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A un año del bullado caso de “La Cofradía”: Más de la mitad de los sacerdotes acusados eran inocentes

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– De los 14 sacerdotes acusados, 8 de ellos la Fiscalía Regional dijo no haber encontrado ningún delito y cerró los procesos de investigación. Aún quedan 6 sacerdotes imputados de los que tiene que pronunciarse el Tribunal de Garantía de Pichilemu por denuncias de presuntos abusos sexuales y conductas impropias.

Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

El 21 de mayo pasado se reveló uno de los casos más fuertes que remeció a la Iglesia Católica en Chile, cuando se dio a conocer una denuncia que sacudió a nuestra región en que se reveló que el sacerdote de Paredones Luis Rubio era denunciado por abusos a menores de edad.

La denuncia que se emitió en un medio de comunicación nacional, fue encabezada por Elisa Fernández, una ex colaboradora de la Iglesia durante cerca de 14 años y quien, en ese entonces, hace un año y medio atrás se había reunido con el Obispo Diocesano Alejandro Goic, a quien entregó una denuncia escrita y firmada con un listado de 13 sacerdotes, entre los cuales existían algunos que habrían mostrado abiertamente su preferencia sexual por menores de edad.

De acuerdo a ese reportaje de Canal 13, el sacerdote denunciado pertenecía a una “Cofradía” de gente de la iglesia que se hacían llamar “La Familia” que tenía una estructura piramidal y, para identificar su jerarquía, usaba parentescos femeninos. La organización era liderada por un cura que se hacía llamar “La Abuela” y en la escala luego le seguían “las tías”, “las hijas” y “las nietas”.

De acuerdo a la testigo, los religiosos acostumbraban a realizar bromas de carácter sexual y comentarios sobre preferencias por los menores de edad. “No sé si llamarlo cofradía, secta o grupo de sacerdotes que tienen prácticas que no se conllevan con su condición de curas y con respecto a jóvenes, por lo menos en mi época, de entre 15 y 29 años”, señaló Fernández en ese entonces a la televisión abierta.

El escándalo estalló en un momento especialmente delicado para la Iglesia chilena, unos días después que 34 obispos chilenos regresaran al país desde Roma cuestionados por el manejo de este tipo de casos, por lo que la totalidad de ellos presentaron su renuncia forzados por el Papa Francisco por la “falta de transparencia” en el manejo de uno de las tramas de abusos de mayor simbolismo en Chile, el “Caso Karadima”, acusando una “red de encubrimiento”, donde actualmente incluso está siendo investigado el ex arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

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LA CAIDA DE LOS 14

Fue esa la punta del iceberg que comenzó a desencadenar una seguidilla de acontecimientos en los que un sacerdote tras otro de la Diócesis de Rancagua se vieron involucrados en hechos que podrían ser constitutivos de delitos por los cuales la Fiscalía Regional de O’Higgins el 22 de mayo de 2018 informó que los hechos denunciados eran parte de una investigación penal “esta indagatoria se sustancia hace dos meses por un equipo de la Fiscalía tiene por objetivo poder establecer si los hechos son o no constitutivos de delitos”, argumentaba el comunicado de prensa de la entidad persecutora, dando a conocer que desde marzo de 2018, se trabajaba en la investigación emitida por televisión.

Por la tarde de ese martes 22 de mayo, la Diócesis de Rancagua suspendía a 14 sacerdotes de la curia por denuncias de presuntos abusos sexuales y conductas impropias, los que quedaron suspendidos de ejercer el ministerio, sacramentos y pastoral mientras se extendiera la investigación que desarrollaba la Iglesia por parte del Tribunal Diocesano de Prevención de Abusos. Así, entre las resoluciones anunciadas se señalaba que se habían adoptado “medidas tanto pastorales como judiciales”.

“Se ha restringido de su ministerio sacerdotal a 14 sacerdotes. Lo que significa que se ha tomado conocimiento, fundamentalmente por lo expuesto por los medios de comunicación, de que estos sacerdotes han incurrido en acciones que pueden constituir delitos tanto en el ámbito civil como canónico”, indicaba en ese entonces el Obispado de Rancagua mediante un comunicado de prensa.

Así, comenzó a desmoronarse una Diócesis comandada hace 14 años por Monseñor Alejandro Goic quien en paralelo era presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos Sexuales a Menores de Edad de la Conferencia Episcopal Chilena, cargo al que tres días después -25 de mayo- renunciaría de manera indeclinable.

PEREGRINACIÓN POR EL TRIBUNAL DE GARANTÍA

Este terremoto en la iglesia católica local producía sus réplicas cada vez que un sacerdote llegaba hasta el Tribunal de Garantía de Rancagua o Pichilemu para presentar su declaración, pues una bataola de periodistas nacionales y locales se daban cita en las afueras del edificio de justicia para captar las mejores imágenes o contar con alguna declaración  de los acusados.

