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El Indisoluble Matrimonio entre el Agua y la Tierra

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Por Giovanni Calderón Bassi
Director Ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esta efeméride ambiental fue establecida hace 25 años por Naciones Unidas para recordar la aprobación de la Convención para Combatir la Desertificación, el único acuerdo internacional jurídicamente obligatorio que vincula el desarrollo económico con la gestión ambientalmente sostenible de la tierra.


Este año, la reflexión se ha centrado en la relación entre tres temas claves para la subsistencia humana: la sequía, la seguridad de la especie y el clima. La desertificación y la sequía son problemas de dimensión mundial, porque que afectan a todas las regiones del mundo, con mayor o menor intensidad y de manera permanente o circunstancial.


Contrariamente a lo que podríamos pensar, cuando se habla de desertificación no se trata de la expansión de los desiertos, sino de la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, principalmente como resultado de las actividades humanas y las variaciones climáticas.


La desertificación tiene su origen en la vulnerabilidad de los ecosistemas de las zonas secas que cubren un tercio de la superficie del planeta y se debe a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego afectan negativamente la productividad del suelo.


Según Naciones Unidas, el 33% de los suelos del planeta están siendo degradados por la erosión, la contaminación, la acidificación y el agotamiento de los nutrientes, lo que hace que el mundo cada año pierda 24.000 millones de toneladas de suelo fértil, algo así como 30 canchas de fútbol por minuto.


A ese ritmo, para el 2025, es decir en tan solo seis años más, dos tercios del mundo vivirán en condiciones de «estrés hídrico», es decir la demanda de agua superará la oferta durante ciertos períodos, y 1.800 millones de personas en todo el mundo, podrían experimentar una escasez absoluta de agua.


Como estos fenómenos producen ciertas reacciones en cadena en el comportamiento de las personas, la desertificación será la causa de que 60 millones de personas tengan que desplazarse del lugar que habitan en la actualidad. Una realidad muy próxima que podría ser inevitable si como humanidad no mejoramos sustancialmente la gestión de la tierra y los recursos hídricos.


Una de las metas de la Agenda mundial de Desarrollo Sostenible es, precisamente, luchar contra la desertificación y rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, de manera que los países puedan mantener el crecimiento económico, pero con una degradación neutra del suelo o, dicho de otro modo, logrando que el desarrollo económico no incida en la degradación del suelo.


Porque hasta ahora la degradación de la tierra puede revertirse, mediante la rehabilitación y la aplicación masiva de planes de gestión sostenible de las tierras, siempre que seamos capaces de implementar soluciones con una participación comprometida de las comunidades y el compromiso real de los gobiernos y el sector privado.


El uso de la tierra representa casi el 25% del total mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero, de manera que la restauración de las tierras degradadas tiene el potencial de absorber hasta tres millones de toneladas de carbono al año. Por lo tanto, frenar la degradación de nuestros suelos es una de las mejores formas de lograr una mayor capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y, por cierto, el tan ansiado equilibrio ecológico.


En Chile, la mitad de los suelos ya se encuentran en algún nivel de degradación. Las escasas precipitaciones y una normativa aún insuficiente para el correcto cuidado de los suelos, nos han llevado lenta pero sistemáticamente a una situación preocupante. La mitad del país está erosionado y el desierto avanza hacia el sur a un ritmo aproximado de tres kilómetros por año.
Si sumamos los efectos adversos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones, la situación se vuelve aún más preocupante.


La sequía que afecta actualmente a una extensa zona del país, es la más extensa registrada en nuestra historia, no sólo en cuanto a su extensión geográfica, sino también en lo que se refiere a su duración en el tiempo, afectando a importantes sectores productivos vinculados al uso de la tierra. Es la sequía más severa registrada en la historia de Chile, y algunos estudios sostienen que el 25% de su extensión en el tiempo se debe al calentamiento global.


Todo esto, que puede parecernos datos muy preocupantes, pero muy técnicos, no deben hacernos olvidar lo fundamental: la vida, no solo del ser humano sino de todas las especies, depende del agua y de los recursos que provee para su subsistencia.


Si no entendemos la urgencia de proteger y restaurar la tierra, utilizándola de una forma ambientalmente sostenible, nos llevará inexorablemente a grandes migraciones forzadas y afectará irremediablemente la seguridad alimentaria y el crecimiento económico que, a su vez, es el único camino para la superación de la pobreza y bienestar de las personas.


Tal como hace siglos lo comprendieron nuestros pueblos originarios, tierra y agua se encuentran indisolublemente unidos. Volvamos a conectarnos con los hechos fundamentales de la naturaleza, o nuestros hijos y nietos llegarán a creer que las frutas crecen en los supermercados

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OPINION: Al final, es educación

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Esta crisis social que vivimos hace semanas, con su carga de esperanza y desesperanza, nos ha tocado a todos en mayor o menor medida, generando un clima tenso, angustiante, en que la carencia de líderes que imaginen el camino de la solución acrecienta el problema. Sin duda, la inequidad y los abusos cometidos por tanto tiempo, han sido el generador de esta crisis, que demanda el fin del caldo de cultivo de miles de frustraciones que han impedido a muchos chilenos acceder a condiciones básicas de dignidad, que hoy demandan con inusitada fuerza y, lamentablemente, muchos con violencia.

