Inocentes han sido encontrados por la justicia civil los 14 sacerdotes acusados en el caso llamado la “cofradía”.

Sacerdotes que vieron su honra enlodada y expuesta públicamente, por una denuncia no suficientemente corroborada y por dimes y diretes que resultaron ser falsos, por lo menos penalmente hablando.

Es que es imposible hablar de los 14 como un todo, ese fue el principal error cometido por el en ese entonces obispo de Rancagua Alejandro Goic al suspender de su ministerio a estos 14 sacerdotes mezclando denuncias económicas, con otras sexuales y actos que si bien no son delito podrían haber sido contrarios al orden sacerdotal. Cada caso es particular y único. Fue un tremendo error comunicacional de parte del ex obispo y de quienes lo asesoraban, manchando injustamente la honra de estos sacerdotes.

Así entre los 14 tenemos sacerdotes completamente inocentes de todo cargo espiritual o terreno. De quienes se dijeron directamente mentiras, y otros que, si bien no se les puede imputar delito civil alguno, en este largo y doloroso proceso dejaron su calidad de sacerdote por solicitud propia o por imposición romana.

Así el caso presentado por canal 13 como un grave caso de “asociación ilícita” penalmente hace rato que está completamente descartado. “La Cofradía” existía, pero no era más que un grupo de whatsapp en el cual ni siquiera estaban agregados todos los sacerdotes acusados. Si bien en este grupo de whatsapp había algún sacerdote homosexual, nunca hubo pedófilos, ni menos una estructura piramidal. Pudo haber existido alguna conducta contrarias al orden sacerdotal, pero ese es un problema de disciplina eclesial, no penal.

Ahora la Iglesia institución queda al debe, es necesario que haga variados gestos para reponer en algo la honra que tanto colaboro en manchar, no bastan actos en las respectivas comunidades eclesiales. Fueron lanzados a los leones con una alta exposición mediática nacional, la reparación y el reconocimiento del error debiese al menos tener la misma dimensión. Especialmente con aquellos sacerdotes que ni siquiera eran cuestionados por supuestos actos de connotación sexual, sino que se vieron injustamente mezclados en la lista leída por el obispo de la época.

Sin embargo, hay que dejar claro que esto no quiere decir que existan otros sacerdotes o religiosos que en otro contexto son culpables de graves delitos ni que no se deba investigar cada denuncia que se realice. El problema es que muchas veces juzgamos antes de conocer todos los antecedentes.

Por: Marcela Ragni V.
Dir. de Carreras Área Salud
CFT Santo Tomás Rancagua

Una sociedad capaz de asegurar la salud de su población tendrá un mejor nivel de desarrollo humano, tanto colectivo como individual. Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Salud Universal, que busca incentivar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad sin enfrentar dificultades financieras. Chile debe lograr tener un sistema de salud que garantice a toda la población una cobertura universal; hoy las familias aún enfrentan grandes deudas por enfermedades catastróficas, persiste la falta de especialistas en muchas áreas, listas de esperas, etc. Sólo quienes tienen la oportunidad de optar a un mejor servicio lo hacen, ¿pero el resto?.

Este año 2019 el enfoque de la conmemoración de este día está en la Atención Primaria; eje de los sistemas de salud para la Salud Universal y en el pacto 30.30.30, que busca acelerar la eliminación de barreras de acceso en un 30%, aumentar el gasto público en salud al menos 6% del producto interno bruto e invertir al menos el 30% de estos recursos en la Atención Primaria. Lamentablemente, el gasto público es bastante bajo lo que podría afectar el cumplimiento de estas metas.

En estos tiempos de cambio en Chile debe primar el compromiso político con el derecho de la salud y la cobertura universal. Primero, hay que reconocer que el derecho a la salud no está garantizado en la Constitución, sino solamente el derecho a elegir entre estar en sistema público o privado, y es lo que debe cambiar. Este derecho a la salud – y la forma cómo se operacionaliza desde la perspectiva de la respuesta social organizada en salud – es principalmente el derecho a la protección de la salud. La cobertura universal debe lograr conectar la demanda con la oferta de servicios (promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento), donde cada persona tenga la posibilidad de hacer uso de estos servicios cuando lo requiere. Eso es la expresión de la cobertura universal; ahí estará el acceso efectivo. Así, a la oferta y la demanda de servicios, sumamos la disponibilidad de recursos y una prestación adecuada y de calidad.

El énfasis también debe estar orientado a los modelos de atención centrado en personas, organizado en redes integradas basadas en atención primaria, con retroalimentación permanente a la red de salud asistencial y recursos humanos preparados y motivados. Este último punto es el que ha salido con bastante frecuencia en las conversaciones ciudadanas que se están realizando durante estos días. Esta atención del recurso humano en todos sus ámbitos es mirada con insatisfacción por la comunidad y como una gran falencia en cuanto a la calidad humana; se ven personas que otorgan atención en salud carentes de corazón y una actitud adecuada ante esa persona enferma.

