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Mitos del TPP11

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Columna escrita por Joaquín Arriagada, SEREMI de agricultura de la Región de O’Higgins.

Eran mediados de los noventa y en la televisión los humoristas hacían chistes con los viajes del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lo más treintones y de ahí para arriba seguramente lo recuerdan. Frei se encontraba en una campaña de lanzar Chile al mundo, de posicionar a nuestro país en la imperante globalización de la economía mundial. Desde esa época y hasta ahora, nuestro país se ha caracterizado por ser ejemplo en la región de una economía abierta, que crece y que ofrece cada vez mejores oportunidades a sus habitantes. De hecho si uno hace un análisis de la evolución de la pobreza en Chile se dará cuenta que desde aquella época y hasta hoy nunca en la historia había habido un periodo en el cual disminuyera tanto, bajando en más de un 70% la pobreza.

Pero esto no sería el único efecto que traería la apertura comercial, la gran mayoría de los chilenos tiene acceso a la tecnología, celulares, tablets y SmartTV a precios accesibles y con múltiples alternativas; Son los regalos más usuales en cualquier celebración. Por otra parte, los emprendedores vieron una oportunidad de insospechado alcance y hoy tenemos una formidable industria de exportaciones, que genera empleos y crecimiento económico. De hecho somos líderes mundiales en varios productos muy competitivos.

La agricultura fue uno de los sectores productivos que más avanzó en este periodo y que mejor se adaptó a las nuevas reglas del mercado mundial. Este desarrollo impulsó con gran fuerza a la agricultura familiar campesina, sobre todo a aquellos productores de frutas de la zona central; hoy es posible encontrar una manzana de un pequeño productor en una góndola de supermercado, prácticamente en cualquier país del mundo. La asociatividad ha jugado en ello un rol clave para que haya podido suceder.

Hoy nos enfrentamos ante la incorporación de un nuevo tratado comercial para nuestro país, el que conocemos como TPP11. Y si uno hace el análisis resulta difícil de entender a aquellos que, quizá por desconocimiento o bien por un afán de imponer su ideología, se oponen a la firma de este, vociferando efectos apocalípticos, haciendo eco a cuánto fakenews circula por los medios sociales y creando un manto de temor y desinformación con respecto al tratado.

Hay que decirlo, si uno lee con atención estos artículos que vaticinan efectos nefastos, se darán cuenta que se basan en conjeturas y proyecciones difíciles de cumplir, para mí imposibles de creer. El gran error de quienes se oponen al TTP11 es argumentar como si se integraran todas las naciones capitalistas y sus empresas multinacionales, y la verdad es otra, el TPP11 es un acuerdo entre 11 países, donde ni siquiera está Estados Unidos; Países con realidades económicas muy distintas, que van desde Canadá, Australia hasta Brunéi.

Por esto pienso que es irrisorio pensar que este acuerdo va a afectar los derechos laborales en Chile, por ejemplo, en el mismo tratado se establecen un serie de derechos laborales mínimos para ser parte del acuerdo, entonces no es concebible que el país se verá obligado a modificar su legislación laboral, o de lo contrario, que será demandado en tribunales internacionales como algunos sostienen. De ser así (que no es), Chile también podría –por ejemplo– obligar a Australia a modificar su regulación laboral, y no creo que este tratado vaya a obligar a sus miembros más avanzados en derecho laboral como Australia o Canadá, a eliminar el derecho a huelga o el feriado legal, es simplemente estar fuera de la realidad. El TPP11 es una oportunidad de negocios y apertura de mercados que diversificarán más las canastas donde ponemos los huevos.

Se habla también de privatización de las semillas, y lo cierto es que el tratado sí obliga a los firmantes a adherir al UPOV91, que es un acuerdo internacional que regula y facilita el patentado de material genético vegetal modificado, ya sea por bioingeniería o cruzamiento natural, pero también es necesario clarificar que el UPOV91 no es una plataforma pro transgénicos, ¡nada más alejado de la realidad! Porque entre sus firmantes hay países que se oponen enérgicamente a la transngenia, como Francia, Alemania y otros más de la Unión Europea. Por lo demás en Chile ya existe una legislación vigente que establece condiciones específicas para que una persona o una empresa pueda patentar una semilla, la que tiene que ser nueva respecto de las que ya existen desde tiempo inmemorial, distinguible genéticamente de aquellas, homogénea (generar frutos iguales entre sí) y estables en el tiempo, es decir, que no mute entre una cosecha y otra. En otras palabras, la posibilidad de patentar el tomate rosado de Peumo no existe bajo esta norma, desde el punto de vista biológico.