Pero en el trasfondo de esta crisis, existe un gran culpable: la educación o mejor dicho, la falta de educación de calidad.


La violencia desatada en las calles de nuestro país es consecuencia de la falta de educación, de la añorada buena educación pública, que en aras de la “eficiencia económica” la dictadura intentó hacer desaparecer e instalar en su lugar una fábrica de replicadores. Hoy por hoy, la educación pública básica y media solo instruye malamente a quienes pasan por sus salas y son esos jóvenes, formados en la cultura “educacional” de máxima facilidad, cero esfuerzo y nada de rigurosidad, quienes no obtuvieron nada importante en su paso por la escuela, los que hoy saquean comercios, transportes, encienden barricadas y se enfrentan a carabineros. Ellos no tienen mucho que perder, pues nadie los acogió ni valoró como personas y así mismo valoran al resto.


El contingente que los enfrenta también sufre de mala educación, pues los Carabineros no han sido instruidos, a la luz de lo visto, en algo tan básico para su función como es respetar los derechos humanos, siendo que son ellos los garantes en las calles del Estado de Derecho. Por lo mismo, no se puede esperar mucho de quienes no han sido educados adecuadamente, para garantizar el orden público, los cuales ven en la ciudadanía a sus enemigos.


También ha fallado la educación superior chilena. Los abusos cometidos por empresas y las falencias indignantes de los servicios del Estado, nacen de decisiones que toman profesionales egresados de nuestras universidades, que ocupan los puestos directivos de empresas, ministerios y organismos públicos. La amplia mayoría de los cargos con poder importante de decisión en Chile, son ejercidos por personas con formación de licenciado, magister o doctor, pero no podemos culpar a las empresas, ministerios u organismos por su actuar, pues son las personas que allí trabajan quienes deciden el rumbo de la institución. Son ellos los que deciden abusar de las personas y quienes hacen vista gorda desde sus instituciones.


Las universidades chilenas han formado, desde hace más de 30 años, para que el “éxito” de sus egresados se asocie a optimizar económicamente sus acciones y no para el bienestar social. El juramento o promesa de los titulandos, en la mayoría de las instituciones, los compromete a servir al país, pero en la práctica es letra muerta, sirven a la empresa y a sí mismos.


El gran desafío de la educación, desde la enseñanza básica, media y superior, es hacer los cambios necesarios para comenzar a educar ciudadanos y no técnicos; para comenzar a sensibilizar en valores y no técnicas; para darle a cada uno de nuestros jóvenes una educación con sentido; que de nuestras aulas salgan ciudadanos respetuosos del otro, que valoren las consecuencias de sus acciones y den lo mejor de sí mismos para construir una sociedad justa en lo económico y social y ecológicamente sana.


Óscar Mercado Muñoz
Director Programa de Sustentabilidad UTEM.

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Día de la Salud Universal: por más cobertura y más corazón

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Por: Marcela Ragni V.
Dir. de Carreras Área Salud
CFT Santo Tomás Rancagua

Una sociedad capaz de asegurar la salud de su población tendrá un mejor nivel de desarrollo humano, tanto colectivo como individual. Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Salud Universal, que busca incentivar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad sin enfrentar dificultades financieras. Chile debe lograr tener un sistema de salud que garantice a toda la población una cobertura universal; hoy las familias aún enfrentan grandes deudas por enfermedades catastróficas, persiste la falta de especialistas en muchas áreas, listas de esperas, etc. Sólo quienes tienen la oportunidad de optar a un mejor servicio lo hacen, ¿pero el resto?.


Este año 2019 el enfoque de la conmemoración de este día está en la Atención Primaria; eje de los sistemas de salud para la Salud Universal y en el pacto 30.30.30, que busca acelerar la eliminación de barreras de acceso en un 30%, aumentar el gasto público en salud al menos 6% del producto interno bruto e invertir al menos el 30% de estos recursos en la Atención Primaria. Lamentablemente, el gasto público es bastante bajo lo que podría afectar el cumplimiento de estas metas.


En estos tiempos de cambio en Chile debe primar el compromiso político con el derecho de la salud y la cobertura universal. Primero, hay que reconocer que el derecho a la salud no está garantizado en la Constitución, sino solamente el derecho a elegir entre estar en sistema público o privado, y es lo que debe cambiar. Este derecho a la salud – y la forma cómo se operacionaliza desde la perspectiva de la respuesta social organizada en salud – es principalmente el derecho a la protección de la salud. La cobertura universal debe lograr conectar la demanda con la oferta de servicios (promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento), donde cada persona tenga la posibilidad de hacer uso de estos servicios cuando lo requiere. Eso es la expresión de la cobertura universal; ahí estará el acceso efectivo. Así, a la oferta y la demanda de servicios, sumamos la disponibilidad de recursos y una prestación adecuada y de calidad.


