El titular de Desarrollo Social y Familia, cartera que coordinó el proceso llevado a cabo entre el 22 de mayo y el 11 de julio, se refirió al rechazo que generó la etapa de participación, respecto a los cambios a realizar a la ley que protege a los pueblos originarios. La principal crítica de estos últimos es que el Gobierno pretende legalizar la venta de tierras ancestrales a privados o eventualmente posibilitar su arriendo por más de dos décadas.
Marcela Catalán
El nuevo ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez, visitó la región para participar en una serie de actividades. Entre éstas, se reunió con el intendente Juan Manuel Masferrer y con funcionarios locales de su cartera. Luego estuvo con Margarita Mancilla, beneficiaria rancagüina del Programa (sectorial) de Habitabilidad. Lo anterior, pues en el marco de dicha directriz se realizaron diferentes arreglos a su vivienda, en pro de brindarle una mejor calidad de vida.
Más tarde el secretario de Estado se trasladó a San Fernando, para encabezar la inauguración de la Residencia para Personas en Situación de Calle. Se trata de un componente del Programa Noche Digna, con el fin de que los ciudadanos en estas condiciones puedan superar dicha problemática y reinsertarse mejor en la sociedad. Es la segunda implementación de este tipo en O’Higgins. Antes abrió una en la capital regional.
Entre todas estas actividades, el ministro conversó con Diario El Rancagüino. En la ocasión destacó que ésta es su segunda salida fuera de la metrópolis, en el contexto de su reciente arribo al cargo más importante de su cartera.
Respecto a su reunión con una beneficiaria del Programa de Habitabilidad, la autoridad resaltó que “busca mejorar el entorno” donde vive la persona favorecida, por lo que arreglan las condiciones sanitarias de la edificación y también su distribución. A la ayuda pueden acceder “quienes están en el Programa Seguridad y Oportunidades”, los 500 mil chilenos más pobres. El catastro es efectuado por los municipios. En la región, 134 familias han podido recibir esta asistencia.
Sichel adelanta que pronto anunciarán “nuevas prestaciones” a incorporar en el programa. “Estamos pensando en entregar incentivos para el término de los años de escolaridad, fortalecer el financiamiento para mujeres jefas de hogar y mejorar el control preventivo de adultos mayores en salud, incentivándolos incluso con transferencias directas de dinero. Nos encontramos viendo cómo diseñar este modelo”, agrega.
Respecto a la residencia inaugurada en San Fernando, el ministro afirmó que en Chile hay 14 mil personas en situación de calle. La construcción tiene una capacidad para acoger a 15 beneficiarios y ya cuenta con 12 pernoctando allí. La iniciativa opera bajo la ejecución de Hogar de Cristo, apuntando a “gente que duerme todos los días” en espacios públicos. En la región, alrededor de 380 ciudadanos se hallarían bajo estas condiciones. “Estos hogares buscan ser centros de refugio, para que pasen noches más dignas y tengan una morada transitoria, mientras logramos sacarlos de estas circunstancias”, explicó. En sus palabras, muchas veces dicho estado obedece a problemas de salud mental, dependencia de drogas y/o alcohol, o a la pérdida de vínculos con parientes.
Por ello, argumentó que resolver el fenómeno implica “un trabajo sistemático mediante la construcción de albergues, para que las personas se adapten a nuevas disposiciones de habitabilidad”. Agregó que también se requiere “una salida final, lo cual estamos abordando con algunos pilotos que esperamos aplicar en regiones, a través de casas compartidas. La idea es que les permitan integrarse, a través de una vivienda”.
El ministro comentó que estas residencias además sirven para acoger a quienes continúan en las calles cuando hay temperaturas bajas muy extremas. Aquello ocurre en el contexto del Código Azul. Respecto a cómo ha funcionado este último en la zona, desde la cartera indican que ha operado en Rancagua, Graneros y Rengo. Es así como han atendido, en promedio por comuna, a 30 personas en la primera ciudad y a 20 en los otros dos lugares. A ellos se suma el abrigo que han otorgado en refugios a otras otras 70 personas, también en Rancagua, Rengo y San Fernando. En su mayoría, han sido varones.
Igualmente han debido prestar asistencia a dos familias venezolanas. Una de éstas pasó por dicha circunstancia la semana pasada, tras llegar recién a la capital regional. “Hoy se encuentran de manera provisional en un departamento del Ministerio de la Vivienda, mientras se instalan”, complementó la seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro.
Sobre las medidas que le interesa impulsar en esta segunda etapa del gobierno del Presidente Piñera, Sichel resalta que desea “aumentar la cantidad de prestaciones” en material del Programa Seguridad y Oportunidades. Además hace hincapié en que deben mejorar el acceso de la clase media a las ayudas estatales. “Sentimos que hay una gran oferta para ella, pero que la desconoce”. En ese sentido destacó el rol que cumplirá la web clasemediaprotegida.gob.cl, en pro de concentrar en una sola plataforma las garantías gubernamentales disponibles, ayudando a difundir las de otras carteras.
En materia de vejez, mencionó que “más del 75% de los adultos mayores son autovalentes”. “Por lo tanto, los Programa Adulto Mejor y el de Ciudades Amigables deben acelerar su implementación, porque el 75% de esa población se encuentra activa y será protagonista del futuro”.
