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Alcances a la medición de la pobreza

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Según el Informe sobre la Pobreza en América Latina CEPAL 2018, en Chile ésta se ha reducido a 10,7%. Para muchos, la cifra hace pensar que «lo hecho para disminuirla funciona”, sin embargo, la realidad mostrada por la medida multidimensional aplicada recientemente, indica que un 20,7% de la población presenta algún tipo de privación, ya sea en salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, y entorno o cohesión social.


Esta alegre sensación se relaciona con el positivo efecto que las políticas antipobreza han tenido, particularmente la emergencia de programas sociales especializados, la aplicación de políticas de transferencias condicionadas y fuertes inversiones en el sector salud y educación.


Este modo de entender la pobreza ha estado fuertemente influenciada, también, por una relación simplista y lineal entre la “insuficiencia de ingresos y la escasez de oportunidades”.
Hoy en día, entender la pobreza de un modo específicamente monetario es ya insuficiente y por ello se ha optado por una medida multidimensional que agrega valor a la medición y que presta utilidad para la distribución y focalización de bienes y servicios sociales.


Ahora bien, no obstante los avances en la medición de la pobreza y a pesar de la reducción de sus índices por ingresos y la necesidad de una medida multidimensional, aún existe un núcleo duro que constituye un dilema para las formas de medición e intervención en Chile.


En este contexto, resolver los problemas de identificación y agregación de la multidimensionalidad de la pobreza requiere definir sus dimensiones, así como la especificación de los umbrales mínimos de su delimitación a través de un debate público inclusivo, antes que únicamente en el plano teórico o por parte de tecnócratas.


Esto invita, por ende, a la elaboración de un modelo de medición cuya fuente incorpore no solo los avances teórico-metodológicos ni únicamente las discusiones técnico-políticas, sino también los discursos, disposiciones y prácticas de los agentes que intervienen y ven de cerca a la pobreza, así como aquellos que la viven.

Ariel Rosales, Trabajador Social y académico, U. San Sebastián

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OPINION: Simios somos todos

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Convengamos en que el título de esta columna es provocativo. Pero si Usted se indigna y le hierve la sangre al leerlo, al considerar que el autor está relativizando las acciones de todo tipo de violentistas, cumple justamente con la premisa que está detrás del enunciado: la comunicación política, sobre todo en tiempos de crisis, es altamente emocional y se rige por comportamientos más instintivos que racionales. ¡Qué mejor ejemplo que el Chile de hoy para comprobarlo!.


Es que los seres humanos no dejamos de ser primates solo parcialmente racionales. Lo cierto es que vivimos en celo permanente durante más de 50 años y nuestro comportamiento se ve influido en forma constante por un variopinto cóctel de hormonas y reacciones químicas.


Ahora bien, efectivamente poseemos la razón y con ello el don de generar códigos como el lenguaje. Eso es lo que nos identifica y diferencia de otras especies. Pero esa virtud no siempre opera como tal. El biólogo Humberto Maturana sostiene que en muchos casos el lenguaje, las ideologías y las teorías se utilizan como subterfugios para justificar las emociones, incluso las peores. ¿Cómo se explican si no las guerras religiosas?.


La irracionalidad humana está por lo demás detrás de todo conflicto bélico, incluyendo las guerras civiles, una amenaza de la cual nuestro país no está liberado. El gran cantautor argentino, Facundo Cabral, ironizaba al respecto, señalando que “no me importa si alguien es negro, blanco o amarillo. Lo que me importa es que es un ser humano. Peor cosa no podría ser”.


Pero, también excepcionalmente, ha habido momentos en que se han impuesto visiones políticas y mensajes virtuosos, que han salvado a miles y miles de vidas humanas del exterminio. Liderazgos como los de Gandhi o Mandela son ejemplo de ello. Quizás, entonces, no todo esté perdido para esta humanidad y para este país, por mucho que nos sintamos en un callejón sin salida.


Jorge Gillies, académico de la Facultad de Humanidades y Tecnología de Comunicación social, UTEM

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OPINION: «Rechazar para reformar»

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El “Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución” suscrito por las fuerzas políticas democráticas fue un hito muy relevante en el curso de esta crisis social. A través de él se pretendió dar curso institucional al conflicto, aislando a los violentos y generando concesiones mutuas entre aquellos llamados a conducir políticamente el país.