Consolidar el acceso efectivo va a depender de cómo las instituciones logran operacionalizar o establecer los mecanismos que permitan consolidar el acceso universal al financiamiento y transformarlos en el acceso efectivo a servicios de salud, entendiendo que una persona que presenta una condición de salud y que identifique necesidad de atención pueda acudir sin restricciones económicas, geográficas o de oportunidad a un servicio de salud con capacidad resolutiva.
La tarea no será fácil, pero partamos hoy por algo que no nos cuesta nada y será nuestro compromiso como formadores de personal de salud: apostaremos a la calidad humana, tener principios sólidos, tener valores como la generosidad, la lealtad, la alegría, el optimismo y sobre todo saber dar a los demás – ya sea tiempo sin esperar recompensa o paga alguna – tolerar a los otros en sus creencias, no juzgar sin haber estado en los zapatos del otro. Coloquemos corazón y actitud a la aptitud.

Una de las demandas sociales que se han visualizado en los últimos cincuenta días, es la falta de justicia en la aplicación de penas efectivas a la hora de condenar a altos ejecutivos por comisión de grotescos delitos económicos. En el orden de preferencia de las reivindicaciones exigidas por la ciudadanía, figuraba en la posición número tres «Cárcel efectiva para delitos de colusión», en la número cinco de esta priorización se señalaba «cárcel efectiva para delitos de soborno y cohecho» y en la número trece «cárcel efectiva para delitos tributarios», apareciendo recién en el número veinte el aumento del sueldo mínimo.

Solo basta con rememorar casos como La Polar, Penta, SQM o más recientemente las colusiones de «confort», farmacias y precios en los pollos frescos, para entender que delitos de millones de pesos no pueden ser simplemente reparados -a los ojos de la ciudadanía- con clases de ética en una Universidad.

Ante esto, el Gobierno anunció una agenda contra abusos y delitos económicos al inicio de esta semana, pero, al igual que otras demandas sociales, tardará un tiempo en tomar forma.

En nuestro país, ya existe una normativa penal con altas penas para gerentes y directores, que bien podría ser reforzada, considerando que el marco regulatorio está avanzado, con causas en desarrollo pero aún sin sentencias ejemplificadoras por parte de los tribunales de justicia.

Esta ley data de hace 10 años. Con fecha 02 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Con esta norma, Chile cumplía con uno de los requisitos para su ingreso a la OCDE.

Hoy esta ley cuenta con un catálogo de doce delitos, entre ellos cohecho, administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre privados y negociación incompatible.

Casos recientes como el conflicto de interés de Nelson Pizarro, ex- presidente de Codelco por la adjudicación de un millonario contrato en la División Salvador a un ex-socio de su hijo; la formalización de Gerardo Varela, ex-ministro de Educación, en su rol de Presidente del Directorio de Soprole como imputado por administración desleal; la querella de Eduardo Frei contra su propio hermano por apropiación indebida y administración desleal, o la formalización de ejecutivos de ENAP por contaminación de aguas, dan cuenta de la vigencia de esta ley, por pocos conocida y por escasas empresas correctamente aplicada a través de modelos de prevención de delitos.

La máxima administración de la empresa (sin distinción de tamaño), que históricamente estaba protegida de las consecuencias de actuaciones irresponsables de gerentes y directores, cambia radicalmente con esta legislación que impone un deber de dirección y supervisión superior y que es totalitaria en cuanto a su aplicación. El establecimiento de un sistema de prevención de delitos al interior de las empresas debe ser una norma incorporada a reglamentos internos, contratos de trabajo y contratos comerciales, para todos los trabajadores de la empresa, máximos ejecutivos, contratistas y proveedores.

La obligatoriedad de esta norma es alarmantemente desconocida y disminuida, considerando los posibles efectos penales para aquellos socios, directores y gerentes que, por su posición dentro de la organización, pueden comprometer penalmente a la empresa -y comprometerse individualmente- a través de sus actos y decisiones.

Tal vez el descontento social no sería tal, si nuestros Tribunales de Justicia emplearan de manera rigurosa esta normativa legal, aplicando las penas altas y efectivas ante la presencia de los denominados delitos de cuello y corbata.

El Gobierno ahorraría bastante tiempo si esta ley fuera fortalecida en sus penas, aumentando el catálogo de delitos (varios en tramitación como accidentes del trabajo, abuso sexual de menores, actos de discriminación y otros delitos ambientales), y con una apropiada difusión.

Isabel Avilés & Mariangela Pontigo
Abogados
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