INFANCIA Y SENAME
Respecto al Acuerdo Nacional por la Infancia, subrayó que considera cerca de 100 medidas. El titular destacó que la mesa respectiva es integrada por parlamentarios no oficialistas, como Gabriel Boric (FA), Patricio Walker (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD), además de María José Hoffmann (UDI) y Felipe Kast (Evópoli).
“La primera fase de la instancia fue suscribir los compromisos. Ahora viene el monitoreo del cumplimiento. La meta era que se incorporara toda la institucionalidad pública y poner a la infancia como prioridad”, manifestó.
En cuanto a la creación del Servicio de Protección de la Niñez, recordó que el proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional. “Estamos dándolo todo, con el fin de acelerar su aprobación, poniéndole todas las urgencias necesarias. El lunes (15 de julio pasado), se presentan las indicaciones. Nuestro desafío es sacarlo antes de los próximos tres meses”.
En relación a las palabras del ex titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, quien aseguró que la fiscalización sería fundamental en el contexto de la nueva entidad, Sichel argumentó que lo más importante es que “por primera vez se separa a los niños (que vienen) del proceso delictivo, de aquellos que necesitan ser cuidados por la ausencia de parientes o por sufrir carencias sociales. Se debe garantizar que ambos mundos no se crucen, además de que la institución cumpla bien los estándares exigidos”.
Agrega que el sistema integrará en el proceso de resguardo a familias de acogida. “Hay muchas que están disponibles para recibir a pequeños que lo requieren, o que perdieron vínculos”. A su juicio, estos núcleos podrían actuar “mucho mejor”, respecto a lugares donde los pequeños “son atendidos por muchas personas. Añade que igualmente podrían recibir un pago de parte del Estado. “Éste debe fortalecer el trabajo con esos grupos. Lo público no siempre lo hace el Gobierno, sino que lo hacemos todos para mejorar el bien común”.
En relación al cese de funcionamiento de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), respondió que en 2019 el Sename ha puesto candado a cinco. “Son los que han sufrido más crisis dentro del sistema. Nuestro compromiso es cerrarlos, porque el Estado no siempre tiene la especialidad para operarlos. Hay organizaciones de la sociedad civil que son expertas, las cuales llevan años en esto, siendo bastante más eficientes”.
CONSULTA INDÍGENA
Entre el 22 de mayo y el 11 de julio se realizó la fase de participación de la Consulta Indígena, proceso coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual se enmarca en la implementación del Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz de La Araucanía, impulsado por el Presidente Piñera. Sin embargo, al proponer modificar una ley que afectaría a todos los pueblos originarios, el Gobierno se vio en la obligación de convocar a todos estos a opinar sobre el tema. Lo anterior, según exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Chile lo ratificó en 2008, por lo que en la nación entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009.
La consulta generó crispación en diferentes lugares. En la Araucanía, ante el rechazo por parte de comunidades, Sichel debió suspenderla de modo momentáneo. Once fueron los puntos propuestos, pero uno generó más crispación: la posibilidad de legalizar la venta de tierras ancestrales a privados, o de arrendarlas por un periodo que podría superar las dos décadas. En O’Higgins también hubo descontento: en una reunión para abordar el tema con las autoridades, la mitad de los representantes de etnias habría abandonado el encuentro.
Según argumentan, la medida no cumple con los estándares del instrumento de la OIT. Enfatizan en que el proceso nunca fue solicitado por los pueblos originarios y que no desean que Ley Indígena sea modificada. “Es una de las pocas herramientas que tiene el Estado de Chile para proteger y salvaguardar los territorios que aún nos quedan”, declaró el lonco Marco Catricura.
Al respecto, Sichel respondió que hacer cambios a la normativa implica “una oportunidad de desarrollo” para estas comunidades. “Realizar esta consulta es un deber gubernamental y un derecho” de las etnias. “Seguimos adelante con este proceso de información. Ahora estudiaremos qué recibimos, para ver si las once propuestas fueron bien o mal evaluadas”.
“Eran 131 consultas las que se debían hacer en el país. En más del 60% de los casos se efectuaron. O sea, todas se realizaron, (pero) en algunas partes se permitió su desarrollo y en otras no, a pesar de que convocamos”. Agregó que el objetivo es “avanzar hacia tierras indígenas que los mismos pueblos puedan hacer productivas, entregándoles ventajas en el mediano plazo”.
De acuerdo con el Convenio 169, en 2018 el Presidente Piñera debía analizar si renovaba su aplicación en el país a partir de septiembre de 2019. Medios nacionales han indicado que el Mandatario no estaría a favor de extenderlo.
Acerca de esto último, la autoridad señala que el instrumento “está vigente en Chile. Nosotros sentimos que es un deber para el Estado y un derecho para los indígenas. No sólo lo cumpliremos, sino que es una herramienta para incorporarlos en los procesos legislativos, considerando su opinión. Por lo mismo hemos sido tan firmes en cuanto a realizar la consulta. La hemos implementado, incluso cuando ciertos grupos violentistas han negado la participación a otros. Hay muchos que hablan a nombre de terceros, manifiestan ‘lo que quieren estos pueblos, lo que les gustaría’. Pero cuando se efectúa esto, lo impiden. Con la excusa de que no están de acuerdo con sus contenidos, han intentado dañar el proceso. Como Gobierno, no lo toleramos”, remata.
