- La Fiscalía Nacional determinó que mañana martes se cite a Consejo Extraordinario de Fiscales a las 15:00 horas, con el propósito de designar a un Fiscal que investigue las denuncias presentadas contra el Fiscal Regional de O’Higgins.
Fernando Ávila Figueroa – Alejandra Sepúlveda
Fotos: Marco Lara
Lo que está pasando con el Poder Judicial en Rancagua, es grave, ya que al tema de los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua suspendidos por el posible delito de tráfico de influencias, prevaricación, y enriquecimiento ilícito, ahora tiene en tela de juicio a otra institución del sistema judicial, la Fiscalía.
Para entender lo que pasa primero hay que recordar lo que pasó el jueves último, cuando el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, determinó que la investigación penal de este caso pase a la Fiscalía Metropolitana Sur. De este modo, Abbott designaba al Fiscal Metropolitano Sur a cargo de las dos investigaciones penales relacionadas con magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua y confirmaba que el fiscal adjunto de Alta Complejidad de esa ciudad, Sergio Moya, seguirá prestando apoyo en ambas causas.
Abbott firmó la resolución en la que agrupa la investigación por prevaricación y enriquecimiento ilícito, que se sigue en la Fiscalía Regional de O’Higgins contra los ministro de la Corte de Rancagua, con la indagatoria por nombramiento ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencia también en dicha corte, que desde noviembre dirige la Fiscalía Sur. “Tratándose de investigaciones en que aparecen actualmente como imputados las mismas personas, resulta eficiente y da mayores garantías a los imputados que la dirección de ambas se mantenga bajo la dirección de una misma Fiscalía Regional”, dijo el Fiscal Nacional en su resolución.
PETICIONES DE TRALADO DE ENTE PERSECUTOR
Con esta decisión, Abbott respondía a tres peticiones que se le hicieron llegar sobre estas causas. El 15 de abril, Paula Vial, abogada de uno de los imputados le solicitó que asumiera la dirección de la indagatoria por prevaricación, lo que fue rechazado. Recibió además una presentación de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, quien le manifestó en un escrito que “sería deseable que la investigación penal que afecta a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, a cargo de la Fiscalía Regional de O’Higgins, se efectúe en la Región Metropolitana, y durante la jornada, también recibió la solicitud del Fiscal Regional de O’Higgins Emiliano Arias, respecto de que le fuera reasignada la causa por nombramientos ilegales, lo que fue rechazado.
En su resolución, Abbott sostiene que ha habido un evidente conflicto jurídico, expresado en “solicitudes de inhabilitación o de sanción disciplinaria, entre los Ministros de la Corte de Apelaciones, imputados en estas investigaciones, y el Fiscal Regional de O’Higgins, manifestado en la solicitud de los primeros de que se aplique al Fiscal Regional la sanción disciplinaria de mayor gravedad y se pida su remoción ante la Corte Suprema, y en la solicitud de recusación contra los mismos ministros presentada por el Fiscal Regional en noviembre de 2018; todo lo que obliga, a fin de evitar cuestionamientos sobre la objetividad de la investigación, a disponer que las investigaciones sea dirigidas por otro Fiscal Regional”.
Abbott hizo hincapié en que el fiscal Sergio Moya, “quien ha estado a cargo de dicha investigación desde su inicio”, apoyará al Fiscal Regional Metropolitano Sur, “concentrándose de este modo la dirección de ambas investigaciones en un Fiscal Regional”.
Esta noticia demostraba que una vez más el Fiscal, Emiliano Arias, era sacado de la investigación de una causa importante, quedando de este modo en evidencia los posibles desencuentros que a lo largo de sus gestiones ha habido entre Abbott y Arias.
ACUSACIONES DE IRREGUALRIDADES DESDE LA PROPIA FISCALIA
Lejos de aquietarse las aguas, el viernes Santo se produce un nuevo terremoto en la Fiscalía Regional, ya que el Fiscal, Sergio Moya, denunciaba a su superior, Emiliano Arias por una serie de irregularidades en investigaciones como el caso el Caso Caval, el Teatro Regional, y la propia investigación contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Moya esgrimía lo grave de la denuncia, consiente que la situación le podía traer consecuencias a su carrera profesional e incluso a su familia. Sin embargo, adujo que como funcionario público debía dar a conocer estas irregularidades.
Las denuncias realizadas por Moya y que consignaba Radio Bio Bio decían relación con un eventual tráfico de influencias en el caso Caval, obstrucción a la investigación en la indagatoria contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Emilio Elgueta, ocultamiento en la causa de Malversación de Caudales Públicos en el Teatro Regional de Rancagua y violación de secreto por sustracción de información desde la base de datos de la Fiscalía de O’Higgins que llegó a manos de un particular en Puerto Montt. Se indicaba que solicitó en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del fiscal regional, Emiliano Arias para poder pedir la formalización del juez Emilio Elgueta, pero no recibió respuesta.
Arias participó sólo una vez en el Caso Caval, lo que se tradujo en que en diciembre del año 2017 en un intento de realizar un procedimiento abreviado al síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, aduciendo Moya que se debía concluir esta arista. El argumento decía relación con que si Chadwick estaba en la causa traería una mala imagen para el Gobierno que iniciaba su gestión.