Por lo propio, este tratado impone nuevos desafíos profesionales, desde el gobierno trabajamos para que nuestros emprendedores agrícolas, para que nuestra gente del campo se abra a nuevas oportunidades de negocios, que puedan ver en el campo chileno un camino para sacar adelante a sus familias, y por esto, renunciar a ser parte de un mercado de 500 millones de habitantes, con posibilidades certeras de comercializar más de 3 mil productos, muchos de ellos de nuestro mundo rural, es simplemente renunciar a ser una potencia agroalimentaria y sería un paso en falso para nuestro país. Pensemos en Chile, pensemos en el futuro.

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Mujer: ¿Rol, clase, constructo?

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A pocas semanas de que se vote en el Senado el proyecto de ley que reconoce a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, hay reflexiones pendientes. En el mensaje del proyecto se mencionan los dos grandes objetivos del mismo: un aspecto estrictamente reglamentario, que busca mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las mujeres víctimas de violencia, y “la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombre y mujeres, y el fin de las relaciones de subordinación que estas padecen, que es la raíz de la violencia de género”.
El primer objetivo del proyecto de ley merece, sin duda, ser celebrado, pues propone medidas concretas para enfrentar el problema de la violencia que cotidianamente padecen mujeres de carne y hueso. El segundo objetivo, sin embargo, es problemático: se intenta cambiar la cultura mediante una ley en una dirección sobre cuya conveniencia no hay consenso y que puede terminar volviéndose en contra de esas mismas mujeres.

El proyecto hace referencia a “roles diferenciados asignados a hombres y mujeres”. Más allá de la pregunta por los roles, falta la pregunta por los modos de ser: ¿tienen modos de ser distintos el hombre y la mujer? Si hombres y mujeres somos iguales en todo sentido (y no sólo en dignidad humana, lo cual no está en cuestión), si no existe el ser femenino, si no existen las mujeres como algo diferente de los hombres ¿a quién defiende el feminismo? El feminismo se queda sin objeto y sin sujeto cuando el ser de la mujer se desdibuja y queda reducido a mero “rol asignado” (o a mero devenir histórico, o a mera autonomía, que son las otras dos posibilidades que se desprenden del proyecto).

Una segunda noción problemática es que no somos más que una “construcción social, cultural, histórica y económica”. En realidad, no existe una separación tajante entre lo que somos intrínsecamente y lo que hemos construido libremente: es mentirosa la dialéctica entre naturaleza y cultura. Para la filosofía política clásica –a diferencia de lo que a veces pretenden sus caricaturas– no existen las naturalezas humanas “sueltas”, desancladas, sino siempre encarnadas en seres humanos concretos, viviendo en épocas y culturas concretas. Así, no hay naturaleza que no se exprese en alguna manifestación cultural y no hay manifestación cultural sin algo anterior que manifestar.

Por la complejidad de los asuntos hasta aquí mencionados es que la discusión de una ley como esta, que contiene un lenguaje y una visión que no es neutral (ni podría serlo), debiese tratar los aspectos de fondo: filosóficos, antropológicos e históricos y no sólo los puramente técnicos, como ha sido la tónica de la deliberación parlamentaria hasta ahora.

Javiera Corvalán Azpiazu
Abogada, académica Facultad de Derecho
Universidad Finis Terrae

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Ley de fármacos II: Invertir en bioequivalencia para los pacientes

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Marcelo Flores, gerente general Gedeon Richter Chile.

No cabe duda de que el proyecto “Ley de Fármacos II” siempre ha tenido buenas intenciones; sin embargo, es necesario revisar las formas que hoy se discuten en el Congreso para cumplir objetivos claves. La nueva propuesta legislativa no garantiza soluciones comerciales ni menos beneficios para los pacientes, quienes al final del día son los más perjudicados.