El énfasis también debe estar orientado a los modelos de atención centrado en personas, organizado en redes integradas basadas en atención primaria, con retroalimentación permanente a la red de salud asistencial y recursos humanos preparados y motivados. Este último punto es el que ha salido con bastante frecuencia en las conversaciones ciudadanas que se están realizando durante estos días. Esta atención del recurso humano en todos sus ámbitos es mirada con insatisfacción por la comunidad y como una gran falencia en cuanto a la calidad humana; se ven personas que otorgan atención en salud carentes de corazón y una actitud adecuada ante esa persona enferma.


Consolidar el acceso efectivo va a depender de cómo las instituciones logran operacionalizar o establecer los mecanismos que permitan consolidar el acceso universal al financiamiento y transformarlos en el acceso efectivo a servicios de salud, entendiendo que una persona que presenta una condición de salud y que identifique necesidad de atención pueda acudir sin restricciones económicas, geográficas o de oportunidad a un servicio de salud con capacidad resolutiva.
La tarea no será fácil, pero partamos hoy por algo que no nos cuesta nada y será nuestro compromiso como formadores de personal de salud: apostaremos a la calidad humana, tener principios sólidos, tener valores como la generosidad, la lealtad, la alegría, el optimismo y sobre todo saber dar a los demás – ya sea tiempo sin esperar recompensa o paga alguna – tolerar a los otros en sus creencias, no juzgar sin haber estado en los zapatos del otro. Coloquemos corazón y actitud a la aptitud.

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El necesitado fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas

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Una de las demandas sociales que se han visualizado en los últimos cincuenta días, es la falta de justicia en la aplicación de penas efectivas a la hora de condenar a altos ejecutivos por comisión de grotescos delitos económicos. En el orden de preferencia de las reivindicaciones exigidas por la ciudadanía, figuraba en la posición número tres «Cárcel efectiva para delitos de colusión», en la número cinco de esta priorización se señalaba «cárcel efectiva para delitos de soborno y cohecho» y en la número trece «cárcel efectiva para delitos tributarios», apareciendo recién en el número veinte el aumento del sueldo mínimo.

Solo basta con rememorar casos como La Polar, Penta, SQM o más recientemente las colusiones de «confort», farmacias y precios en los pollos frescos, para entender que delitos de millones de pesos no pueden ser simplemente reparados -a los ojos de la ciudadanía- con clases de ética en una Universidad.

Ante esto, el Gobierno anunció una agenda contra abusos y delitos económicos al inicio de esta semana, pero, al igual que otras demandas sociales, tardará un tiempo en tomar forma.

En nuestro país, ya existe una normativa penal con altas penas para gerentes y directores, que bien podría ser reforzada, considerando que el marco regulatorio está avanzado, con causas en desarrollo pero aún sin sentencias ejemplificadoras por parte de los tribunales de justicia.

Esta ley data de hace 10 años. Con fecha 02 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Con esta norma, Chile cumplía con uno de los requisitos para su ingreso a la OCDE.


Hoy esta ley cuenta con un catálogo de doce delitos, entre ellos cohecho, administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre privados y negociación incompatible.

Casos recientes como el conflicto de interés de Nelson Pizarro, ex- presidente de Codelco por la adjudicación de un millonario contrato en la División Salvador a un ex-socio de su hijo; la formalización de Gerardo Varela, ex-ministro de Educación, en su rol de Presidente del Directorio de Soprole como imputado por administración desleal; la querella de Eduardo Frei contra su propio hermano por apropiación indebida y administración desleal, o la formalización de ejecutivos de ENAP por contaminación de aguas, dan cuenta de la vigencia de esta ley, por pocos conocida y por escasas empresas correctamente aplicada a través de modelos de prevención de delitos.

La máxima administración de la empresa (sin distinción de tamaño), que históricamente estaba protegida de las consecuencias de actuaciones irresponsables de gerentes y directores, cambia radicalmente con esta legislación que impone un deber de dirección y supervisión superior y que es totalitaria en cuanto a su aplicación. El establecimiento de un sistema de prevención de delitos al interior de las empresas debe ser una norma incorporada a reglamentos internos, contratos de trabajo y contratos comerciales, para todos los trabajadores de la empresa, máximos ejecutivos, contratistas y proveedores.

La obligatoriedad de esta norma es alarmantemente desconocida y disminuida, considerando los posibles efectos penales para aquellos socios, directores y gerentes que, por su posición dentro de la organización, pueden comprometer penalmente a la empresa -y comprometerse individualmente- a través de sus actos y decisiones.

Tal vez el descontento social no sería tal, si nuestros Tribunales de Justicia emplearan de manera rigurosa esta normativa legal, aplicando las penas altas y efectivas ante la presencia de los denominados delitos de cuello y corbata.

El Gobierno ahorraría bastante tiempo si esta ley fuera fortalecida en sus penas, aumentando el catálogo de delitos (varios en tramitación como accidentes del trabajo, abuso sexual de menores, actos de discriminación y otros delitos ambientales), y con una apropiada difusión.

Isabel Avilés & Mariangela Pontigo
Abogados
compliance@avilesypontigo.cl

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