La acción cautelar pretende la corrección del procedimiento disciplinario en contra “de un servidor público, sin entrar al fondo de la denuncia falsa e injuriosa de la que ha sido objeto mi representado respecto de quien era su subalterno de confianza, puesto que entendemos que ésta no es la oportunidad para ello, encontrándose aún en trámite el breve proceso administrativo”, dice parte de la acción judicial.

El Fiscal, Emiliano Arias, sigue firme en su defensa luego de que fuera suspendido de su cargo de Fiscal Regional de O’Higgins por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Se trata de una acción judicial ingresada por su abogado, Roberto Garrido, donde se acusa a Abbott de designar al Fiscal de Antofagasta, Roberto Ayala, de manera ilegal y arbitraria, lo que presume que no habría imparcialidad ni objetividad para desarrollar el procedimiento.

“La presente acción constitucional se basa, en primer lugar, en que el Fiscal Nacional ha designado de manera ilegal y arbitraria en el cargo de investigador de un procedimiento disciplinario incoado en contra de mi representado -y ha decido mantener en él- a su cercano Fiscal Regional de Antofagasta don Alberto Ayala Gutiérrez1, quien se encuentra implicado y/o recusado para investigar a uno de sus pares, en razón de una serie de consideraciones fácticas que hacen presumir su no imparcialidad ni objetividad para resolver el anotado procedimiento”, dice el documento.

Relacionado a lo anterior, es importante mencionar que “dicho Fiscal Regional de Antofagasta ya se encontraba investigando en sede penal a mi representado y al denunciante Moya desde marzo de 2019, y en donde, simultáneamente al proceso disciplinario, por iguales hechos, ha decido reabrir una investigación penal en la que él mismo cerró y solicitó el sobreseimiento de mi representado y el denunciante Moya”.

Se establece que “asimismo, cabe anotar la circunstancia que el procedimiento disciplinario de orden administrativo que le fuera incoado a mi representado por el recurrido, en su génesis, adolece de una serie de irregularidades que involucran a dicho personero público, principalmente, por el hecho de haber recibido la denuncia del Fiscal adjunto de Rancagua don Sergio Moya Domke y no haber dispuesto las medidas investigativas pertinentes tanto en el ámbito administrativo como penal dentro de los plazos legales, junto con permitir que la referida denuncia se fuera “construyendo” en diversas fechas y ocasiones por parte del denunciante, incluso con posterioridad a su notificación.
Se indica que la acción constitucional se dirige en contra de la decisión del recurrido de suspender de funciones a un Fiscal Regional del Ministerio Público durante la sustanciación del procedimiento disciplinario en curso, sin tener la atribución constitucional ni legal para ello, y disponer junto a ello, entre otras medidas, las que necesariamente trae como consecuencia la separación y reasignación en la investigación de las causas penales a su cargo, una de ellas próxima a formalizarse en contra de altas autoridades de la Iglesia Católica.

En este punto, “cabe adelantar que el acto administrativo del Fiscal Nacional dispuso en contra de mi representado una suspensión de las importantes y centrales funciones que en materia de persecución penal y administrativa, en razón de su cargo, ejerce en la Fiscalía Regional de O´Higgins sin un plazo determinado, sin tener la atribución legal para ello y, por último, con un argumento falaz e inconsistente, que denota una arbitrariedad flagrante en su accionar a la cabeza del órgano autónomo que dirige”.

Además se indica que la investigación disciplinaria “tanto en su inicio como en su desarrollo ha estado afecta de una serie de irregularidades y que también han conculcado un conjunto de derechos y garantías constitucionales de las cuales es titular mi representado, según se pasará a detallar más adelante”.