El párroco de Peumo, Héctor Fuentes, fue uno de los primeros en entregar declaración ante Fiscalía de Rancagua el martes 30 de mayo. El sacerdote llegó junto a su abogado Francisco Javier Donoso, quien indicó que su representado prestó declaración en calidad de imputado ante el Fiscal a cargo de caso Sergio Pérez. Tras la declaración que se extendió por más de dos horas, el sacerdote se retiró sin emitir comentarios.

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Los primeros días de junio, hicieron lo propio los sacerdotes Pichilemu Pablo Donoso y El Manzano, Freddy Gorigoitia, quienes ya habían declarado en la Fiscalía Regional de Rancagua por la investigación que se lleva a cabo por el delito de presuntos abusos sexuales.

Mientras tanto, el 13 de junio, en el marco de la investigación, el Ministerio Público ordenaba el allanamiento de Obispado de Rancagua hasta donde llegó el fiscal Sergio Pérez junto a personal de OS9 de Carabineros para decomisar diversos antecedentes en busca de expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes vinculados a los casos de presuntos abusos sexuales sufridos por menores. La misma diligencia se realizaba en la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago, en la Región Metropolitana.

Esta fue la acción que dejó al descubierto los otros oscuros juegos sexuales del ex canciller Óscar Muñoz Toledo. En ese entonces y según la información recabada por el fiscal Regional de Rancagua, Emiliano Arias, tras revisar los documentos en Santiago y el archivo secreto del presbítero en el Arzobispado, existía constancia desde el año 2002 de abusos sexuales y estupro contra menores de edad. Esa fue la pieza clave que produce la caída del en ese entonces Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati quien es  investigando por cuatro casos de encubrimiento de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica nacional: Óscar Muñoz Toledo, y las de los sacerdotes Jorge Laplagne y Tito Rivera, a las que se suma una arista del caso Karadima.

15 días más tarde, específicamente la madrugada del 28 de junio, el Papa Francisco le aceptaba la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Rancagua a Monseñor Goic quien el 2007 había declarado que el salario mínimo debería ser reemplazado por un “Sueldo Ético”. La Nunciatura Apostólica comunicaba además que el Santo Padre había nombrado a Monseñor Fernando Ramos como Administrador Apostólico de la Diócesis en cuestión.

El prelado rancagüino había presentado su renuncia el 2015 luego de haber cumplido 75 años, edad que se establece la obligación de obispos y otros cargos de la curia a presentar su renuncia al pontífice, siendo la potestad de éste aceptar o prorrogar su cargo; no obstante fueron estos tristes hechos los que lo separaron de su querida Diócesis de La Santa Cruz.

Así, el viernes 7 de julio del año pasado, ante una Catedral de Rancagua con gran cantidad de fieles, el ahora obispo emérito de la ciudad, monseñor Alejandro Goic, ofició su misa de despedida, eucaristía que contó con la presencia de importantes figuras de la Iglesia Católica chilena encabezadas por en ese entonces el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, junto a su antecesor, el cardenal Francisco Javier Errázuriz.

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LOS SOBRESEIDOS Y UNA TEORIA QUE FUE SEPULTADA

Luego de seis meses de investigación, en septiembre el bullado caso de “La Cofradía” comienza a tener un revés, pues aparecen los primeros sacerdotes sobreseídos. El jueves 27 de ese mes, el Tribunal de Garantía de Pichilemu determinó sobreseer a tres sacerdotes que fueron declarados inocentes de la investigación pues se determinó que su actuar no era constitutivo de delito, así Gino Bonomo de la comuna de Pumanque, Fernando Armijo de San Vicente y Aquiles Correa de La Compañía en Graneros fueron sobreseídos totalmente en la causa.

En ese entonces, el Fiscal Sergio Pérez indicó que las defensas públicas y una privada solicitaron el  sobreseimiento, pues se logró acotar que se trataba de hechos no punibles. En el caso del sacerdote, Fernando Armijo, quien era sindicado como el líder de “La Cofradía”, se descartó alguna conducta especifica que afectara la integridad de un menor. Así, la propia Fiscalía Regional reconocía que la cofradía jamás existió. Con el sobreseimiento del sacerdote Armijo quedó demostrado que la acusación carecía de fundamento, pues no existía la organización llamada La Cofradía, desestimándose la figura de asociación ilícita criminal.

Respecto a los sacerdotes Correa y Bonomo se pudo acotar que nunca estuvieron involucrados con menores de edad, indicó el fiscal en ese entonces.

Dos meses más tarde, la mañana del domingo 25 de noviembre, el Obispado de Rancagua informaba del fallecimiento del sacerdote Fernando Armijo de San Vicente, quien había perdido la vida luego de haber sufrido un accidente en su domicilio el día sábado 24. El sacerdote habría sufrido una caída golpeándose su cabeza, lo que le provocó una descompensación que finalmente le provocó la muerte.

