos, con quienes afina la compra de una gran cantidad de drogas. De esta forma la imputada Roxana Díaz Aceituno junto con los imputados Narciso Díaz Aceituno, Fabián Quintana y Omar Guillermo Bozo abordan el vehículo marca Hyundai, modelo Santa Fe, color blanco, placa patente FFBK-32, quien se movilizaron hasta la Región Metropolitana. En dicha región procedieron a comprar una gran cantidad de pasta base de cocaína, guardando dicha droga en el maletero del auto y emprender los imputados el rumbo a la Región de O’Higgins.

Los funcionarios policiales apostados en el Peaje Angostura procedieron a detener y fiscalizar el vehículo en el cual venían los imputados, En la revisión del vehículo se encontró en la parte posterior, específicamente en su Maletero, un bolso de tela sintética, color negro contenedor de 09 bolsas de Nylon Transparente, contenedores de una sustancia húmeda, color beige, que correspondía a pasta base, siendo trasladados de igual forma a dependencias de esta Brigada. Posteriormente, previamente autorizados por el Juzgado de Garantía de Rancagua, los funcionarios de la Briant ingresaron al domicilio de los detenidos donde se logró el hallazgo de dos armas de fuego y munición. La droga incautada arrojó un peso total de 8 kilos 777 gramos de pasta base de cocaína.

En este caso los cinco imputados cuentan con antecedentes penales, por el mismo delito, a excepción de Roxana Díaz Aceituno, quien además de ser formalizada por el delito de Tráfico de drogas, se le suman los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego, y lavado de activos del Art. 27 de la Ley 19.913.

Pese a los delitos por los que fueron formalizados y sus antecedentes penales, los imputados obtuvieron penas sustitutivas de libertad vigilada gracias a los procedimientos abreviados. Según fuentes de fiscalía “no se explica el por qué los fiscales otorgaron el procedimiento abreviado donde los formalizados por más de 8 kilos de droga otorga procedimiento abreviado, en el caso de Narciso Díaz Aceituno (reincidente en delitos de la ley 20.000), hermano de la principal imputada (Roxana Díaz Aceituno), con fecha 02.02.2017, la Fiscalía de común acuerdo con la defensa, modifica la necesidad de cautela, la reconduce a peligro de fuga, y fija una caución de $1.000.000.-, de común acuerdo”, detalló el funcionario. Agregando que “en este caso todos los imputados se encuentran en libertad, y la Fiscalía alarga la investigación, favoreciéndoles a fin de que abonen pena en arresto domiciliario nocturno”.

ABOGADO INVESTIGADO SE REPITE
De 17 causas a las cuales tuvo acceso nuestro medio donde los detenidos fueron formalizado por altas cantidades de drogas y fueron sentenciados a través de procesos abreviados en la mayoría se repite como abogado defensor privado a un reconocido profesional de Rancagua, quien está siendo investigado por el caso de supuesto tráfico de influencia en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Según fuentes cercanas al Ministerio Público “esta persona sería una pieza clave para lograr que los delincuentes puedan obtener estas bajas penas, pese a las pruebas y grandes cantidades de drogas con las que fueron detenidos”.

JUECES ACEPTAN EL PROCEDIMIENTO
Consultada la Fiscalía Regional de O’Higgins, explicó “Las investigaciones las realiza el Ministerio Público con un determinado equipo policial y luego presenta los antecedentes ante un tribunal, siendo un juez de Garantía quien acepta o no un procedimiento abreviado, para lo cual analiza la evidencia obtenida y la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Si el juez considera, por ejemplo, que no concurren las atenuantes, debe rechazar el procedimiento abreviado y el caso sigue su curso a un juicio oral”.

Desde la Fiscalía Nacional confirmaron haber recibido la denuncia de los profesionales jurídicos, la cual estaría siendo analizada por la unidad de Asesoría Jurídica de la fiscalía Nacional.