Habiendo transcurrido varios días desde ese momento, solo nos queda concluir que la oposición no ha estado a la altura y no ha cumplido su palabra de buena fe. ¿Cómo se puede contribuir a reestablecer el orden público, si catorce días después de suscrito el acuerdo se acusa constitucionalmente al Presidente en ejercicio? ¿Cómo se argumenta que se está de buena fe, si la inmensa mayoría de la oposición votó a favor de esa acusación, manifiestamente infundada? ¿Se cumple con el acuerdo cuando se le ponen todas las trabas posibles a la legislación que busca endurecer las penas para los desordenes públicos, con pedida de disculpas por parte de los diputados del Frente Amplio entremedio? ¿Cómo interpretamos el que ayer Revolución Democrática se querelle por delitos de lesa humanidad contra varias autoridades, sabiendo que hasta el Informe de la Alta Comisionada de la ONU (es decir, Michelle Bachelet) rechazó el carácter de “sistemático” de las posibles violaciones a los derechos humanos? Cualquier análisis desapasionado nos lleva a la conclusión de que la izquierda chilena tiene una actitud vacilante y de doble estándar con el combate a la violencia.


Lo anterior es muy relevante pensando en el plebiscito del 26 de abril. ¿Cómo se asegura una razonada reflexión constitucional en ese cuadro? ¿Cómo se garantiza un clima de diálogo y un proceso electoral plebiscitario, cuando ni siquiera es factible desarrollar partidos de fútbol o pruebas de selección universitaria? Sabiendo que el Gobierno es minoría en la Cámara de Diputados y el Senado, ¿está colaborando la oposición? ¿O más bien se complace obstruyendo y complicando al Gobierno, sin darse cuenta del autogol que eso significa? Que la izquierda no se queje después: son cómplices activos de la sensación de desorden que se ha ido normalizando en el país.
Muchos votaremos rechazo porque creemos que no hay interés real de construir una “casa común”, sino más bien imponer un modelo de sociedad por la fuerza de la presión y el matonaje. Se busca la refundación de Chile, por una vía alternativa a las elecciones de autoridades (siempre esquivas para la izquierda extrema).Y junto con rechazar, presentaremos un proyecto de reforma constitucional, donde hagamos los cambios que permitan mejorar el Chile que se ha construido. No creemos que haya que botar a la basura los últimos 30 años. Hay que hacer correcciones, pero no demoler el edificio como quieren los sectores extremos. Eso es rechazar para reformar: una tercera vía moderada entre el inmovilismo de no hacer nada, y la revolución refundacional de la hoja en blanco.

Diego Schalper, Diputado Distrito 15.

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Femicidios en 2019: un desafío intersectorial

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En nuestra legislación, un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente, y se encuentra asociado a los delitos de parricidio.


El principal abordaje (y el más desarrollado) ha sido el jurídico, implicando un avance en el establecimiento de límites claros a los delitos. Sin embargo, la discusión acerca del fenómeno y su relación de continuidad con el resto de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en nuestra cultura, va más lento y requiere de otras acciones, ya no sólo jurídicas.


El femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. En 2019, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género registró 46 femicidios consumados en Chile y ya existe un caso concretado en lo que va de 2020. La cifra se encuentra en el promedio de los crímenes de esta naturaleza que se cuentan cada año, a excepción de 2016, año en que descienden los femicidios ejecutados, pero se elevan considerablemente las cifras de delitos frustrados.


La acción política de los gobiernos de Chile para detener y prevenir la violencia contra las mujeres ha prosperado, aunque de manera oscilante. Si bien se ha avanzado considerablemente en la desnormalización de fenómenos como el acoso callejero y otros tipos de violencia sexual, y existen dispositivos de prevención y abordaje de las violencias que se viven en las relaciones de pareja, el trabajo del Estado – sin embargo- sigue llegando tarde, sigue siendo parcial y sigue requiriendo mayor articulación intersectorial.


Las violencias abordadas de manera fragmentada y con organismos que no pueden dar abasto con los elevados niveles de vulneración de los derechos, se encuentran en la ruta de muchas mujeres hacia la muerte. El femicidio, como sabemos, es la crónica de una muerte anunciada.
Debemos avanzar hacia un abordaje institucional del femicidio, eficazmente preventivo de toda violencia hacia las mujeres, el cual requerirá anclarse en una política intersectorial orientada a la construcción de una cultura que haga posibles verdaderas relaciones de respeto mutuo entre las personas.

Mg. María Ester Buzzoni G.
Psicóloga Clínica y docente U. San Sebastián

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