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Policial

Magistrados de O’Higgins piden que responsabilidades administrativas como penales se aclaren con probidad y transparencia

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Por casos de tres ministros suspendidos


“Confiamos  que las investigaciones en curso, tanto administrativas como penales lograrán dilucidar- con la claridad debida- los hechos efectivamente ocurridos y determinar las eventuales responsabilidades personales que correspondieran”, dice la Asamblea.   

Fernando Ávila F.

Ante la situación que actualmente vive la Corte de Apelaciones de Rancagua la Asamblea de Magistrados de O’Higgins, específicamente la situación que afecta a tres Ministros de la Ilustrísima Corte, mediante una declaración pública dicha asamblea informó que lamenta profundamente y que van en completa disonancia “con nuestro compromiso con la probidad y transparencia en el ejercicio de nuestras funciones. Confiamos  que las investigaciones en curso, tanto administrativas como penales lograrán dilucidar- con la claridad debida- los hechos efectivamente ocurridos y determinar las eventuales responsabilidades personales que correspondieran. 

La misiva continúa indicando que “en el anterior afán, quisiéramos destacar la labor desempeñada por nuestros asociados, Jueces de Garantía de Rancagua, a quienes les ha correspondido, en las indagaciones llevadas adelante, autorizar medidas de carácter investigativo que se les han requerido y  que se han dirigido en contra de superiores jerárquicos directos, demostrando la imparcialidad e independencia necesaria, dando cuenta de su  profesionalismo a integridad Judicial, consustanciales a nuestra labor.

Se indica que el deseo es “como Asociación Regional de Magistrados  hacer un llamado a confiar en la labor jurisdiccional, que en nuestra región de O´Higgins alcanza a un número aproximado de ochenta jueces, distribuidos en veinticinco tribunales desde Pichilemu hasta Graneros,  y que posee una historia permanente de  probidad e integridad Judicial  lo que por lo mismo nos lleva a ser enfáticos en la condena de cualquier hecho delictivo atentatorio contra la esencia misma  de la labor judicial. “Defenderemos pues, con firmeza y claridad, el ejercicio de la labor jurisdiccional, imparcial y transparente, en el entendido de ser esta función pilar fundamental de un Estado de Derecho, y que es base para alcanzar un desarrollo social integral apegado a los valores de la justicia y equidad.”, concluye.

Chile en Crisis

Cabo segundo de Carabinero era el conductor que atropelló a manifestante

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a noche de este jueves un grupo de ciclistas se manifestaban a la altura de la calle Cuevas con Estado, en el centro de Rancagua, lugar donde los conductores de vehículos para seguir su trayecto debían participar en el baile “El que baila pasa”, esto según el relato del el Prefecto de la Prefectura de Cachapoal, Coronel Boris Morales.

Así, a eso de las 11:30 horas, al lugar llegó un automóvil blanco donde su conductor no habría querido ser parte de esta nueva modalidad de manifestación. Fue por este motivo que un grupo de sujetos se habría abalanzado sobre el auto e incluso uno de ellos se sube al techo, tras lo cual el automovilista acelera y arremete contra los ciclistas según constata el video de redes sociales. Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, desde el colectivo Bio Energia negaron que se estuviese efectuando el citado reto, aseguraron que lo que se realizaba era un bloqueo de la ruta para posibilitar el paso de la cicletada, que venía por Estado con dirección a la plaza.

Lo cierto es que, tras el atropello, el automovilista se da a la fuga por calle Cuevas y personal del SAMU llega para prestar atención médica a los heridos.

Morales informó que “Los antecedentes que tenemos es que atropelló a más personas, pero una quedó con lesiones de mediana gravedad y está internada en el Hospital Regional”, dando a conocer además que el conductor involucrado es un Cabo Segundo de Carabineros de una edad no superior a los 30 años que pertenece a la dotación de la Región Metropolitana.

“Una vez ocurrido el hecho, la persona concurrió personalmente y se entregó en la Primera Comisaría. En el lugar se verificó la realidad de la situación, se tomó conocimiento a través del Ministerio Público. La persona quedó detenida y este jueves pasó a control de detención”, argumentó el Prefecto de Cachapoal. Agregó que se le hizo el alcotest y la alcoholemia “y no tenía alcohol en la sangre al momento de los hechos” sostuvo el uniformado.