La idea original, Ley de Fármacos I, permitía el acceso a productos farmacéuticos de calidad, seguros y eficaces; es decir, con equivalencia terapéutica comprobada. En ese escenario, los laboratorios debían acreditar esta condición en sus productos –según el listado de principios activos definidos por el Ministerio de Salud- y las farmacias, la obligatoriedad de tenerlos a disposición del usuario final. Hoy, eso no se mantiene y la nueva conversación solicita sólo la inserción de la venta de medicamentos genéricos con Denominación Común Internacional (DCI) bajo receta médica.

En Chile aún existe un 45% de medicamentos a la venta que no han demostrado bioequivalencia. Esto en palabras simples, significa que la mitad de la población continúa comprando fármacos sin que nadie les garantice la calidad y eficacia de esos productos médicos. Entonces, ¿cómo mejoramos a los enfermos? ¿Qué pasa con los derechos de consumidor?.

Cabe recordar, además, que en el año 2016 el Instituto de Salud Pública (ISP) fue reconocido como Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos de Referencia (ARNr) por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dos años más tarde, se realizó en Chile una reunión donde uno de los temas más importantes fue la bioequivalencia y el compromiso a implementarla en cada país de la región, dentro de un corto plazo. En la ocasión, asistieron agencias de alta vigilancia, provenientes desde México, Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Cuba, entre otros.

Pertenecer a las ARN es de suma importancia; exige mantener y elevar los estándares de calidad en todos los procesos, en relación con la regulación de productos farmacéuticos. Por esta razón resulta inconsecuente tener hoy en el Congreso un proyecto que no está obligando a la industria farmacéutica a desarrollar productos con equivalencia terapéutica probada.

La industria farmacéutica no puede seguir evadiendo la bioequivalencia con ese miedo latente a no invertir, pensando en que quizás no tendrá el retorno esperado. Entendemos que toda empresa es un negocio y acata las normas establecidas, pero en salud y fármacos no podemos conformarnos sólo con cumplir las buenas prácticas de fabricación (GMP´S) aprobadas. Es necesaria la elaboración y distribución de productos que hayan sido estudiados clínicamente. De aprobarse el proyecto como está, Chile jamás alcanzará el acceso completo a productos farmacéuticos bioequivalentes y a precios razonables para los pacientes.

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Alcances a la medición de la pobreza

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Según el Informe sobre la Pobreza en América Latina CEPAL 2018, en Chile ésta se ha reducido a 10,7%. Para muchos, la cifra hace pensar que «lo hecho para disminuirla funciona”, sin embargo, la realidad mostrada por la medida multidimensional aplicada recientemente, indica que un 20,7% de la población presenta algún tipo de privación, ya sea en salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, y entorno o cohesión social.


Esta alegre sensación se relaciona con el positivo efecto que las políticas antipobreza han tenido, particularmente la emergencia de programas sociales especializados, la aplicación de políticas de transferencias condicionadas y fuertes inversiones en el sector salud y educación.


Este modo de entender la pobreza ha estado fuertemente influenciada, también, por una relación simplista y lineal entre la “insuficiencia de ingresos y la escasez de oportunidades”.
Hoy en día, entender la pobreza de un modo específicamente monetario es ya insuficiente y por ello se ha optado por una medida multidimensional que agrega valor a la medición y que presta utilidad para la distribución y focalización de bienes y servicios sociales.


Ahora bien, no obstante los avances en la medición de la pobreza y a pesar de la reducción de sus índices por ingresos y la necesidad de una medida multidimensional, aún existe un núcleo duro que constituye un dilema para las formas de medición e intervención en Chile.


En este contexto, resolver los problemas de identificación y agregación de la multidimensionalidad de la pobreza requiere definir sus dimensiones, así como la especificación de los umbrales mínimos de su delimitación a través de un debate público inclusivo, antes que únicamente en el plano teórico o por parte de tecnócratas.


Esto invita, por ende, a la elaboración de un modelo de medición cuya fuente incorpore no solo los avances teórico-metodológicos ni únicamente las discusiones técnico-políticas, sino también los discursos, disposiciones y prácticas de los agentes que intervienen y ven de cerca a la pobreza, así como aquellos que la viven.

Ariel Rosales, Trabajador Social y académico, U. San Sebastián

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