A pocas semanas de que se vote en el Senado el proyecto de ley que reconoce a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, hay reflexiones pendientes. En el mensaje del proyecto se mencionan los dos grandes objetivos del mismo: un aspecto estrictamente reglamentario, que busca mejorar las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las mujeres víctimas de violencia, y “la generación de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombre y mujeres, y el fin de las relaciones de subordinación que estas padecen, que es la raíz de la violencia de género”.
El primer objetivo del proyecto de ley merece, sin duda, ser celebrado, pues propone medidas concretas para enfrentar el problema de la violencia que cotidianamente padecen mujeres de carne y hueso. El segundo objetivo, sin embargo, es problemático: se intenta cambiar la cultura mediante una ley en una dirección sobre cuya conveniencia no hay consenso y que puede terminar volviéndose en contra de esas mismas mujeres.

El proyecto hace referencia a “roles diferenciados asignados a hombres y mujeres”. Más allá de la pregunta por los roles, falta la pregunta por los modos de ser: ¿tienen modos de ser distintos el hombre y la mujer? Si hombres y mujeres somos iguales en todo sentido (y no sólo en dignidad humana, lo cual no está en cuestión), si no existe el ser femenino, si no existen las mujeres como algo diferente de los hombres ¿a quién defiende el feminismo? El feminismo se queda sin objeto y sin sujeto cuando el ser de la mujer se desdibuja y queda reducido a mero “rol asignado” (o a mero devenir histórico, o a mera autonomía, que son las otras dos posibilidades que se desprenden del proyecto).

Una segunda noción problemática es que no somos más que una “construcción social, cultural, histórica y económica”. En realidad, no existe una separación tajante entre lo que somos intrínsecamente y lo que hemos construido libremente: es mentirosa la dialéctica entre naturaleza y cultura. Para la filosofía política clásica –a diferencia de lo que a veces pretenden sus caricaturas– no existen las naturalezas humanas “sueltas”, desancladas, sino siempre encarnadas en seres humanos concretos, viviendo en épocas y culturas concretas. Así, no hay naturaleza que no se exprese en alguna manifestación cultural y no hay manifestación cultural sin algo anterior que manifestar.

Por la complejidad de los asuntos hasta aquí mencionados es que la discusión de una ley como esta, que contiene un lenguaje y una visión que no es neutral (ni podría serlo), debiese tratar los aspectos de fondo: filosóficos, antropológicos e históricos y no sólo los puramente técnicos, como ha sido la tónica de la deliberación parlamentaria hasta ahora.

Javiera Corvalán Azpiazu
Abogada, académica Facultad de Derecho
Universidad Finis Terrae

Marcelo Flores, gerente general Gedeon Richter Chile.

No cabe duda de que el proyecto “Ley de Fármacos II” siempre ha tenido buenas intenciones; sin embargo, es necesario revisar las formas que hoy se discuten en el Congreso para cumplir objetivos claves. La nueva propuesta legislativa no garantiza soluciones comerciales ni menos beneficios para los pacientes, quienes al final del día son los más perjudicados.

La idea original, Ley de Fármacos I, permitía el acceso a productos farmacéuticos de calidad, seguros y eficaces; es decir, con equivalencia terapéutica comprobada. En ese escenario, los laboratorios debían acreditar esta condición en sus productos –según el listado de principios activos definidos por el Ministerio de Salud- y las farmacias, la obligatoriedad de tenerlos a disposición del usuario final. Hoy, eso no se mantiene y la nueva conversación solicita sólo la inserción de la venta de medicamentos genéricos con Denominación Común Internacional (DCI) bajo receta médica.

En Chile aún existe un 45% de medicamentos a la venta que no han demostrado bioequivalencia. Esto en palabras simples, significa que la mitad de la población continúa comprando fármacos sin que nadie les garantice la calidad y eficacia de esos productos médicos. Entonces, ¿cómo mejoramos a los enfermos? ¿Qué pasa con los derechos de consumidor?.

Cabe recordar, además, que en el año 2016 el Instituto de Salud Pública (ISP) fue reconocido como Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos de Referencia (ARNr) por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dos años más tarde, se realizó en Chile una reunión donde uno de los temas más importantes fue la bioequivalencia y el compromiso a implementarla en cada país de la región, dentro de un corto plazo. En la ocasión, asistieron agencias de alta vigilancia, provenientes desde México, Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Cuba, entre otros.

Pertenecer a las ARN es de suma importancia; exige mantener y elevar los estándares de calidad en todos los procesos, en relación con la regulación de productos farmacéuticos. Por esta razón resulta inconsecuente tener hoy en el Congreso un proyecto que no está obligando a la industria farmacéutica a desarrollar productos con equivalencia terapéutica probada.

La industria farmacéutica no puede seguir evadiendo la bioequivalencia con ese miedo latente a no invertir, pensando en que quizás no tendrá el retorno esperado. Entendemos que toda empresa es un negocio y acata las normas establecidas, pero en salud y fármacos no podemos conformarnos sólo con cumplir las buenas prácticas de fabricación (GMP´S) aprobadas. Es necesaria la elaboración y distribución de productos que hayan sido estudiados clínicamente. De aprobarse el proyecto como está, Chile jamás alcanzará el acceso completo a productos farmacéuticos bioequivalentes y a precios razonables para los pacientes.

.

Según el Informe sobre la Pobreza en América Latina CEPAL 2018, en Chile ésta se ha reducido a 10,7%. Para muchos, la cifra hace pensar que «lo hecho para disminuirla funciona”, sin embargo, la realidad mostrada por la medida multidimensional aplicada recientemente, indica que un 20,7% de la población presenta algún tipo de privación, ya sea en salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, y entorno o cohesión social.

Esta alegre sensación se relaciona con el positivo efecto que las políticas antipobreza han tenido, particularmente la emergencia de programas sociales especializados, la aplicación de políticas de transferencias condicionadas y fuertes inversiones en el sector salud y educación.

Este modo de entender la pobreza ha estado fuertemente influenciada, también, por una relación simplista y lineal entre la “insuficiencia de ingresos y la escasez de oportunidades”.
Hoy en día, entender la pobreza de un modo específicamente monetario es ya insuficiente y por ello se ha optado por una medida multidimensional que agrega valor a la medición y que presta utilidad para la distribución y focalización de bienes y servicios sociales.

Ahora bien, no obstante los avances en la medición de la pobreza y a pesar de la reducción de sus índices por ingresos y la necesidad de una medida multidimensional, aún existe un núcleo duro que constituye un dilema para las formas de medición e intervención en Chile.

En este contexto, resolver los problemas de identificación y agregación de la multidimensionalidad de la pobreza requiere definir sus dimensiones, así como la especificación de los umbrales mínimos de su delimitación a través de un debate público inclusivo, antes que únicamente en el plano teórico o por parte de tecnócratas.

Esto invita, por ende, a la elaboración de un modelo de medición cuya fuente incorpore no solo los avances teórico-metodológicos ni únicamente las discusiones técnico-políticas, sino también los discursos, disposiciones y prácticas de los agentes que intervienen y ven de cerca a la pobreza, así como aquellos que la viven.

Ariel Rosales, Trabajador Social y académico, U. San Sebastián