Consultado cuáles fueron las razones que llevaron al Carabinero a realizar tal acción, el Prefecto de Cachapoal expuso “hay imágenes en la cual la persona perfectamente se pudo haber sentido intimidada por el grupo de gente había, porque una vez que quiso retroceder habría sido dañado su vehículo, abollado y le quebraron uno de los vidrios”.

Finalizó exponiendo que al momento que la institución tomó conocimiento de los hechos “se dispuso un sumario administrativo con el objeto de establecer las responsabilidades de la situación y se tomarán las medidas administrativas que correspondiesen al finalizar la investigación”.

Por otra parte, desde el colectivo organizador de la manifestación llamaron a todas las personas afectadas ya sea por daños físicos o materiales en sus bicicletas a realizar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía o ante la Policía de Investigaciones y realizaron un llamado las autoridades a “respetar su manera de manifestarse”, aludiendo a que “ellos mismos (las autoridades) se declaran pro movilidad urbana sustentable y pro convivencia vial”.

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Sin encontrar delitos atribuibles a sacerdotes se cierra el caso conocido como “La Cofradía”

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El Ministerio Público determinó no perseverar en los dos últimos casos, (Luis Rubio y Cristian Catalán), lo que significa que no existían antecedentes para poder llegar a una acusación. En el período en el que investigó, el Ministerio Público no logró reunir antecedentes para llegar a una acusación en ninguno de los 14 sacerdotes que fueron involucrados en los hechos.


Fernando Ávila Figueroa
Texto y fotos


Lo que se conoció como “La Cofradía”, donde se investigaban posibles delitos de connotación sexual al interior de la Iglesia Católica en la Región de O’Higgins, llegó a su fin la mañana de este jueves en el Juzgado de Garantía de Pichilemu.


En una audiencia que no duró más de tres minutos, el Ministerio Público comunicó la determinación de no perseverar en los dos últimos casos que involucraban a Luis Rubio y Cristian Catalán, esto debido al no haber pruebas de un posible delito. Respecto al caso, el Fiscal de la comuna de Pichilemu, Leonardo Troncoso, dio a conocer que la determinación de no perseverar como figura jurídica obedece a que no hubo elementos suficientes de prueba, sin perjuicio de las diligencias que se realizaron para poder fundar una acusación en contra de una persona determinada.


Esto ocurrió en todos los casos investigados, donde a ninguno de los 14 sacerdotes se les pudo comprobar delito, no perseverando en los dos últimos casos nombrados. Según el Fiscal, no descarta que en el futuro pudiesen existir elementos que puedan mostrar la existencia de algún delito, los que por ahora no existen.


Sobre la determinación de no perseverar, el Fiscal adujo que no se toma como una derrota, ya que lo que buscaban era esclarecer los hechos, por lo que se hicieron las diligencias jurídicas para aquello. Agregó que este hecho no es un traspié para la Fiscalía, debido a que pudieron investigar los hechos, llegando a la conclusión que tras las diligencia no se pudieron obtener antecedentes para justificar una acusación en contra de las personas que estaban siendo investigadas.


Por su parte, para el Abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de O’Higgins, Cristian Miranda, la causa terminó este jueves, ya que la totalidad de las personas que fueron investigadas por supuestos ilícitos de connotación sexual quedaron libre de todo cargo, ya sea por sobreseimiento definitivo o por no perseverar por parte del Ministerio Público, no existiendo ninguna organización que tenía como fin realizar supuestos actos de connotación sexual.


El abogado sostuvo que fueron 9 los sacerdotes sobreseídos, y 5 en los que se determinó por parte del Ministerio Público el no perseverar, sosteniendo el abogado que con esto la causa termina de manera definitiva, sosteniendo que en el caso de los sacerdotes sobreseídos, la causa terminó con una similitud a lo que es una sentencia absolutoria, sin que se pueda revertir la determinación.
Sobre las acciones que llevarán a cabo los afectados, el abogado indicó que han conversado con ellos, extiendo posturas diversas, ya que hay algunos sacerdotes que no quieren seguir con el tema, mientras que otros en virtud del daño que se les realizó, ya sea psicológico, social y familiar, cambiándoles incluso la vida, tienen la intención de realizar una acción judicial a futuro.