A pesar de dolor y de la pérdida de un sacerdote que era inocente, para la conciencia colectiva eso no quedó muy claro, ya que no lo volvieron a ver en su parroquia haciendo misas, pues a pesar que la  Justicia Civil había dicho que era inocente, no se le reincorporaron sus derechos sacerdotales y la muerte llegó primero.

Finalizando el año, el jueves 31 de enero, en el Juzgado de Garantía de Pichilemu se realizó la audiencia de sobreseimiento para cinco sacerdotes más vinculados en la investigación que indicaba posibles abusos sexuales contra menores de edad. Se trataba de cuatro audiencias solicitadas por el Ministerio Público y una por la Defensoría. En este último caso se debía discutir el sobreseimiento, mientras que para los cuatro restantes quedó estipulado el sobreseimiento definitivo. 

Se trataba del Padre Héctor Pulgar de la parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua, al que se le investigaba por una supuesta relación con un ahijado. La fiscalía investigó un posible abuso sexual lo que tras peritajes del OS-9, y entrevistas con la supuesta víctima quedo totalmente desacreditado.

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El caso del sacerdote Ernesto Castro de la parroquia San Nicodemo de Coinco, se investigó posibles fraudes de cuentas de la Iglesia, las que se periciaron sin arrojar irregularidades. El caso del Padre Robinson Piña de la parroquia San José de Chimbarongo, se le imputaba haber realizado varios viajes al extranjero y haber adquirido una camioneta. El sacerdote quedó sobreseído, ya que se constató que no había irregularidad en la obtención de dineros.  Mientras que al presbítero Hugo Yáñez de la parroquia San Agustín de Rancagua se le vinculaba con un acólito menor de edad, investigación de abuso sexual que quedó desacreditada luego del informe del OS-9.

En cuanto a la audiencia que fue solicitada por la Defensoría para el sacerdote Miguel Ángel Riveros, párroco de San Enrique de Chimbarongo, el OS-9 realizó pericias sin establecer hechos. No obstante, el Ministerio Público se opuso a su sobreseimiento, por falta de antecedentes.

Así, pendiente desde el 31 de enero estaba el sobreseimiento del sacerdote Riveros, a quien se le  imputaba haber traído a un joven colombiano sin su consentimiento, situación que quedó desestimada por versiones de la misma supuesta “víctima”. De este modo, el 29 de abril de 2019 el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación dado que no se pudo comprobar ni acreditar ningún delito y finalizó la investigación contra el sacerdote, sin encontrar delito que atribuirle, por tanto no se podía formular acusación, situación que lo desvincula de esta causa al igual que ha ocurrido con otros 7 sacerdotes.

DE LOS 14, VAN 8 SACERDOTES INOCENTES

A la fecha, de los 14 sacerdotes vinculados al caso Cofradía, 7 han sido sobreseídos definitivamente, se trata de Gino Bonomo de Pumanque, Aquiles Correa de La Compañía, Ernesto Castro de Coinco, Robinson Piña de San José de Chimbarongo, Hugo Yáñez de la parroquia San Agustín de Rancagua, Héctor Pulgar de la parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua y Fernando Armijo de San Vicente, este último actualmente fallecido. Todos los anteriores fueron restituidos en sus cargos pastorales o parroquias, menos el padre Héctor Pulgar  que nunca estuvo suspendido de sus funciones. En cuanto al padre Miguel Ángel Riveros de San Enrique de Chimbarongo, se decidió no perseverar en la investigación; este último sacerdote fue restituido en sus funciones en la parroquia San Enrique de  Chimbarongo el pasado jueves 9 de mayo de 2019.

No obstante, quedan 6 casos pendientes en la justicia civil, dentro de ellos se encuentran Héctor Fuentes (Peumo); Fredy Gorigoitia (San José de El Manzano) y Luis Rubio (Paredones). Estos tres casos fueron a Roma, a los que el Papa Francisco les concedió la dimisión que habían solicitado, perdiendo así el estado clerical, dejaron de ser sacerdotes, poniendo fin con ello a la investigación canónica. A estos tres casos pendientes en el ámbito civil, se les suman los presbíteros Pablo Donoso de Pichilemu; Óscar Zúñiga de Las Cabras y Cristian Catalán de San Fernando, en quienes sus investigaciones previas por parte de la Iglesia no han concluido.

Contactamos al Obispo Emérito, Monseñor Alejandro Goic, quien agradeció el espacio entregado; no obstante, declinó entregar entrevistas declarando “Confío en que antes se esclarezca y resplandezca la verdad total”.

Cabe consignar que en el marco de las crisis que vive la Fiscalía Regional de O’Higgins es que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott tomó una serie de determinaciones y será el Fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien se está haciendo cargo de las causas de posibles abusos en la Iglesia Católica que se investigaban en la Fiscalía Regional de O’Higgins y que encabezaba el suspendido Fiscal, Emiliano Arias. Esto fue informado el viernes 10 de mayo a nivel nacional.

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