En el caso del Teatro Regional, Moya informó de una reunión que sostuvo el abogado del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien está formalizado por el delito de malversación de caudales públicos. Moya participó de esta reunión donde habría sido instruido por Arias para estar atento a los requerimientos que tuviera el abogado.
ARIAS SE DEFIENDE
Conocidas las denuncias, Arias se defendió, indicando que que no ha tenido ninguna conducta constitutiva de delito, y que no tenía indicio de una denuncia así. Temas como estos los calificó como sorpresivos, agregando que se trata de hechos graves, pero se defiende de esos ataques, donde aparece un denunciante, descartando que sea un fiscal corrupto, con una carrera donde ha demostrado que en ningún caso se ha dejado presionar.
Adujo que él ha sido quien actualmente llevó los antecedentes a la ministra que lleva la investigación de los ministros suspendidos de la Corte Suprema, negando apoyo del juez Elgueta, por ejemplo, para su nombramiento en su cargo actual. Esto ya que fueron integrantes la propia Corte de Apelaciones que hoy está siendo investigada por tráfico de influencias la que lo selecciono entre los tres candidatos a fiscal regional el 2 de mayo del año 2016, pleno presidido por el Ministro Ricardo Pairicán García e integrado por los ministros Emilio Elgueta (actualmente investigado por la fiscalía) Fernando Carreño, Carlos Farías, Marcelo Vásquez (actualmente investigado por fiscalía) y Michel Gonzalez. Finalmente la Corte seleccionó a Emiliano Arias, Tufit Bufadel y Aquiles Cubillos, siendo nombrado finalmente por el Fiscal Nacional el primero.
Arias, actualmente, espera que la investigación penal comience luego para conocer que hay tras ella, descartando en lo personal motivaciones políticas de ningún tipo, en especial, con partidos como la UDI.
Pide urgencia en el procedimiento para que se investigue, recalcando que colaborará en dicha investigación, por lo que espera conocer a la brevedad los antecedentes, que a su juicio, son imputaciones falsas, las que de tener alguna base debe entregar el fiscal, Sergio Moya. Concluyó indicando que muchas veces el afectar «el poder», produce que se ataque al investigador”, no descartando dejar su actual trabajo, situación que está pensando.
Arias ha indicado que le asombra el momento en que se conocen estos antecedentes, justo cuando se reasigna la causa a la Fiscalía Metropolitana Sur, manteniendo al fiscal Moya, quien denuncia los hechos graves en su contra, lo que demuestra que se trata de algo concertado. No sabe si se trata de una operación en su contra, por lo que espera que el fiscal que se designe en la investigación establezca que no hay delitos, pero además la motivación que hay detrás de esto.
Para Arias quien asuma esta investigación debe dar garantías a todos, la que debe iniciarse de manera urgente, que tenga independencia y experiencia, y que haya llevado investigaciones complejas, lo que debiera conocerse este martes. Recalcó que por ejemplo cuando se le imputa al alcalde de Rancagua, él dictó una instrucción a todos los fiscales de la Región para prohibir las suspensiones condicionales cuando hubiese un funcionario público involucrado, por lo que asegura que él prohíbe las salidas alternativas en toda la región para funcionarios públicos.
Sobre su actual escenario, indicó que se debe preocupar por las víctimas que confiaron en la Fiscalía, por ejemplo, en los casos de la Iglesia Católica, descartando por ahora renunciar, hasta que no culmine la investigación en su contra, Causa en la en los próximos día abrían nuevas diligencias que vanen la búsqueda de mostrar el encubrimiento de delitos de abusos sexuales en la Iglesia.
La Fiscalía Nacional acusó recibo de este golpe y ha instruido que se cite a Consejo Extraordinario de Fiscales para el próximo martes 23 de abril, a las 15:00 horas, con el propósito de designar a un Fiscal Regional que investigue las denuncias presentadas contra el Fiscal Regional de O’Higgins.
De acuerdo al artículo 46, letra b de la Ley Orgánica Constitucional que rige al Ministerio Público, cuando se presenta una denuncia contra un Fiscal Regional por su presunta responsabilidad en un hecho punible, corresponderá dirigir las actuaciones del procedimiento destinado a perseguir la responsabilidad penal a otro Fiscal Regional «que designe el Fiscal Nacional, oyendo previamente al Consejo General de Fiscales».
Recuadro 1
Otras acusaciones de irregularidad son denunciadas
Hace unas pocas semanas dimos a conocer en nuestro medio de comunicación que un grupo de profesionales de la fiscalía de Rancagua hicieron llegar al fiscal Nacional Jorge Abbott una serie de casusa en las que se habrían realizado irregularidad con el fin de disminuir penas o dejar, llanamente, a traficantes con antecedes anteriores y que fueron detenidos con grandes dosis de estupefacientes, donde se indica como responsable – por parte de los denunciantes- al actuar del fiscal cabeza del área de drogas, Jorge Mena. A lo que la fiscalía local solo señaló que los resultados de los “acuerdos” legalmente llamados juicios abreviados no son culpa de los fiscales si no que de jueces. Sobre estas denuncias la fiscalía nacional señaló que los antecedentes existen y que están siendo investigados por el departamento de análisis.