Para el abogado esta no fue una simple investigación, debido a que se realizaron una serie de medidas intrusivas que dañaron la honra de los afectados, donde se interceptaron llamadas telefónicas e intromisión a la vida privada de cada uno. Sobre conductas de connotación en sexual en la vida privada, el abogado indicó que eso queda en el ámbito de la vida privada de cada una de las personas, no siendo aspecto de analizar en el ámbito judicial.

“AGRUPACIÓN QUE NUNCA EXISTIÓ”
Mediante una declaración, los dos últimos involucrados en estos hechos, los sacerdotes Luis Rubio y Cristian Catalán, indicaron que “hoy se cierra uno de los episodios más oscuros y tristes de nuestras vidas, expuestos de manera innecesaria e injusta a un proceso judicial en el que toda nuestra intimidad quedó expuesta a agentes del Estado, quienes por más de seis meses hurgaron en nuestras vidas, sin encontrar ni un solo antecedente, ni una sola víctima de la terrible imputación que se nos hacía, pero aún, a las pocas semanas se exhibieron nombres y algunos de los rostros de nuestros compañeros de causa en un reportaje de canal 13, en el que el periodista Emilio Sutherland, sin más que el testimonio de doña Elisa Fernández, se atrevió a denostar nuestro honor públicamente, pues luego de ese programa pasamos a ser parte integrante de La Cofradía, una agrupación que nunca existió, producto de ello todo nuestro compromiso social con la Iglesia fue puesto en duda”, dice la declaración.


Agregan que “ustedes no se imaginan lo doloroso que ha sido para nosotros, nuestras comunidades parroquiales y nuestro entorno inmediato, este año y medio, pues aun cuando tuvimos la certeza de nuestra inocencia, no era fácil lidiar con una acusación pública que se veía reforzada por las declaraciones irresponsables y un proceso judicial que se extendía innecesariamente”.
Los sacerdotes agradecen a todas las personas que estuvieron con ellos, amigos, comunidades parroquiales y al equipo de la Defensoría, quienes indican siempre creyeron en ellos, en un caso del que aseguran toda la opinión pública estaba en su contra, recibiendo un trato digno de la institución antes nombrada.


“En este duro camino, tres de nosotros dejaron el sacerdocio, movidos sólo con la idea generosa de no dañar a la Iglesia, a la que sirvieron por más de 30 años. Vayan a ellos nuestros saludos y respetos, especialmente queremos recordar al Padre, Fernando Armijo, quien falleció hace algunos meses, afortunadamente con la tranquilidad de haber sido uno de los primeros sobreseídos de esta causa, y los otros 10 hemos retomado nuestras vidas, como hombres de fe confiamos en que Dios sabrá mostramos el camino para reponernos de todo lo vivido, quien más que él sabe de nuestros actos y de nuestra absoluta inocencia”, concluye la declaración”, concluye la declaración.


De este modo, el Ministerio Público determinó no perseverar en estos dos últimos casos, lo que significa que no existían antecedentes para poder llegar a una acusación, no decretando el sobreseimiento definitivo aún, pero sin que existan hechos hasta ahora que los puedan inculpar.
En el período en el que investigó, el Ministerio Público no ha logrado reunir antecedentes para llegar a una acusación en ninguno de los 14 sacerdotes que fueron involucrados en los hechos.

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Camión se incendia en plena Ruta 5 Sur a la altura de Chimbarongo

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Durante la mañana de este miércoles se produjo una emergencia no menor en la Carretera 5 Sur, lugar donde se incendió un camión. El hecho ocurrió a la altura de Peor es Nada, comuna de Chimbarongo, específicamente en la Pista Oriente, kilómetro 161, debiendo trabajar en la emergencia Bomberos de la comuna, más el apoyo de voluntarios de la comuna de San Fernando., quienes acudieron con una unidad.


También trabajó en la emergencia Carabineros y personal Intervial. No se informó de personas lesionadas, investigándose la causa que provocó el siniestro.

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