Fernando Ávila F.
En mayo del 2018 un reportaje de Canal 13 dio a conocer la denuncia de una mujer que daba cuenta de una supuesta asociación ilícita criminal compuesta por sacerdotes de la Región de O’Higgins que se coludían para abusar de menores, la que fue bautizada como “La Cofradía”.
Catorce sacerdotes fueron vinculados a esta causa, entre ellos el padre Miguel Ángel Riveros, párroco de Chimbarongo, a quien se le atribuía “ser cercano” a los jóvenes de la parroquia y haber traído a Chile a un joven colombiano, supuestamente menor de edad, con quien se dudaba el tipo de relación que mantenía.
Tras casi un año de investigación, y usando todas las medidas intrusivas permitidas por el tribunal para ello, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación dado que no se pudo comprobar ni acreditar ningún delito. Según la Defensora Penal Pública del sacerdote, Pamela Urquhat, se pudo determinar que el joven colombiano era un seminarista que ingresó al país a los 23 años y que tras una estadía de un par de meses en la parroquia del cura Riveros, decidió devolverse a su país al confirmar que sus estudios teológicos no serían reconocidos en Chile.
Con esta información, corroborada además por el consulado chileno en Colombia, no quedó más que dictar la orden de no perseverar en la investigación contra Riveros, situación que lo desvincula de esta causa al igual que ha ocurrido con otros 8 sacerdotes.
